El Estado como patrono
Me parece que a estas alturas, a las pocas semanas de la toma de posesión, resultaría algo incorrecto hacer inventario de los problemas a los que la Administración socialista se enfrenta, y pienso que sería arrogante, cuando menos, pretender repasar apresuradamente el catálogo de las asignaturas pendientes. Se me antoja un pelín insoportable la imagen del monje admonitor encargado de amonestar a la observancia de la regla, y todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que oficiar de agorero y aplicarse a presagiar desgracias es algo impresentable. Procuremos, pues, ahuyentar al predicador y al cenizo, y limitémonos, si es que podemos y con la mejor buena fe del mundo, a esbozar alguna reflexión en voz alta.Cuando amanece la Administración socialista, a mí no me interesa recordar su programa laboral, ni mucho menos urgirle a un cumplimiento inmediato so pena de anatema. Los proyectos de rebajar la edad de jubilación a 64 años, de ampliar las vacaciones a treinta días, de reducir la jornada y de acomodar las pensiones al IPC (índice de precios al consumo) ahí están y pronto dejarán de ser proyectos para convertirse en realidades. Y no realidades simbólicas, pues no está de más recordar que millones de trabajadores de este país disfrutan exclusivamente veintitrés días de vacaciones.
Y ahí están también varios proyectos de ley de indudable trascendencia: modificaciones en la ley Básica de Empleo, ley de Acción Sindical en la Empresa, ley de Conflictos Colectivos, ley de Huelga... Pero, en verdad, no estamos aquí para hablar de cosas tan científicas, quizá porque, como en su día nos advirtiera el bueno de Goethe, "gris es el árbol de la ciencia y verde e imperecedero es el árbol de la vida".
Para empezar, es necesario refrescar la memoria y evocar la enorme importancia que la empresa pública tiene en el ámbito de nuestras relaciones laborales. Están en la vanguardia de los sectores productivos básicos; baste recordar algunos ejemplos: Seat y ENASA, en automoción; Bazán y Astifieros, en construcción naval; Hunosa, en combustibles sólidos; Ensidesa y Altos Hornos, en siderurgia integral; Renfe, Iberia y Trasmediterránea, en transportes; Telefónica, en comunicaciones; Enpetrol, en refino; etcétera. Y están, digamos que a su aire, adscritas a distintos departamentos y organismos (Industria, Transportes, Economía, INI, INH, Dirección General del Patrimonio, etcétera) y bastante cómodas en su corona de taifas
Las grandes empleadoras
Lo que ahora nos interesa de estas empresas no es tanto su envergadura industrial como el ser empleadoras de cientos de miles de trabajadores, que, por cierto, han protagonizado a menudo las reivindicaciones sindicales en este país. Conste, pues, que lo único que nos concierne es ni más ni menos que su política laboral. Política laboral a aplicar en unas empresas caracterizadas tanto por su trascendencia económica como por dar cobijo a multitud de trabajadores, cuyos representantes sindicales, la mayoría de las veces, han ido abriendo camino en el ámbito de las relaciones laborales, arrastrando en varias ocasiones a sus compañeros del sector privado. Sería conveniente recordar ahora que, allá por 1978, empresas como Bazán, Enpetrol, Hunosa, ENASA, Metro, etcétera, fueron las pioneras en la negociación de los derechos sindicales. Hasta la fecha, todas estas empresas han carecido de una política laboral común; cada una de ellas, con mayor o menor acierto, ha decidido su comportamiento y ni siquiera desde el punto de vista de su mera existencia empresarial gozan de identidad propia entre las restantes empresas españolas.
La cuota de autonomía
¿Y quién es el patrono de estas empresas pilares de la economía? Pues resulta que no es otro que la actual Administración socialista, y que, por serlo, debe venir obligada a actuar como un patrono eficaz y como un gestor eficiente. Y en el ámbito de las relaciones laborales, ¿cómo actuaría un empresario ejemplar que contara con multitud de empresas y cientos de miles de trabajadores? La contestación es fácil: aunaría voluntades y criterios y aspiraría a homogeneizar las condiciones de trabajo de sus asalariados. En síntesis, para que nos entendamos: se organizaría sindicalmente y negociaría un acuerdo marco que afectara a todas sus empresas y a todos sus trabajadores. Más clarito aún: Patronal pública y convenio marco.
Me parece muy bien que se insista en la autonomía de las, partes y que se critique con aspereza la intervención de la Administración en el marco de las relaciones laborales. Me encanta la soberanía de las partes. Lo que ya no me encanta tanto es que la Administración se olvide de que también ella es parte y que, en su parcela, también debe gozar de la cuota de autonomía que le corresponde. Usarla y disfrutarla sin pudores y a tope. Racionalizar el sector público, convertirlo en un holding eficaz y competente presumo que debe ser un objetivo prioritario de la Administración socialista. Y para conseguir esta finalidad en el ámbito de las relaciones laborales, nada mejor que una patronal y un convenio; cosa que, por otra parte, tampoco sería tan singular, pues algo por el estilo ya existe en Italia.
Conviene ya, pienso yo, que la Administración, sin falsas modestias, asuma su propio papel y renuncie definitivamente al timorato y vergonzante comportamiento de los últimos años. Paulatinamente, el conflicto industrial se triangula, y uno de los vértices del triángulo es la Administración. No vendría mal darse cuenta de ello a tiempo y aceptar este nuevo compromiso en compañía de los dos animales totémicos de Zaratustra: la serpiente y el águila. La astucia de la serpiente y la altivez del águila. Astuta y altivamente.
Marcos Peña es inspector técnico de Trabajo.
