La legislación británica es una de las más abiertas de Europa occidental

La legislación británica sobre el aborto es una de las más abiertas de Europa occidental, y ha convertido a Londres en el lugar de peregrinaje de todas aquellas otras mujeres europeas que no pueden interrumpir legalmente su embarazo en su país de origen o que se ven sometidas a normas más estrictas. Según las estadísticas oficiales, 16.433 españolas abortaron en la capital británica en 1979, y en 1982 pueden haber sido más de 22.000.

La ley inglesa data de julio de 1967 y lleva el nombre de su principal impulsor, el diputado liberal David Steel. Fue aprobada en la Cámara de los Comunes por 167 votos contra 83 y promulgada por el Gobierno laborista de Harold Wilson en abril de 1968. Desde entonces y hasta ahora se han practicado más de 1.200.000 interrupciones voluntarias de embarazos. El Partido Conservador, actualmente en el poder, no ha intentado la derogación de la ley, sino su endurecimiento, y ha fracasado en todos sus intentos, que han sido siete. Hasta la Cámara de los Lores, una de las instituciones más conservadoras del Reino Unido, se ha mostrado partidaria de mantener la ley.Los antecedentes remotos de la ley Steel hay que buscarlos en 1936, cuando un tribunal absolvió a un ginecólogo de prácticas abortivas. El caso de Alec Bourne provocó una enorme polémica, porque el médico anunció públicamente que iba a practicar un aborto a una joven que había sido violada. La sentencia del juez MacNaghten absolvió al acusado y sentó un valioso precedente al afirmar que el aborto había sido lícito porque, "presumiblemente, la continuación del embarazo haría peligrar la salud física y mental de la madre". Acogiéndose a esta sentencia, algunos médicos continuaron practicando abortos, pero la mayoría de las veces se efectuaban de forma ilegal.

Según los estudios realizados, antes de la aprobación de la ley Steel interrumpían cada año su embarazo de forma clandestina más de 30.000 mujeres británicas (además de las 20.000 que lo efectuaban con mayor o menor legalidad). Las condiciones sanitarias deficientes en las que se efectuaban los abortos ilegales provocaban 2.500 ingresos hospitalarios al año y veinte muertes. Desde que se aprobó la ley no se ha registrado ninguna muerte por aborto clandestino (el índice de fallecimientos por aborto legal es inferior al índice de fallecimientos por parto), y han disminuido radicalmente los casos de infanticidio: veinte en 1967 y cinco en 1970. Efecto curioso: también han disminuido radicalmente los casamientos entre parejas muy jóvenes provocados por el embarazo de la muchacha.

Para hacer frente a los casos de aborto clandestino, uno de los más destacados representantes del Partido Liberal británico, David Steel, preparó, de acuerdo con la mayoría laborista del Parlamento, una ley que autorizaba la interrupción del embarazo siempre que se diera uno de estos tres supuestos: a) cuando la continuación del embarazo implica un riesgo para la salud física o mental de la madre, o para cualquiera de sus hijos anteriores, superior al riesgo del aborto; b) cuando existe un peligro sustancial de que el niño nazca con graves deficiencias físicas o mentales; c) en determinados casos se tendrá en cuenta el ambiente social, actual o previsible, de la madre.

Regulación vaga

La polémica más importante la provocó, no el hecho de que se legalizara el aborto -aunque en el Reino Unido existen numerosas Gobierno, que pretende despenalizar el aborto sólo en tres casos, deja en la actual situación de ilegalidad a miles y miles de mujeres que abortan y seguirán abortando clandestinamente, aquí o en el extranjero. Dicho proyecto es muy restrictivo e insuficiente, ya que, entre otras cosas, sigue considerando el aborto como un delito y no como un derecho de las mujeres, excepto en asociaciones contrarias al mismo-, sino la redacción de los artículos. Sus detractores afirmaban que las cláusulas eran tan vagas que equivalían prácticamente a la legalización del aborto con la simple petición de la interesada. En cualquier caso, los intentos de endurecer la redacción han fracasado, y actualmente los únicos requisitos necesarios son un certificado médico afirmando que existe una de las tres condiciones (la especialidad del médico es irrelevante, es decir, no tiene por qué ser necesariamente ni ginecólogo ni psiquatra) y que la interesada no haya superado las veintiocho semanas de embarazo. En cuanto a la edad, no se exige autorización paterna si se tiene más de dieciséis años, y en el caso de menores de esta edad la Asociación Británica de Médicos estima que deontológicamente el médico debe tener más en consideración el interés de su paciente que la autorización exigida por ley.Aunque la ley Steel no habla de la intervención económica del Estado, la Seguridad Social práctica actualmente casi la mitad de los abortos. La otra mitad se efectúan en clínicas privadas, y ello se debe, al parecer, a la lentitud con que funciona la burocracia estatal y al mejor trato que reciben las pacientes en centros privados especializados. Aunque no existen estadísticas, la interrupción del embarazo constituye una buena fuente de ingresos para la medicina priva a británica, pese a que organizaciones no lucrativas empezaron en 1972 a organizar ellas también centros de interrupción del embarazo, cuya dirección figura en las páginas amarillas de las guías telefónicas, con tarifas menos elevadas.

El gran negocio siguen constituyéndolo las mujeres de otras nacionalidades. Para abortar en Londres, el único requisito que se exige a una extranjera es haber pernoctado un día antes en el Reino Unido y permanecer otro da ingresada en el hospital. En 1978 abortaron en Gran Bretaña 30.288 no residentes, de las cuales 14.082 eran españolas. Las irlandesas (país en el que no está autorizado el aborto) y las francesas (debido a la reglamentación más restrictiva de su ley) las seguían en número, pero muy de lejos: 2.553 y 3.313, respectivamente. Un año después, el número de españolas había aumentado hasta 16.A33, mientras que las francesas disminuían y las irlandesas aumentaban más moderadamente (2.767). Según estimaciones no oficiales, en el primer trimestre de 1982 pueden haber abortado en Londres más de 4.000 mujeres españolas.