Fernández Albor anuncia una nueva actitud reivindicativa de la Xunta ante el Gobierno

Una nueva actitud "profundamente reivindicativa" en el proceso de negociación de transferencias con la Administración central fue anunciada ayer en su mensaje de Año Nuevo a la comunidad autónoma gallega por el presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, quien reiteró, en diferente tono, las acusaciones de "fálta de visión autonómica" e incomprensión hacia la realidad histórica de Galicia por parte del Gobierno socialista, expresadas en su reunión del viernes por el Ejecutivo gallego.Fernández Albor, que dedicó la práctica totalidad de su discurso al análisis de la situación creada por el aplazamiento del proceso de transferencias impuesto por la nueva Administración central, insistió fundamentalmente en la necesidad de que sea respetado el carácter de nacionalidad histórica que la Constitución reconoce a Galicia, frente a "otras normas que traten de justificar, con criterios de pretendida igualdad, la falta de voluntad creadora de este nuevo Estado". "El Gobierno gallego", precisó Fernández Albor, "rnantiene su objetivo de alcanzar en este año que comienza los máximos techos autonómicos, y cree un deber de la Administración el mantener con nosotros, nacionafldad histórica reconocida en la Constitución, una política de transferencias y un talante negociador que supere las carencias habidas hasta ahora".

Las críticas del presidente de la Xunta a la política de homologación de todas las comunidades autónomas -emprendida, con las excepciones de Cataluña y Euskadi, por el Gobierno socialista- fueron anticipadas el viernes por el jefe de la delegación gallega en la comisión mixta de transferencias y hasta ahora vicepresidente del Ejecutivo gallego, José Manuel Romay, quien aseguró que en las negociaciones todas las ventajas están del lado de la Administración central, al no existir la figura de un árbitro.

Romay, que abandona la vicepresidencia por incompatibilidad del cargo con el escaño que obtuvo en las pasadas elecciones al Congreso, denunció los "graves errores" que a su juicio ha cometido la Administración central en su política autonómica. "Hay", explicó, "una asombrosa falta de sensibilidad hacía las nuevas realidades que se están produciendo en España, hasta el punto de que da la impresión de que nos encontramos en otro país. Cuando uno piensa que el 40% del gasto público va a ser administrado por las comunidades autónomas, habría que estar preparando ya las estructuras para la mayor transformación de la sociedad española desde el antiguo régimen. Y, desde luego, esto no se prepara con cicaterías".