El partido comunista pregunta al Gobierno por la presencia del 'equipo Boada' al frente de las empresas públicas

El diputado del Partido Comunista de España (PCE), Fernando Pérez Royo ha dirigido al Congreso una pregunta, una proposición no de ley y una petición de información para el Gobierno, sobre su política de la empresa pública. En ellas se interpela al Gabinete sobre la presencia de Claudio Boada, Enrique Moya, José María Amusátegui y Carlos Espinosa de los Monteros en empresas o holding estatales, y el por qué de la falta de proyecto legislativo alguno sobre el Estatuto de la empresa pública.Pérez Royo afirma en su pregunta que "resulta evidente que una política económica de signo progresista tiene que imprimirle un profundo giro a la gestión que se hizo en la empresa pública durante el franquismo y durante el mandato de UCD". Para el comunista, un ejemplo de esta política fue el relacionado con la empresa Intelhorce vendida por el Instituto Nacional de Industria (INI) a bajo precio al sector privado, y la persona directamente relacionada con esta operación fue Boada, actual presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH). "Las personas que presidieron la calamitosa gestión de la empresa pública han sido designados por el Gobierno para hacerse cargo en este momento de puestos decisivos en el sector".

Pérez Royo pregunta las razones para designar altos cargos en las empresas públicas a quienes en una gestión anterior en el mismo sitio han seguido filosofías "radicalmente contrarias" a las difundidas por el Gobierno. Y, más concretamente, si la labor de Claudio Boada en Intelhorce se ha ajustado a los criterios que el PSOE ha difundido sobre la empresa pública. Por último, el diputado comunista se interroga sobre si la política que se llevará en el sector público es la que representan los empresarios citados o la anunciada por los socialistas.

El diputado comunista afirma en sus escritos al Congreso que "muchas de las aspiraciones que hoy existen en el sector público se hubieran resuelto si se dispusiera de un Estatuto de la Empresa Pública". Así, acusa a los Gobiernos de UCD de hacer imposible su elaboración y aprobación de la correspondiente ley, y se sorprende de que en el calendario legislativo del actual Gobierno tampoco se prevea la remisión de una ley de Estatuto de la Empresa Pública. Pérez Royo insta al Gabinete a que en dos meses se remita al Congreso un proyecto sobre esta cuestión que incluya "temas tales como el concepto y ámbito de la empresa pública, el régimen de adquisición y enajenación de activos, los objetivos de las empresas públicas, criterios que han de regir su actuación, control interno y externo, técnico y político, participación de la iniciativa privada y con capital extranjero y multinacional, participación de los trabajadores en su gestión, incompatibilidades, política de nombramientos, etcétera".