Protestas en Cáceres por su representación en la Cámara autonómica
La oposición que el proyecto de Estatuto de autonomía para Extremadura ha encontrado en la provincia de Cáceres a causa de la representación que a esta provincia se concede en el Parlamento extremeño, ha ido subiendo de tono en los últimos días hasta el punto de que se ha desatado una campaña contraria a la discusión del Estatuto, que asigna 37 escaños en el Parlamento regional para Badajoz y 28 para Cáceres, en el Congreso el próximo día 25.Después de que el presidente de la Diputación de Cáceres, el centrista Jaime Velázquez se pronunciara a favor de la realización de un referéndum para dirimir la disputa de la paridad que los cacereños reclaman, un nominado "grupo de ciudadanos cacereños" ha iniciado la publicación de una serie de comunicados en los medios de comunicación regionales, promoviendo la remisión de telegramas al Congreso en contra del Estatuto.
Cáceres quiere de verdad la autonomía regional, pero está en contra del actual proyecto de Estatuto. Cacereño: envía tu telegrama de protesta al Congreso", es el texto de uno de los remitidos que publicaba ayer en las páginas de región el diario Hoy. El presidente de la Junta regional, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien se ha venido mostrando esquivo a expresar cualquier tipo de declaración en torno altema, ha modificado su postura manifestando que mediante argumentos falaces, ficticios y antidemocráticos algunos cadáveres políticos de la provincia hermana están intentado manipular al pueblo.
El PSOE, según Juan Carlos Rodríguez Ibarra, está dispuesto a flexibilizar sus posturas al máximo corrigiendo la proporción de representatividad de las dos provincias en treinta diputados para Cáceres y 35 para Badajoz. En tal caso la diferencia de representación sería de cinco diputados, en lugar de nueve como contempla el Estatuto que se ha remitido al Congreso.
Otra de las acusaciones que la provincia de Cáceres vierte sobre el Estatuto, al margen de la representatividad, es el protagonismo que se da a la provincia de Badajoz, en donde quedarán ubicadas, según el articulado del proyecto, tanto las instituciones autonómicas como el Parlamento.
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