29 personas, la mayoría empresarios, han sido ya encarceladas en Barcelona por el fraude a la Seguridad Social

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona y el Juzgado de Guardia decretaron ayer un total de dieciocho nuevas órdenes de ingreso en la prisión Modelo para empresarios y directivos de empresas presuntamente relacionados con el fraude a la Seguridad Social. Con ellos son ya veintinueve las personas que se encuentran en la sexta galería de¡ centro penitenciario, acusadas de estar implicadas en los hechos, mientras que otras. seis se hallan en libertad provisional -tres bajo fianza y tres sin fianza-, una en prisión atenuada y cinco más -tres de ellas de particular protagonismo en el fraude- optaron por situarse en ignorado paradero.

El alcance de las detenciones, que afectan en algunos casos a conocidos gerentes y directivos de empresa, así como a gestorías de importante facturación y a funcionarios, ha despertado gran expectación en medios administrativos, del empresariado y de los sindicatos catalanes.En la mañana de ayer ingresaron los empresarios en el centro penitenciario, al que fueron conducidos desde el juzgado en un furgón de la Guardia Civil, después de que trece de ellos prestaran declaración ante el juzgado que instruyen las diligencias relativas al fraude. Su titular, Javier de Béjar, había citado a prestar declaración a dieciocho personas a quienes había puesto previamente en libertad el pasado viernes sin sujeción a fianza el juzgado que se hallaba en turno de guardia. Entre estos últimos, se encontraban tres abogados de los antiguos sindicatos verticales destinados en la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT) durante la época en que se produjo la defraudación.

Tras prestar declaración durante la mañana de ayer, el juez dispuso que quedaran en libertad provisional, bajo fianzas que oscilan entre 50.000 y un millón de pesetas, dos de los letrados -Antonio Saltor y Marino Villa-, así como el funcionario José Luis García. Un tercer abogado de la antigua AlSS, Miguel Vilalta, quien al parecer había actuado con especial relevancia en los hechos, no acudió a prestar declaración ante el juzgado y se encuentra en situación de búsqueda y captura.

Tampoco compareció ante el juzgado instructor el empresario Enrique Fernández Cardellach, principal accionista de la empresa Ascensores Cardellach. El juez decretó el irigreso en prisión de los empresarios Jesús Sans Pros, Arsenio Hernández Colín, Pedro Prat González, José Miguel Just, Salvador Ribot Carreras, Felip Verdès Martí, Antonio Serra Llansana, José María Miserachs Codina, Jaime Ramón Abuelo, Pedro María Pertica Zarrabeitia, Ventura Vallacer Gutiérrez, Ramón Jorba Brufau y José María Borrull Sánchez. Asimismo, el juez de guardia decretó ayer prisión para Ricardo Segura, el italíano Mario Trívilini y otros tres empresarios cuyos nombres se desconocían anoche.

En días anteriores habían ingresado asimismo en el centro penitenciario José Casanovas Vilanova, Luis Agustí Sans, Víctor Sans Viloy, Francisco Ballón Benito, Fausto Berini Geli, Miguel Casals, Antonio Almirall, el empleado de la Generalitat Lorenzo Martí Alvarez Duell, Fernando Espinach, José J. Muñoz y Francisco Javier Masana.

Las tomas de posición

Las dimensiones de los hechos vienen adquiriendo en los últimos días características sin precedentes, enjuiciadas desde puntos de vista opuestos por sectores de la Administración, de la gran patronal catalana, y de los sindicatos. Comisiones Obreras (CC OO) solicitó ejercer la acción popular en el procedimiento. Para ello se ampara en la Constitución, en la consideración de entidades sociales que tienen los sindicatos y en la circunstancia de que parte de las empresas afectadas por el fraude han pasado por los servicios jurídicos del sindicato y por ello cuenta esta central con abundante documentación.

El presidente de la gran patronal catalana Fomento del Trabajo, adherida a la CEOE, Alfredo Molinas, se refirió asimismo a las detenciones y al fraude a la Seguridad Social, aunque en sentido contrario. Molinas se lamentó el miércoles en un acto público de que las detenciones se hubieran producido en situaciones económicas diriciles y que algunos afectados llevaran ya 72 horas en la cárcel sin resolución judicial y que debieran sufrir aún nuevos interrogatorios.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, Josep María Figueras, declaró ayer en Madrid que "no se puede ir a la caza indiscriminada del empresario", refiriéndose al tema de presuntos fraudes a la Seguridad Social. Para hablar sobre estos temas, el recién reelegido presidente del Consejo Superior de Cámaras ha solicitado una entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social.