En 1983 se incrementará la presión fiscal sobre el sector agrario

Las organizaciones agrarias han solicitado una política de concertación para efectuar la reforma fiscal del sector agrario, ya que durante el año próximo entrará en vigor la nueva estimación objetiva singular del sector agrario, que eleva el coeficiente del 6%, sobre un volumen de ventas de hasta diez millones, al 40% para el olivar, vid y cultivos hortofrutícolas; al 20% para los restantes cultivos; al 12% para Las actividades ganaderas, y al 40% para las forestales. Paralelamente, también entrará en vigor la nueva base imponible de la contribución rústica y pecuaria, que en algunos casos su un incremento del 300% sobre la cotización actual.

De acuerdo con la actual normativa, el próximo 1 de enero comenzará a aplicarse la modificación del sistema simplificado del régimen de estimación objetiva singular del sector agrario, prevista en la orden ministerial de 25 de marzo de 1981. Por medio de esta disposición se modificaron, sin previa negociación ni consultas con las organizaciones profesionales agrarias, los coeficientes que se aplicaban para el cálculo de este impuesto, que en la agricultura era hasta este momento del 6% sobre un volumen de ventas de hasta diez millones de pesetas.A partir de ahora, el coeficiente que deberá aplicarse es del 40% sobre el mismo porcentaje de ventas para el olivar, la vid y los cultivos hortofrutícolas y el 20% para los restantes cultivos agrícolas. En las actividades ganaderas, el nuevo coeficiente será del 12%, y en las actividades forestales, del 40%.

El contenido de esta disposición provocó una fuerte reacción desde todos los sectores, pero principalmente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) y de la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias (CONCA), y fruto de ella fueron, de un lado, la orden ministerial de 27 de julio de ese mismo año, mediante la que se aplazaba hasta 1982 la entrada en vigor de la anterior orden, y, de otro, la apertura de negociaciones en el seno del Ministerio de Hacienda.

A principios de este año se celebraron reuniones entre representantes de los ministerios de Hacienda y Agricultura y miembros de la CONCA y de la CNAG, rama agraria de la CEOE, aplazándose la entrada en vigor de esta nueva normativa hasta 1983 a causa de los efectos de la sequía y de la grave situación por la que atravesaba el sector agrario. Al mismo tiempo se decidió celebrar nuevas negociaciones entre las partes afectadas a lo largo de este año, con el fin de hallar una solución intermedia que rebajara los porcentajes antes citados y para no poner en práctica unas medidas tan importantes de espaldas al sector agrario. Sin embargo, estos contactos previstos no han llegado a realizarse. ,

Nueva prórroga

En opinión de la CNAG, este nuevo sistema es injusto y "su complejidad burocrática obligará a cada agricultor y ganadero a echarse en manos de una gestoría y a tener que llevar un cóntrol exhaustivo de todos y cada uno de los pagos y cobros que realiza. Por ello se ha dirigido en diversas ocasiones al Ministerio de Hacienda pidiendo nuevas negociaciones, sin que lo haya logrado.Durante los últimos días, y ante la entrada en vigor de los nuevos coeficientes, han pedido a las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura una prórroga urgente de otro año, motivada igualmente por la sequía y durante la cual deberían negociarse los coeficientes definitivos.

Paralelamente, en un decreto de 9 de julio de este año, se estableció la rectificación quinquenal de la base imponible de la contribución rústica y pecuaria, a través de la creación de unos consorcios para la gestión e inspección de las contribuciones territoriales. En ellos sólamente están representados miembros de la Administración fiscal y de los ayuntamientos, que son los perceptores de estos impuestos. Sin embargo, no hay ningún miembro de las organizaciones agrarias ni de las cámaras agrarias. Por lo que respecta a Ios representantes de los ayuntamientos, tienen escasa vinculación con el sector agrario, ya que, por regla general, pertenecen a los consistorios de las capitales de provincia y ciudades más importantes de las mismas.

Los trabajos de estos consorcios, que afectarán a un total de 2.500.000 explotaciones agrícolas y ganaderas aproximadamente, están finalizando en estos momentos, y saldrán a información pública en los próximos días. Sin embargo, en el caso de algunas provincias, como Valladolid, ya han finalizado y, según la Asociación Empresarial Provincial Agraria (AEPA), el incremento de la base imponible alcanza el 300% en la mayor parte de los casos.

La CNAG ha solicitado la modificación de la citada orden ministerial para incluir en los consorcios dos representantes de la Cámara Provincial Agraria, por lo menos, y que se revisen los trabajos efectuados por los mismos hasta ahora. Esta organización, junto a Jóvenes Agricultores y la Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), ha pedido también que se dé mayor información a agricultores y ganaderos y que se cuente con las organizaciones del sector.

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