El Parlamento vasco condena el proceso judicial contra uno de sus miembros

La Mesa del Parlamento vasco ha condenado, por unanimidad, el proceso dictado por la Audiencia Nacional contra el diputado de Euskadiko Ezkerra, Javier Olaberri, al que se le acusa de haber mantenido supuestas relaciones con ETA político-militar. El presidente de la Cámara autónoma, Juan José Pujana, expondrá al Tribunal Constitucional este caso, que, a su juicio, supone un atentado contra la inmunidad parlamentaria.El ingeniero industrial y representante de EE en el Parlamento vasco, Javier Olaberri, fue detenido el pasado 20 de febrero de 1982 en su domicilio de San Sebastián por miembros de la Guardia Civil adscritos al Mando Unico para la Lucha Contraterrorista (MULC). El diputado, aunque se negó en un principio a salir de su domicilio, después de leerles a los agentes el artículo 27 del estatuto de autonomía, referente a la inmunidad parlamentaria, fue conducido a la comisaría donostiarra, donde permaneció seis horas incomunicado.

En el interrogatorio, Javier Olaberri, al que se le acusaba de pertenecer a un comando de ETApm desde 1974 hasta enero de 1978, se negó a responder a las preguntas relacionadas con hechos que se le imputaban, con anterioridad a la promulgación de la ley de Amnistía de 1977. Al parecer, la acusación contra Javier Olaberri por supuestas relaciones con los polis-milis se basaba en interrogatorios realizados anteriormente a supuestos miembros de la mencionada organización, que habían sido detenidos en San Sebastián.

Los grupos parlamentarios de la cámara autónoma han coincidido en calificar de muy grave el procesamiento contra Javier Olaberri, por entender que no respeta el fuero de los parlamentarios y que es consecuencia de una detención que, en su día, fue considera ilegal por los representantes de la Cámara vasca.

Según el estatuto de autonomía, los parlamentarios vascos sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de la comunidad autónoma, pendiente todavía de su configuración. Una sentencia del Tribunal Constitucional anuló la necesidad del suplicatorio para procesar a los parlamentarios vascos, por lo que los tribunales no precisan la autorización de la Cámara autónoma.