Campsa culmina sus estudios previos para la adaptacion del monopolio comercial de petróleo a la normativa de la CEE

El nuevo equipo directivo de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA (Campsa), tiene previsto abrir en fecha próxima un proceso de intercambio de ideas con los intereses privados nacionales del sector energético para, de acuerdo con los deseos gubernamentales, ir perfilando las distintas alternativas que existen para la obligada desmonopolización en la distribución y comercialización de los productos petrolíferos carburantes. El objetivo rinal de estas consultas entre Campsa y el sector privado nacional es proponer al Gobierno, incluso antes de que termine el año en curso, alternativas concretas para adecuar la estructura empresarial y comercial de la Compañía Arrendataria del Monopolio a las exigencias de libre competencia que planteará la eventual entrada de España en las Comunidades Europeas.

Aunque no existen ideas preconcebidas ni fórmulas ya elaboradas sobre el tipo de alternativas que deben considerarse en las conversaciones, está claro que las soluciones propuestas tendrán que cumplir los requisitos políticos marcados por el programa gubernamental esbozado por el presidente del Gobierno, Felipe González, en su discurso de investidura, y que, en todo caso, exigirán la modificación por ley de la actual normativa jurídica que regula el monopolio comercial y fiscal de Campsa.Por ahora, sin embargo, parece cierto, según han apuntado a este periódico fuentes solventes, que no se trata de modificar el papel de monopolio fiscal que desempeña Campsa como organismo recaudador de la renta y fiscalidad de los productos petrolíferos -lo que no será necesario hasta que haya culminado el período transitorio de adaptación de España a la CEE-, sino de adaptar las funciones que Campsa, como empresa arrendataria del monopolio, tiene en la distribución y comercialización de los productos carburantes derivados del petróleo.

A este respecto, el nuevo presidente de Campsa, José María Amusátegui, expresó ante los accionistas de -la sociedad, en su discurso de aceptación del cargo, su firme intención de preservar "el papel clave" que la primera empresa del país (por facturación) puede desempeñar en la necesaria reordenación del sector energético. "La Campsa", manifestó Amusátegui ante los accionistas públicos y privados de la compañía, "es, ante todo y afortundamente, una empresa ( ... ), una realidad distinta del monopolio, capaz de sobrevivirle, en el caso de que aquél llegase a desaparecer".

Exigencias comunitarias

La necesidad de adecuar la estructura empresarial de Campsa a las exigencias del artículo 37 del Tratado de Roma, que prohíbe monopolios comerciales en el seno de la CEE, se ve, además, incrementada con la política gubernamental, expresada por el presidente González durante su investidura, de integrar la red primaria de distribución de productos petrolíferos carburantes, ahora bajo propiedad de la Dirección General del Patrimonio del Ministerio de Hacienda, en una empresa del INH. Este traspaso estaba ya contenido en el programa electoral socialista dentro de una estrategia de racionalizar el funcionamiento del sector público energético por la vía de una centralización de su gestión.

La integración de esta red en una empresa del INH, junto a la desaparición del monopolio comercial planteará serios interrogantes para la distribución de sus productos a las empresas privadas del sector, que hasta la fecha los tenía resueltos en virtud de la existencia de Campsa como gestora del monopolio.

Fuentes solventes del INH reconocen que estos problemas serán, concretarnente, la cuestión fundamental de las negociaciones mixtas que se iniciarán en fecha breve, problemas que aunque complicados no parecen insalvabales.

A este respecto, cabe pensar en la próxima negociación de un contrato de derecho privado entre la empresa que se haga cargo de la red primaria de distribución (que puede ser Campsa u otra a crear dentro del INH) y las privadas que deseen tener acceso a ella. En dicho contrato se establecerá el régimen de uso de la citada red, que bien puede guiarse por los sistemas utilizados por las distintas compañías en Estados Unidos u otras fórmulas en práctica en algunos países europeos. Está por determinar la estructura accionarial de esta empresa, aunque el compromiso gubernamental parece limitarse a que sea de control público.

El caso de las multinacionales

Caso muy distinto será el de las multinacionales del sector que quieran tener acceso a la red y a los mercados españoles. Aquí, otras fuentes familiarizadas con el tema hablan de la conveniencia del modelo francés, donde, sin violar la legislación comunitaria, se ha resuelto el problema mediante su reglamentación en un contrato de derecho público que, necesariamente, tendrá que nacer de la iniciativa del Gobierno.

Fuentes del sector señalan, a este respecto, que el objetivo que debe propugnar esta instrumentación legal es la preservación de los lógicos intereses del refino español, especialmente en unos momentos de grave crisis para el mismo en toda Europa, y evitar así la desleal competencia que supondría, en un regimen mediatizado de compras de crudo como el que existe en España, la venta libre de cargamentos spot de productos petrolíferos adquiridos a precios de saldo.

En el frente de las estaciones de servicio, las fuentes consultadas consideran fundamental el mantenimiento, en alguna forma, del actual régimen de distancias que ha guiado la concesión de autorizaciones para instalarlas. Esta política, ya presente en la CEE en el caso holandés, evitaría caer en el peligro francés, donde la saturación de puntos de venta convierte a muchos de ellos en antieconómicos. La reglamentación española, en cualquier caso, exigiría algunas modificaciones sobre la actual situación jurídica.

La adaptación del monopolio fiscal a la legislación comunitaria, concretamente al artículo número 90 del Tratado de Roma, exigirá, por su lado, un proceso de negociación con las autoridades comunitarias inseparable de las conversaciones globales. Fuentes familiarizadas con el tema, y que lo han estudiado en detalle a lo largo de los últimos dos años, consideran que no será necesario modificar este monopolio por el momento, y que incluso podrá mantenerse hasta una vez terminado el proceso de adaptación de la economía española a la Comunidad Europea.

En todo caso, apuntan, la adapatación dependerá de la previa modificación de los criterios impositivos que existen sobre los carburantes. La paulatina desaparición de la llamada renta del petróleo en aras de una mayor fiscalidad pura facilita, en opinión de las fuentes consultadas, la búsqueda de una solución se sencilla estructuración.