El PCE considera "positiva pero insuficiente" la propuesta del Gobierno

La necesidad de "acabar con la lacra del aborto clandestino, que afecta anualmente a cientos de miles de mujeres y que es un problema muy grave para nuestro país" y el rechazo a la "ofensiva desatada por sectores conservadores con fines políticos y argumentos hipócritas" fueron dos de los puntos considerados por el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de España (PCE) ante el anuncio de despenalización del aborto en algunos casos. El Secretariado comunista considera "que la propuesta del Gobierno tiene aspectos positivos, pero resulta muy insuficiente en orden a resolver satisfactoriamente el problema de la práctica del aborto clandestino".El PCE manifiesta que "la vía escogida por el Gobierno, es decir, la de indicaciones, significa que las mujeres no decidan por sí mismas y tengan que recurrir a otras personas, como médicos o jueces, para poder interrumpir voluntariamente el embarazo" y "supone, por otra parte, que sólo quedaría regulado un porcentaje muy pequeño de los cientos -de miles de abortos clandestinos que se practican hoy en nuestro país". Los comunistas entienden que la única limitación a la interrupción voluntaria del embarazo debe ser el plazo, que no debe exceder de los tres meses.

Euskadiko Ezkerra (EE) hizo pública su intención de plantear en las Cortes el derecho al aborto, con la única limitación del plazo de tiempo de embarazo. El comunicado del partido vasco decía que la timidez de la reforma propuesta por el Gobierno de Felipe González, que no contempla el aborto desde su vertiente social, sino que lo sigue contemplando como un delito, y que voluntariamente obvia la regulación del derecho al libre ejercicio de la sexualidad y la maternidad, se convierte en campo abonado para la hipocresía y las escandaleras que desde medios de la derecha se están desatando".

La Liga Comunista Revolucionaria (LCR) criticó la "dura reacción" que la decisión gubernamental de despenalizar algunos casos de aborto está suscitando en "las fuerzas de la derecha, de la Iglesia y de la misma casta médica, dispuestas todas ellas a emprender una cínica campaña de defensa del derecho a la vida, mientras siguen ignorando la existencia de más de 400.000 abortos anuales".

Para la LCR, "las modificaciones anunciadas por el Gobierno no van a acabar tampoco con el escándalo del aborto clandestino" y "muchas mujeres, que, debido a una maternidad no deseada por una u otra razón, quieran abortar, seguirán siendo víctimas de una legislación discriminatoria".

Ascensión de Gregorio, presidenta de la Federación Nacional de Amas de Casa, dijo que "hemos realizado una encuesta entre más de 200.000 federadas que tenemos, tanto en pueblos como en ciudades, y la respuesta ha sido unánime: contraria al aborto".

Ascensión de Gregorio añadió que preparan un informe sobre el tema para hacérselo conocer al Gobierno, parlamentarios y opinión pública, y manifestó que "somos conscientes de que esto no es más que hacer uso del derecho al pataleo de la impotencia, porque jurídicamente el Gobierno puede legislar sin contar con nadie más".