Los siete grandes de la banca esperan que el Gobierno inicie con ellos las negociaciones prometidas

La reunión mantenida por Felipe González y varios miembros de su Gabinete con los máximos responsables de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOIE) puede marcar el inicio del cumplimiento de la promesa electoral del PSOE de mantener conversaciones con empresarios y banqueros para configurar la planificación concertada. A esta reunión deberán seguir otras con la banca para hablar de la financiación del déficit público, la contribución de los grandes de la banca a proyectos de inversión y la moderación en el precio del dinero.

La posibilidad de desarrollar una política moderadamente expansiva, anunciada en el programa para hacer frente al primer objetivo del Gabinete -la lucha contra el desempleo-, constituye la principal incógnita de la gestión socialista, habida cuenta de las medidas de ajuste adoptadas en las pasadas semanas (devaluación, elevación del coeficiente de caja a las instituciones de crédito y subida de precios).Tras la victoria socialista en las pasadas elecciones, la creencia de que se pondría en marcha un mecanismo de concertación múltiple que abarcara no sólo a patronal y sindicatos, sino que incluiría, aunque fuera indirectamente, a la banca y al propio Gobierno, ayudó a que se mantuviera un cierto compás de espera.

La devaluación de la peseta y la elevación del coeficiente de caja sin previo aviso rompió la tregua. La reunión mantenida por Miguel Boyer, como responsable máximo de los asuntos económicos, con los presidentes de los grandes bancos supuso el primer aviso de que "la situación había cambiado", tanto en lo que se refiere a anteriores Gobiernos, como con respecto a lo que el Partido Socialista Obrero Español había anunciado a lo largo de la campaña electoral.

Distinta financiación del déficit

A partir de esta reunión tomó cuerpo entre los responsables financieros la necesidad de intentar ponerse de acuerdo, al menos entre ellos, en lo referente a una posible disminución del coste del dinero, tanto en las operaciones activas como pasivas.Poco antes se había planteado la posibilidad del pacto entre caballeros y, tres días después de la comida con Boyer, uno de los bancos más reticentes a dicho compromiso decidió, de forma unilateral, planificar su política de captación de pasivo para 1983 con claros recortes en la remuneración del mismo. Una semana después, el pacto era un hecho incontrovertible.

Las críticas fundamentales que el sector financiero planteaba se referían al importante volumen de déficit del sector público y, sobre todo, a, la forma de financiarlo. La apelación al Banco de España para cubrir los déficit se veía como el peor instrumento a utilizar.

La elevación, sin contrapartidas aparentes, del coeficiente de caja -lo que supone la detracción de cerca de 140.000 millones de pesetas del sistema financiero, que pueden utilizarse sin coste alguno para financiar una parte del déficit- y las medidas recientemente adoptadas en el decreto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado constituyen la respuesta del Gobierno a estas críticas.

En dicho decreto se autoriza al Gobierno a emitir pagarés del Tesoro por un valor de 120.000 millones de pesetas, lo que hará que a finales de año haya un saldo vivo de este instrumento financiero próximo a los 230.000 millones de pesetas. Al tiempo, el Gobierno podrá emitir deuda pública, a medio y largo plazo, por valor de 227.000 millones de pesetas.

Estas cantidades, sumadas a la procedente de la elevación del coeficiente de caja, aseguran la financiación de medio billón de pesetas del total del déficit para 1983, cuyas primeras estimaciones lo sitúan en 1,3 billones. El resto del déficit se cubrirá, en buena parte, en los mercados internacionales, como ha declarado recientemente el ministro de Economía y Hacienda, al señalar que es imprescindible que el Estado acuda en mayor medida a estas fuentes de fondos. La apelación al Banco de España parece, según estas cifras, que disminuirá sensiblemente a lo largo del año en relación a ejercicios anteriores.

El papel de la banca

Alcanzar estos objetivos de financiación -y el que subyace, que es un abaratamiento del dinero que facilite la inversión- exige la colaboración de la banca y cajas de ahorro en la colocación entre los particulares de la deuda pública a corto, medio y largo plazo. Fuentes del Banco de España consideran que al menos algunos de los grandes bancos se muestran favorables a colaborar en esta operación, máxime cuando son conscientes de las armas que tiene la Administración para obligarles a ello.Ante este panorama, en las previsibles negociaciones a mantener entre el Gobierno y los representantes de los siete grandes, éstos tratarán de buscar compensaciones a su colaboración, que bien podrían ir por un compromiso sobre los bancos en crisis, precio del dinero, política del crédito oficial y papel de las cajas de ahorro.

El PSOE planteaba en su programa electoral su voluntad de que el Estado utilizara la legislación para adquirir los bancos en crisis cuando éstos hubieran sido saneados con fondos mayoritariamente públicos. En estos momentos, el Banco de Descuento, el Banco de Levante y el grupo de Banca Catalana están siendo administrados y saneados a través del Fondo de Garantía de Depósitos y con las cantidades adelantadas por el Banco de España. La impresión actual es que el primer banco que abandonará la tutela del Fondo no será adquirido ni por el Estado directamente ni por el Banco Exterior de España (el más público de los bancos privados).

Otro de los temas que querría discutir la banca en las mencionadas negociaciones sería la posibilidad de que el Gobierno se comprometiera a rebajar sustancialmente los tipos de interés en sus emisiones de deuda. En el pasado año, los grandes bancos acusaron a estas emisiones de encarecer notablemente la captación de pasivo y, en consecuencia, hacer imposible una reducción de los costes en las operaciones de activo.

La reestructuración de las entidades oficiales de crédito y su papel dentro del sistema financiero a medio plazo, que puede afectar de forma muy diversa a la banca privada, serían el tercer tema de las conversaciones.

La no adquisición por el Estado de entidades en crisis limitaría la competencia que la banca oficial empieza a hacer a las instituciones privadas. No hay que olvidar que el propio partido socialista ha insistido en distintas ocasiones en la necesidad de que la banca oficial desempeñe un papel más importante en el sistema financiero.