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Campsa estudia la liberalización de la venta y distribución de los productos petrolíferos

La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA (Campsa), iniciará en breve negociaciones con los intereses privados nacionales del sector energético para perfilar la obligada desmonopolización en la distribución y comercialización de los productos petrolíferos carburantes. El objetivo de las consultas entre Campsa y el sector privado es proponer al Gobierno, en el menor plazo posible (que se evalúa dentro del año en curso), las alternativas necesarias para adecuar la estructura empresarial y comercial de Campsa a las exigencias de libre competencia que plantea la eventual entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE). El artículo 37 del Tratado de Roma prohíbe los monopolios fiscales en el seno de la CEE.Las soluciones que se propongan habrán de cumplir, además, los requisitos políticos marcados por el programa gubernamental esbozado por el presidente de Gobierno, Felipe González, en su discurso de investidura, y, en cualquier caso, exigirán la modificación por ley de la actual normativa jurídica que regula el monopolio fiscal y comercial de Campsa. González expresó su voluntad de integrar la red primaria de distribución de productos petrolíferos carburantes, ahora bajo propiedad de la Dirección General del Patrimonio, del Ministerio de Hacienda, en una empresa del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH). Este traspaso estaba ya contenido en el programa electoral socialista, dentro de una estrategia de racionalizar el funcionamiento del sector público energético por la vía de una centralización de la gestión. La integración de esta red en una empresa del INH, junto a la desaparición del monopolio comercial, planteará serios interrogantes para la distribución de sus productos a las empresas privadas del sector, que hasta la fecha los tenía resueltos en virtud de la existencia de Campsa como gestora del monopolio. Según fuentes consultadas, no se modificará el papel de monopolio fiscal que desempeña Campsa como organismo recaudador de la renta y fiscalidad de los productos petrolíferos hasta que no haya culminado el período transitorio de adaptación de España a la CEE.

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