El Gobierno y el episcopado han decidido crear una comisión para la negociación de las relaciones Iglesia-Estado

Como consecuencia de los contactos de alto nivel celebrados entre el Gobierno y representantes de la Conferencia Episcopal Española es inminente un encuentro de la comisión episcopal creada para la negociación de las relaciones Iglesia-Estado con los responsables gubernamentales en las respectivas áreas objeto de acuerdo. Por lo que se refiere a los contactos habidos -en el marco de los cuales quedó de manifiesto la existencia de una fuerte oposición eclesial a la despenalización del aborto sin que ello implique una descalificación global de la Administración socialista-, el portavoz del Gobierno aseguró ayer a EL PAIS que Alfonso Guerra no ha participado en ninguna reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal.

En relación con lo publicado ayer por este periódico, el citado portavoz, Eduardo Sotillos, negó que el vicepresidente del Gobierno se entrevistara el pasado día 15 de enero con Díaz Merchán, aunque sí es cierto, dijo, que "el Gobierno tiene intención de mantener no una, sino varias reuniones con la jerarquía eclesiástica".Por otra parte, Alfonso Guerra recibió ayer en la Moncloa a los ministros de Justicia, Fernando Ledesma, y de Educación y Ciencia, José María Maravall, los dos miembros del Gabinete que, según lo publicado ayer por ELPAIS, acompañaron a Guerra en su encuentro con los representantes de la Conferencia Episcopal. Las fuentes gubernamentales oficiosas citadas en dicha información manifestaron que el despacho del vicepresidente con estos dos ministros estaba previsto desde hace varias jornadas. Estas fuentes insistieron en que, al margen de que no se haya celebrado la reunión del día 15, los contactos de alto nivel entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica se han realizado con el alcance explicado ayer por este periódico, es decir, buscando una globalización de las relaciones que no se pare en el enfrentamiento de una cuestión concreta como la despenalización del aborto.

Díaz Merchán no participará en la comisión negociadora

Uno de los frutos de esos contactos ha sido la decisión de crear una comisión del episcopado para negociar con el Gobierno las relaciones Iglesia-Estado. Entre otros prelados, está previsto que pertenezcan a la comisión citada el vicepresidente y el secretario de la Conferencia Episcopal, José Delicado Baeza y Fernando Sebastián, respectivamente. El presidente de la Conferencia, Gabino Díaz Merchán, ha declinado formar parte de dicha comisión, al parecer por cuestiones de protocolo, ya que la máxima autoridad gubernamental con la que habrá que negociar no es el presidente del Gabinete, Felipe González, sino el vicepresidente.Por parte gubernamental, además de Guerra, está previsto que participen en las negociaciones los ministros de Justicia y Educación y Ciencia. Los problemas generales de las relaciones con la Iglesia son competencia del primero de los departamentos citados, que entre otros proyectos tiene planteado eliminar el carácter excluyente con que la Iglesia católica ha acaparado hasta ahora las relaciones del poder civil con la religión, y que la actual Administración socialista pretende extender a las restantes confesiones. En cuanto a los problemas de la educación religiosa y especialmente de los centros de enseñanza, seguramente el asunto de mayor volumen en estas relaciones, exige la presencia del titular de Educación y Ciencia.

Asimismo, y teniendo en cuenta que el sujeto jurídico, por parte de la Iglesia, de los acuerdos con la Santa Sede -cuyo cumplimiento o eventual revisión figura en la agenda de las conversaciones- es el Estado Vaticano, podría participar también, por parte española, el interlocutor diplomático más adecuado, o sea, el ministro de Asuntos Exteriores, y por parte vaticana, el nuncio de la Santa Sede, Antonio Innocenti. Igualmente, en relación con temas concretos como el nuevo sistema de dotación económica a la Iglesia, podría intervenir el ministro de Economía y Hacienda, responsable máximo de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

La comisión episcopal citada tenía previsto para hoy mismo su primera reunión, a Celebrar en el edificio denominado de Semillas Selectas del palacio de la Moncloa, según fuentes gubernamentales. Sin embargo, dicha reunión ha sido, al parecer, aplazada. Al menos, así se deduce de las declaraciones a EL PAIS de uno de los prelados que tenían que asistir a la misma, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Valladolid, José Delicado Baeza. Requerido telefónicamente sobre la reunión citada, Delicado manifestó: "estaba en estudio, pero probablemente no se celebrará".

Preguntado sobre la existencia de la citada comisión y su pertenencia a la misma, señaló: "la comisión todavía no se ha formalizado; cuando se formalice, habrá algunos encuentros". Añadió que, en todo caso, para más detalles relacionados con esta comisión, debíamos preguntar al secretario de la Conferencia Episcopal, Fernando Sebastián. Los esfuerzos de EL PAIS para establecer contacto durante la jornada de ayer con este prelado resultaron inútiles.

Entre otras cuestiones pendientes de negociación entre la Iglesia católica y el Estado, según fuentes gubernamentales, la jerarquía eclesiástica mantiene unas posiciones especialmente duras en materia de enseñanza e información, en este punto especialmente en cuanto a la programación religiosa en radio y televisión. En cambio, respecto a la regulación del aborto, la actitud de la Iglesia española es dura, pero se mantiene en términos estrictamente morales y religiosos.

Respecto a los antecedentes prelegislativos de la regulación del aborto que proyecta el Gobierno, por un error de transcripción, en la información publicada ayer por este periódico, se decía que el borrador elaborado en 1979 por los juristas Enrique Gimbernat, Gonzalo Rodríguez Mourullo; Fernando Díaz Palos y Cándido Conde Pumpido fue sometido "a la consideración del pleno del Consejo General del Poder Judicial". En realidad, el citado texto fue sometido al pleno de la Comisión General de Codificación, presidida por Antonio Hernández Gil, y fue este órgano dependiente del Ministerio de Justicia el que dio su visto bueno a la fórmula propuesta. En en 1979 no existía todavía el Consejo General del Poder Judicial.