Presentadas las enmiendas de los Grupos Popular y Socialista al proyecto de ley de elecciones locales

Los dos grupos parlamentarios mayoritarios en el Senado, el Socialista y el Popular, presentaron anoche, a treinta minutos escasos de que finalizara el plazo de admisión, dos enmiendas al proyecto de ley de elecciones locales en las que se solicita la supresión del artículo 11.7. Con esta medida, que será aprobada en el pleno de la Cámara Alta del próximo día 22, los partidos políticos han armonizado la citada ley con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ampara el derecho de Miguel Angel Bellido del Pino, un ex alcalde del Ayuntamiento de Andújar, a no ser desposeído de su cargo municipal por voluntad del partido.

La mencionada sentencia del Tribunal Constitucional entendía que el artículo 11.7 de la ley de elecciones locales, cuyo texto permite a las direcciones de los partidos desposeeir de su condición de concejales a los militantes expulsados, entraba en abierta contradicción con el artículo 23 de la Constitución, donde se reconoce a los ciudadanos su derecho de "acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalan las leyes". La sentencia consideraba que ni los concejales tienen los mismos derechos que los parlamentarios -a los que no se puede privar de su condición de diputado o senador aunque sean expulsados de los partidos-, ni los electores veían fielmente reflejados sus deseos.El conflicto surgido en el Ayuntamiento de Madrid, primero con la expulsión del socialista Alonso Puerta y después con la misma medida aplicada a cinco concejales comunistas, puso en evidencia esta circunstancia: a los concejales comunistas se les destituyó del cargo municipal no en razón a su ineficacia en el desempeño de su labor, sino como castigo por haber contestado el intento de Santiago Carrillo de impedir una acto público conjunto del Partido Comunista de Euskadi y Euskadiko Ezquerra.

El Tribunal Constitucional, al decidir que Miguel Angel Bellido debía ser repuesto en su cargo como concejal del Ayuntamiento de Andújar, a pesar de haber sido expulsado por el PSOE, ha sentado precedente, y como tal lo reconocieron el pasado domingo los principales líderes de los partidos políticos.

En las direcciones de los partidos se ha elogiado, y por supuesto se ha respetado, el fallo del más alto organismo interpretátivo de la Constitución, hasta el punto de aprovechar el paso del proyecto de ley de reforma de elecciones locales por el Senado para armonizarla con los criterios del Tribunal.

Sin embargo, la sentencia ha causado un notable malestar en los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, y algunos de los dirigentes más representativos lo han comentado en privado. Lo que parece haber molestado más a los partidos es que se les impide controlar a los concejales y, en cierta manera, les deja indefensos frente a sus actuaciones.

Concejales con 'patente de corso'

Esta ha sido la razón que explica que las enmiendas hayan sido presentadas sólo media hora antes de expirar el plazo de admisión: durante toda la jornada de ayer los expertos jurídicos de los partidos mayoritarios estuvieron estudiando la sentencia para ver si podía hallarse algún medio legal para protegerse de ella. Al final, y no sin cierto pesar confesado por parte de alguno de ellos, hubieron de admitir que no ofrecía dudas: debía acatarse y asumir sus consecuencias.

Esto último es precisamente lo que más temen. En palabras de un portavoz comunista, la sentencia concede "patente de corso" a los concejales: durante cuatro años pueden hacer lo que érean o quieran, sin la amenaza de ser expulsados y desposeídos del cargo. En medios socialistas se exageraban las consecuencias de la sentencia para explicar gráficamente su malestar: "Si un concejal se va de vacaciones al Caribe, en buena compañía, y decide no volver, ¿qué puede hacer en su contra el partido?. Nada". Y, en ejemplos menos festivos, se recordaba el caso no infrecuente de indisciplina a la política del partido o la fuga a otra formación política distinta de la que concurrió a elecciones.

Este menor control de los partidos sobre sus concejales repercutirá, según una fuente comunista, muy negativamente en la composición de las candidaturas de los proximos comicios municipales. "Desgraciadamente", fueron sus palabras, "a la hora de elegir a los candidatos va a primar el citerio de lealtad sobre el criterio de eficacia, porque las direcciones de los partidos no van a exponerse a que se les plante un concejal". Sin admitir extremos tan contundentes, los representantes de los partidos consultados ayer coincidieron en señalar que la sentencia puede originar multitud de conflictos en las corporaciones locales.

Situación en el Ayuntamiento de Valencia

Según informa desde Valencia Manuel Muñoz, el ex alcalde socialista de Valencia, Fernando Martínez Castellano, que cesó como tal al ser expulsado del PSOE, ha anunciado que no descarta la posibilidad de volver al Ayuntamiento como concejal en virtud de lo establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el ex alcalde de la localidad de Andújar. Martínez Castellano está pendiente de tener el suficiente asesoramiento jurídico para proceder en su caso. Quizás el asunto de Martínez Castellano fue el más llamativo en cuanto a las destituciones de concejales mediante expulsión del partido, por ser precisamente el alcalde de una ciudad como Valencia y haberse producido la expulsión pocos meses después de las elecciones municipales. Pero en el País Valenciano y concretamente en la provincia de Valencia hay otros muchos casos importantes, como la reciente expulsión del PSOE de los alcaldes de Massanassa y Picassent, Francesc Soria y Julián Crespo, respectivamente, próximos al ex presidente autonómico José Luís Albiñana, después de ser cesados como diputados provinciales.

Martínez Castellano fue elegido concejal socialista por Valencia como primero de lista y luego alcalde con los votos de su partido y el PCE en abril de 1979. El siguiente mes de septiembre era expulsado del PSOE y obligado a dimitir. Las razones que se esgrimieron para su expulsión fueron de carácter económico, pues se habló de graves irregularidades en las cuentas de la campaña electoral, de cuya administraci án económica se ocupó el ex alcalde.

Martínez Castellano negó las acusaciones y aseguró que había motivos políticos para su expulsión. Al parecer, la ejecutiva del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), que presidía Joan Lerma, era más favorable al entonces concejal Ricard Pérez Casado, que fue propuesto y elegido alcalde.

Finalmente, según informa Anna Galcerán, el Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) presentará hasta veintitrés recursos ante las juntas electorales de otras tantas poblaciones catalanas para que sean restituidos en sus puestos los casi cuarenta concejales, entre los que se hallaban tres alcaldes, que fueron destituidos de los ayuntamientos, a raíz de la escisión del PSUC en la primavera de 1982, según informó ayer el responsable de política municipal del PCC, José Campos, ex alcalde de Montcada i Reixac.