La permanente de la Conferencia Episcopal deliberará sobre la despenalizacion de la interrupción del embarazo
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española deliberará a puerta cerrada, durante los próximos tres días, sobre el proyecto de despenalización del aborto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Los veinte obispos que integran la comisión se reunirán bajo la presidencia del titular de la conferencia, Gabino Díaz Merchán, para discutir en un clima de serenidad, según fuentes episcopales, la postura de la Iglesia católica en relación con el proyecto del nuevo artículo (el 417 bis) que el Gobierno piensa introducir en el capítulo del Código Penal que trata del aborto.El secretario de la Conferencia, Fernando Sebastián, ha manifestado que es posible que los obispos elaboren un documento colectivo sobre el tema, que será dado a conocer el sábado. Sin embargo en la agenda de la Comisión Permanente figurarán también otros trabajos, en realización, de carácter pastoral y enseñanza que serán tratados por los obispos.
Al margen de esta reunión está prevista otra entre representantes del Gobierno y de la Conferencia Episcopal, según han informado a Efe fuentes de la Casa de la Iglesia en Madrid.
Sobre la polémica levantada en los últimos días entre los partidarios y los opuestos a la despenalización, o sobre posibles contactos entre el episcopado y el Gobierno el secretariado de la Conferencia hizo pública una nota el lunes en la que se decía: "Nunca ha sido ni será intención de esta Conferencia el negociar ni pactar con ningún Gobierno o partido político alguno el libre y fiel ejercicio de su ministerio pastoral". En sectores moderados de la jerarquía se desea llevar al ánimo de obispos y del Gobierno la necesidad de no convertir la despenalización en un debate emocional del que sólo se beneficiarán los que defienden a veces intereses que nada tienen que ver con la medida.
Se afirma también que el Gobierno ha incumplido en parte una cierta promesa hecha a la jerarquía de no sacar tan pronto el tema de la despenalización y, al mismo tiempo, se reconoce que el episcopado se encuentra a pie forzado después de la venida del Papa y de sus tajantes pronunciamientos en contra del aborto.
Pero, una vez sacado a la palestra, los obispos españoles no renunciarán a la defensa de la doctrina de la Iglesia y "a las graves responsabilidades de su ministerio pastoral respecto de la comunidad católica y de la entera sociedad española", según se decía en la nota del secretariado del lunes pasado.
En las declaraciones de los antiabortistas, en los últimos días, se ha querido equiparar la despenalización que pretende el Gobierno con la legitimación del aborto, que no se contempla en la reforma del Código Penal. Esto se considera en medios progresistas católicos como un intento de confundir a la opinión pública, ya que el poder legislativo no puede legitimar nada referente a la moral y lo único que pretende es defender la libertad de conciencia del ciudadano cuando en las leyes del Estado figuren cortapisas o penas a determinadas decisiones personales.
Lo que nadie niega al episcopado es la libertad de pronunciarse como un grupo social y en defensa de los intereses de ese grupo, separando los temas concretos del conjunto de las relaciones que existen entre el Gobierno y la Iglesia en la actual sociedad española.
