Dimisiones en las empresas públicas

LAS DIMISIONES, aceptadas por el Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, de varios altos cargos de empresas oficiales han revelado a los sorprendidos ciudadanos alejados de las interioridades del aparato estatal los nombres y apellidos de personas que, hasta ayer, desempeñaban puestos de elevada representatividad, asociada probablemente a interesantes remuneraciones, en el sector público.El Gobierno socialista parece dispuesto a que los cargos públicos prediquen con el ejemplo en esa batalla por la austeridad y la moralización que Felipe González esgrimió durante su campaña electoral. A este respecto, convendría que las cuentas de los dineros presupuestarios estuvieran siempre claras, de forma tal, que los ingresos monetarios netos que retiran para su economía doméstica los perceptores de una nómina pública -en un Ministerio, en las Cortes Generales, en la banca oficial o en las empresas estatales- no quedaran difuminados en la confusión de esos diversos renglones (sueldo base, gastos de representación, pluses, etcétera). De nada serviría, así, disfrazar un aumento global de retribuciones mediante el truco de fundir el moderado incremento oficial de un sueldo base con el desaforado crecimiento de unas dietas que fueran, en realidad, una parte de los honorarios que los funcionarios o los diputados se llevaran en la cartera a sus casas.

Salvo en casos excepcionales rayanos con la corrupción o el abuso, el impetuoso florecimiento del sector privado en España durante las dos últimas décadas había invertido, en detrimento de los servidores de la Administración pública, como sucede en todos los países industriales, las diferencias entre las remuneraciones de los altos funcionarios y los sueldos de los ejecutivos de las empresas privadas. Sólo las economías externas, en forma de servicios administrativos, coches oficiales, gastos personales por cuenta del Presupuesto y facilidades para moverse engrasadamente por la vida sin guardar colas, y las rentas psicológicas, inherentes al ejercicio del poder, compensaban, en algunos casos sobradamente, el coste de oportunidad sacrificado. Los dirigentes socialistas habrán tenido ocasión de decepcionarse o de entusiasmarse, según sus anteriores experiencias, al contabilizar sus nóminas como ministros, subsecretarios, directores generales o altos funcionarios y al comprobar las restantes gratificaciones materiales y psicológicas que su cargo les depara.

En ese panorama, sin embargo, no encajaban los altos cargos de la banca oficial o de las empresas estatales, a quienes resultaba decididamente imposible calificar como servidores públicos. Los honorarios de buena parte de los usufructuarios de puestos digitales en la banca pública y en las empresas del INI alcanzaban, según rumores nunca desmentidos, cifras tan astronómicas en términos monetarios como incongruentes con el trabajo realizado en el desempeño de su cargo y con los méritos realizados por quienes tenían acceso a esos lujosos así los como jubilados políticos. Forzoso es señalar, sin embargo, que esa regla ha tenido y tiene meritorias excepciones. En cualquier caso, la elogiable decisión del nuevo Gobierno de frenar ese despilfarro pone fin a los justificados agravios comparativos de los funcionarios ministeriales respecto a las empresas y bancos estatales. El reajuste ya iniciado tiende a igualar las retribuciones percibidas por los diversos altos cargos de la Administración y establece principios equitativos en la asignación de sueldos. Según informaciones oficiales, los ingresos brutos de los presidentes y gobernadores de las empresas estatales y bancas oficiales no podrán sobrepasar los ocho millones anuales, techo que será de siete millones para los vicepresidentes y subgobernadores, y de seis millones para los directores generales. Así pues, las percepciones netas máximas, deducidos los impuestos, no superarán el medio millón de pesetas mensual, cantidad que resultará deslumbrante para un trabajador manual o un joven sin empleo y que sólo será mirada con desdén por los directivos de la gran banca privada y de las empresas multinacionales y por los abogados con prestigiosos bufetes, los médicos con grandes consultas particulares y los notarios y registradores con buenos destinos.

La introducción de la austeridad en los altos cargos del sector público no puede hacer olvidar, por supuesto, que las empresas estatales actúan dentro de un mercado competitivo. Cabría, así pues, aducir que la empresa pública y la banca oficial deberían estar en completa libertad para pagar los mismos sueldos que el sector privado, a fin de poder contratar, en igualdad de condiciones monetarias, a los mejores técnicos y especialistas. No parece, sin embargo, que el argumento resista la prueba de la realidad de cada día. El clientelismo está de tal forma asociado con la profesionalidad del poder, que los altos cargos pueden fácilmente ser asignados no en función de la competencia técnica personal, sino como resultado de las fidelidades del amiguismo, los agradecimientos por favores pasados o futuros, las intrigas perseverantes de pasillo, la veteranía de las militancias, las compensaciones a los políticos descolgados o la neutralización de los políticos descontentos. Esta fue, al menos, la estrategia del anterior régimen, y también de los Gobiernos centristas. De añadidura, los gestores de bienes públicos no tienen el control de los ejecutivos de empresas privadas, porque el sector estatal nunca se ve amenazado de verdad por la suspensión de pagos o la quiebra. Sólo cuando se diera la imposibilidad de cubrir con personas competentes los cuadros directivos del sector público, como consecuencia de que faltaran profesionales dispuestos a trabajar en los bancos oficiales o las empresas estatales por seis, siete u ocho millones de pesetas al año, cabría criticar por su maximalismo al Gobierno socialista. No parece, en verdad, que ese supuesto se halle a la vuelta de la esquina. Entre tanto, parece obligado elogiar una medida que puede parecer el chocolate del loro únicamente a quienes se lo merendaban en solitario, pero que será consideradada por la mayoría de los ciudadanos, en tanto que contribuyentes, como una decisión congruente con el programa de moralización y austeridad del Gobierno de Felipe González.