El 75% del profesorado del País Vasco secundó ayer la huelga contra las sanciones en EGB

La mayor parte de los centros públicos de enseñanza del País Vasco se vieron afectados ayer por la jornada de paro convocada como protesta a las sanciones impuestas por el Ejecutivo autónomo al profesorado de EGB. Paralelamente, las manifestaciones que tuvieron lugar en Bilbao y Vitoria registraron una fuerte participación de enseñantes. La incidencia del paro, estimada en un 75% en los centros de EGB, BUP y FP de la comunidad autónoma, alcanzó un porcentaje del 90% en Vizcaya.

Cerca de 6.000 maestros se mantienen en huelga, mientras continúan cerradas las negociaciones con la administración autónoma para hallar una salida al conflicto. Desde el inicio de la huelga, el pasado día 14, el departamento de Educación del Gobierno Vasco, mantiene como innegociables las medidas adoptadas contra el profesorado y directores de centros de EGB por incumplimiento del calendario escolar del presente curso.A lo largo del conflicto, el personal de EGB viene defendiendo el levantamiento de las sanciones que para los directores ha tenido un carácter administrativo, mientras que para el profesorado se traduce en una reducción salarial que, según ha comunicado la consejería autónoma, se aplicará probablemente en la nómina del actual mes de enero.

Ambas partes, administración y enseñantes, han venido sosteniendo sus posturas sin que mediara negociación alguna hasta que, a finales de la semana pasada, la Federación de Padres de Alumnos propició un primer contacto de los representantes de los enseñantes con los responsables de la consejería, que solicitó una propuesta de solución a los afectados. En su respuesta, el comité de huelga proponía la incorporación de los huelguistas a las clases.

Por su parte, el departamento de Educación hacía pública su contrapropuesta el pasado martes en la que, tras precisar que el calendario escolar cumplió con la normativa legal, mantenía las sanciones e indicaba al profesorado la posibilidad de recurrir contra las mismas por vía administrativa. La consejería, que es en definitiva quien debe fallar tales recursos, prometió celeridad en la resolución de los mismos, precisando que no se agotarían en ningún caso los plazos establecidos, para los que se contempla un período de noventa días. A su vez proponía la consejería estudiar el calendario escolar del próximo curso, una vez finalizada la huelga "en una mesa con representantes de los estamentos implicados". La oferta ha sido rechazada por el comité de huelga, que ha calificado de "autoritaria" la actitud de la administración autónoma.