Los parlamentarios socialistas se someten a un estricto régimen de incompatibilidades

"Cuando se quiere hacer una gran justicia, no se puede evitar cometer pequeñas injusticias". Esta es la impresión que ha sacado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Sáenz de Cosculluela, después de estudiar, caso por caso, la situación de los 49 diputados del PSOE que, a causa de las estrictas normas de incompatibilidades que los socialistas se han autoaplicado, han remitido ya los cuestionarios al Grupo, dando cuenta del salario al que han renunciado y del puesto de trabajo que abandonan mediante la excedencia. Falta todavía algún cuestionario por llegar, ya que se les ha dado de plazo hasta el día 18, por lo que esta cifra de 49 se incrementará en unos pocos más.

Pero, por lo que Sáenz de Cosculluela lleva visto, "hay casos que en sí mismos son injustos, tremendos sacrificios que tenemos que imponer porque no nos queda más remedio". Y pone como ejemplo el diputado que llega a su despacho y le dice que él es médico en un hospital público, y jefe de departamento, y que con la excedencia que se ha visto obligado a pedir, cuando reingrese en su puesto de trabajo, bien porque ya no sea reelegido diputado, bien porque prefiera dejar la política y volver a su actividad privada, se encontrará con que sigue siendo funcionario, pero ya no jefe de departamento, y su salario se verá disminuido.Y cuenta también el caso del cirujano que le ha dicho, en tono amargo y resignado: "Si durante cuatro años no entro en un quirófano, cuando vuelva, mis manos ya no servirán para nada". Entonces Cosculluela tiene que buscar soluciones salomónicas, que no sean crueles para nadie y que tampoco impliquen excepciones a la regla, "porque si empezamos con una excepción, se desencadena inevitablemente un rosario de visitas, porque todo el mundo tiene derecho a querer ser la excepción".

Con los catedráticos de Universidad, el PSOE ha sido más flexible que con el resto de parlamentarios dedicados a la enseñanza: se les permite acudir a las clases a título de profesores honoríficos -caso de Gregorio Peces-Barba-, pero sin cobrar y de acuerdo con el decano. A los catedráticos de instituto, profesores y maestros, no se les permite siquiera esta presencia simbólica.

Los socialistas se han autoaplicado unas normas de incompatibilidades que van más allá de la ley de UCD que entró en vigor el pasado 31 de diciembre. Lo que pretenden es "dar ejemplo". "Y para dar ejemplo", dice Cosculluela, "tenemos que ser inflexibles, de una dureza que yo mismo reconozco que es brutal, pero ése es el coste que tienen las medidas históricas". "Si este país no estuviera tan sumido en la corrupción, si no hubiéramos visto tanto diputado de la derecha con cinco cargos y cinco sueldos, no nos hubiéramos visto obligados a ser tan rígidos, tan extremados, pero no vamos a consentir que este Parlamento continúe siendo un Parlamento de chicha y nabo, que es lo que ha sido hasta ahora, aunque me duela reconocerlo".

Por ello, en el Grupo Parlamentario del PSOE se mira con lupa que la actividad privada de sus diputados y senadores no sea susceptible de originar lo que su portavoz denomina "tráfico de influencias". "Aquí hemos visto, primero con asombro y después con estupor, cómo se han aprobado determinadas leyes, o determinadas enmiendas a ciertas leyes, íntimamente vinculadas con los intereses del bufete privado de algunas señorías notarios y abogados. Este límite máximo de corrupción a que se ha llegado aquí, en el Congreso de los Diputados, produce indignación y vergüenza, y no volverá a ocurrir".

Mala acogida

Sin embargo, la ley de Incompatibilidades vigente ya ha sido mal acogida en algunos bancos del hemiciclo. En el Grupo Parlamentario Popular algunos diputados, como es el caso de su portavoz, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, letrado del Consejo de Estado, han renunciado a su sueldo de parlamentarios y se han quedado con el otro, ya que cobran más. Ahora están en su legítimo derecho, puesto que la ley vigente -aprobada con los votos en contra de la izquierda-, establece que no se podrán percibir más de dos salarios de la Administración pública. Herrero afirma que es obsesión de los periodistas buscar nombres y apellidos de los afectados por esta ley, que eso es chismorreo y anécdota, pero en su propio grupo también se está cumpliendo la ley, si bien con más lentitud que en el PSOE, y van llegando poco a poco las renuncias de sus integrantes.El problema se les va a crear a los parlamentarios de la derecha de la Cámara cuando los socialistas envíen su proyecto de ley de incompatibilidades de parlamentarios y altos cargos de la Administración, que sustituirá a la ahora vigente y que ampliará para todos las estrictas normas que sólo ellos se aplican ahora. Cosculluela calcula que en un par de semanas el Consejo de Ministros le dará su visto bueno, y que antes del verano estará ya aprobada. "Más de un disgusto se van a llevar algunos", anticipa, "pero es la única forma de sanear un poco las Cortes, de conseguir que esto sea de verdad un Parlamento europeo".