Nuevas medidas en favor de los afectados por el síndrome tóxico

El Gobierno adoptó ayer nuevas medidas inmediatas de atención a los afectados por el síndrome tóxico, que ya les fueron prometidas durante el encierro de protesta que mantuvieron hace dos semanas. Estas medidas suponen la creación de una comisión interministerial de seguimiento, que estará presidida por el subsecretario de la Presidencia, y de la que formarán parte los subsecretarios de Justicia, Agricultura y Sanidad, el secretario de Estado de Comercio y el secretario general de Seguridad Social. También se prevé la realización de una auditoría sobre la situación económica del plan nacional para estos afectados.El Consejo de Ministros creó también una comisión técnica que evalue los resultados de la investigación hecha hasta ahora, y que fijará un programa con plazos concretos, y otra para el estudio inmediato de un plan de reinserción social, que deberá entrar en contacto con los representantes de los afectados por el síndrome tóxico. Las comisiones clínica e investigadora en relación con este tema se refunden y se darán pasos para "desligar la percepción de ayudas económicas de la situación clínica en que los afectados se hallan".

El departamento de Asuntos Exteriores presentó unas instrucciones a seguir por la delegación española que asistirá a la reunión sobre la contaminación del mar. Estas instrucciones podrían incluir una presentación demoratoria por parte de España para suspender los vertidos radioactivos en el mar hasta que no sean conocidas todas sus consecuencias.

El ministro de Exteriores solicitó también el placet en cinco países para nombrar nuevos embajadores en todos ellos, aunque, como viene siendo habitual, no se especificó de qué capitales se trata.

El Gobierno intervendrá la gestión de las empresas olivareras Uteco-Jaén y la Cooperativa Provincial Agraria, también de Jaén, cuya actividad supone el 60% de la economía provincial. La intervención, destinada a salvaguardar los puestos de trabajo en ambas empresas, tendrá un carácter limitado en el tiempo y supondrá un desembolso de 30.000 millones de pesetas. Asimismo, el Consejo acordó declarar monumentos histórico-artísticos numerosos edificios, continuando una activa política en este sentido iniciada por el ministro de Cultura.

Nombramientos civiles

El Consejo realizó varios nombramientos en el área económica. Narciso Andreu fue nombrado presidente del Banco de Crédito Local; José Barea, del Banco de Crédito Agrícola y Rafael Suñol, del Banco de Crédito Industrial. Antonio Torrero, presidente del Banco Hipotecaro, y Gonzalo Madrid, vicepresidente y director general de la Junta de Energía Nuclear. Además, se designó al ministro de Economía, Miguel Boyer, gobernador en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo; el secretario de Estado de Comercio, Luis Velasco, fue de signado representante de España en el Fondo Africano de Desarrollo, También se nombraron tres consejeros de administración de RENFE y otros tres de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).