El grupo de Fraga pide la televisión privada "con el fin de evitar monopolios"

El Grupo Popular, encabezado por Manuel Fraga, presentó ayer en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para autorizar la televisión privada. Dicho grupo parlamentario se basó en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, según la cual la gestión indirecta por particulares del servicio público de televisión no está constitucionalmente prohibida."La defensa de este principio constitucional", añade la exposición de motivos, "exige, en el caso de la radio y la televisión, que éstas sean los soportes a través de los cuales se manifieste la concurrencia de pensamientos, ideas y opiniones libremente expresados, a fin de evitar situaciones de monopolio que atenten contra la comunicación libre, sin la cual no hay sociedad libre ni soberanía popular".

La propuesta del Grupo Popular se centra en la creación de una Comisión Nacional de Radiodifusión y Televisión, compuesta por seis diputados del Congreso, tres senadores y un presidente. Entre las múltiples competencias de esta Comisión estarían las de otorgar las concesiones de radio y televisión privadas, fijar los tiempos de emisión, "velar por el cumplimiento en la programación" y, en su caso, "acordar la caducidad de la concesión sin indemnización".

Las licencias, según el Grupo Popular, serían otorgadas "previa convocatoria del oportuno concurso público", para ocho o diez años prorrogables. Se daría preferencia a redes o cadenas regionales, y a las que favorezcan la difusión de servicios informativos y espacios culturales. Las emisoras habrían de satisfacer un canon anual del cinco por ciento de sus ingresos brutos publicitarios.

El anterior Gobierno centrista presentó en abril de 1982 en el Congreso dos proyectos de ley para introducir y regular la televisión privada. El primero contemplaba la regulación del ejercicio de la libertad de expresión a través de la radiodifusión y televisión, también con la creación de una Comisión Nacional para la Radiodifusión y Televisión con competencias similares a las que ahora propone el Grupo Popular. El segundo proponía un concurso para otorgar licencias de radios y televisiones privadas. Ambos proyectos fueron duramente criticados por los grupos socialista y comunista y no llegaron a debatirse.

Durante 1982 se formularon más de treinta peticiones al Gobierno para poner en marcha emisoras y cadenas privadas de televisión. El Tribunal Constitucional sentenció entonces que la televisión privada "no es una derivación necesaria del artículo 20, aunque, como es obvio, no está tampoco constitucionalmente impedida".