La Multipartidaria argentina reclama el retorno democrático para el 12 de octubre

La Multipartidaria, coalición política integrada por los partidos mayoritarios de Argentina, reclamó ayer en un documento la entrega del poder a más tardar el 12 de octubre de este año y denunció que la política económica y social del Gobierno militar por los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional son nuevos obstáculos y condicionamientos para la salida democrática.En su primer y esperado pronunciamiento del presente año la Multipartidaria divide el texto de la declaración en tres capítulos: el económico y social, el político y el internacional.

El notorio endurecimiento de los términos fue justificado por representantes de los partidos ante la insistencia del Gobierno militar en volver a proponer un diálogo sobre temas que ya han sido tratados.

En su análisis, la agrupación que integran el peronismo y el radicalismo, las dos fuerzas políticas mayoritarias del país, señala que "la primera evidencia que surge de la realidad es que hay una agudización de la profunda crisis que vive la Argentina y que el Gobierno militar se mantiene sensible al clamor y a la angustia de todos los sectores".

Más adelante protesta por las aventuradas acusaciones oficiales de que la subversión se infiltró en la Marcha del Pueblo realizada el 16 de diciembre del año pasado y que se intentó el asalto al poder, porque fue la propia policía del régimen la que desmintió el hecho en la práctica liberando sin cargos a los numerosos detenidos".

"Y justamente a tan pocas semanas de tan categórico reclamo, en el que se llegó al extremo del alevoso asesinato de un manifestante, crimen aún no aclarado, el Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca en lo político, económico y social, que agudiza ¡a miseria del pueblo, destruye el aparato productivo y establece graves condicionamientos para la marcha del país hacia la democracia. El programa monetarista acentuado ahora por los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional ha servido a intereses extranacionales, ha empobrecido al país y lo ha debilitado en el ejercicio de su poder de decisión independiente".

El documento acusa al régimen de "persistir en sus políticas autoritarias, represivas de la libertad de opinión y expresión, intimidatorias hacia la justicia, evasivas de los reclamos por la libertad de todos los presos políticos y gremiales, insensibles a la grave cuestión de los desaparecidos, ambiguas y dilatorias en las medidas que deben culminar el proceso de institucionalización".

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