Francia recurre a medidas policiales contra el terrorismo independentista en Corcega

El Gobierno francés ha nombrado comisario de la República, dele, gado para el mando de toda la policía de Córcega, al super-flic y especialista de los golpes duros Robert Broussard. En el Consejo de Ministros de ayer, también en el marco del plan antiterrorista a implantar en la isla de belleza, el Gobierno probibió expresamente la existencia del Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC) y reorganizó los servicios policiales con el fin de "garantizar la tranquilidad pública, la seguridad en general y la seguridad de los bienes y de las personas".

Este arsenal de medidas, destinado a combatir al movimiento separatista FLNC, significa un giro de 180 grados respecto a la política corsa que se había propuesto el Gobierno del presidente François Mitterrand al inicio de su mandato en mayo de 1981Con el fin de "aplicar la ley republicana", según el deseo expreso del presidente de la República, el Consejo de Ministros respondió ayer a la última ola de atentados y al cobro del impuesto revolucionario, obra del FLNC, con una serie de medidas policíales que la opinión general valora como el punto final de la política de comprensión del Gobierno Mitterrand hacia los separatistas clandestinos del FLNC.

Tras la sustitución, hace tres días, de dos de los máximos dirigentes de la policía corsa, ayer fue nombrado jefe supremo y coordinador de todas las fuerzas del orden de la isla Robert Broussard, especialista en misio nes especiales y ex jefe del comando antidisturbios en tiempos del giscardismo. El contingente policial, de 1.500 números en la actualidad (en Córcega habitan 230.000 personas), será aumentado y se privilegiará a los policías voluntarios continentales.

Con la prohibición expresa del FLNC, que ya había sido disuelto durante el septenio anterior y con la reorganización de la policía, las autoridades actuales entienden responder a la violencia de quienes "intentan romper la unidad nacional, más de dos veces centenaria". El Gobierno se apoya, para decretar la disolución del movimiento clandestino, en una ley de 1936 sobre los grupos de combate y las milicias privadas, dados la forma militar de la organización de este movimiento, las acciones de terrorismo que reivindica y los objetivos que persigue abiertamente, atentando con ello contra la integridad del territorio nacional'.

El Gobierno socialista, cuando accedió al poder en mayo de 1981, se mostró generoso con los militantes corsos, independentistas o autonomistas. Por aquel entonces, el Gobierno giscardiano mantenía en la cárcel a 150 personas, que fueron liberadas por el mitterrandismo sin condición alguna. Al mismo tiempo, fueron dadas órdenes estrictas a la policía respecto a la pacificación y, desde entonces, no se ha producido ni el más mínimo signo de represión.

Represión

El Gobierno giscardiano había seguido la política contraria: en el plano político, la represión campaba, y en el económico, las subvenciones a la hora del reparto se traducían muchas veces en subsidios para los caciques o clanes que han dirigido siempre la isla. Los socialistas practicaron la clemencia política y dotaron a Cárcega de un estatuto particular, con poderes económicos y culturales que la República centralista nunca había concedido.Hoy la determinación de los dirigentes socialistas indicaría que la respuesta policial es un hecho. La mayoría de la opinión aplaude la firmeza gubernamental, pero los más conocedores del problema anotan por anticipado los complejos resultados que puede dar la represión. Es cierto que Córcega lleva más de doscientos años atada al continente, tal como lo recordaba ayer el Consejo de Ministros. Pero no es menos cierto que tanto espacio de tiempo no fue capaz de apagar una especificidad que, desde hace un cuarto de siglo, se ha manifestado de manera más o menos violenta. Y esto porque durante dos siglos Cárcega fue esencialmente, como todas las regiones periféricas galas, manantial de hombrespara las guerras, objeto de vejaciones económicas y de sectarismos sociales. Todo ello, con la ayuda del estatuto particular socialista, es encajado hoy por la gran mayoría de los corsos, "pero una franja de la juventud es seducida por el FLNC", anotaba ayer el enviado especial del diario independiente Le Monde.

Sobre el movimiento clandestino, nadie es capaz de formular su representatividad que, en todo caso, es superminoritaria. Pero una parte de los autonomistas, si la represión se abatiera sobre la isla, se solidarizaría probablemente con los independentistas. Actualmente, el movimiento autonómico del doctor Simeom (Unión del Pueblo Corso) y otros dos grupos, ínfimos cuantitativamente, suman el 14% de la población. Simeoni, ayer, refiriéndose a la situación tensa que reina en la isla, declaró que su partido condenaba categóricamente la violencia y el impuesto revolucionario, y añadió: "El Gobierno no tiene política para Cárcega, al dudar entre la debilidad y la represión. Ha escogido la vía del rechazo, que hiere la tradición corsa de la solidaridad y que favorece la situación reinante en la actualidad". Refiriéndose a dicha situación, concluyó: "En lo sucesivo, la vía de la represión es inevitable". Al conocer las nuevas medidas, Simeoni expresó sus dudas y estimó que como jefe de la policía "habría que haber nombrado a un hombre con otra trayectoria". Nadie niega la buena voluntad del Gobierno actual, pero hoy, como en tiempos del giscardismo o del gaullismo, el desconocimiento de la psicología corsa en París no fue ni es ajeno a la evolución del caso corso.