El Gobierno rebaja al 7,5% la subida de tarifas eléctricas

La Administración, a través de representantes de los ministerios económicos, aceptó ayer en la Junta Superior de Precios la propuesta de reducir la anunciada subida de tarifas eléctricas desde el 13,88%, pedido por el sector, al 7,5% admitido por el Ministerio de Industria, según fuentes oficiosas. Este porcentaje, que será analizado la semana próxima por la Junta y luego pasará a Consejo de Ministros, tendrá carácter de anticipo desde enero próximo, a la espera de una aditoría más profunda que la presentada por las compañías eléctricas.

El Ministerio de Industria también ha presentado ya al resto de la Administración y demás integrantes del organismo consultivo de precios (sindicatos, patronal y organizaciones de consumidores) sus propuestas de elevación de precio para los carbones térmicos y gases domésticos e industriales. En los primeros, también sin observaciones de ningún otro ministerio, la pretensión de los empresarios ha sido también reducida del 12,10% al 10,4%. Para los gases, que tenían solicitado un 20% de incremento medio (9,23% butano, 14% el natural de usos domésticos y comerciales y 24% el de Catalana de Gas, por citar algunos), Industria ha informado favorablemente el 17% de promedio.Para no perjudicar a los respectivos sectores empresariales, el Gobierno ha expresado interés en que las subidas entren en vigor desde principios de 1983.

Sin embargo, no ha sido confirmado todavía la existencia del informe de la Administración que esgrimió el secretario general de la CEOE, José María Cuevas, al presentar el miércoles la posición patronal de cara a las reuniones de la semana próxima con sindicatos, en el sentido de que la reducción de horas senlanales de trabajo a cuarenta supone 3,5 puntos de incremento salarial. Mientras algunos círculos financieros consideran insostenible la banda salarial propuesta, apoyados en que los órganos ejecutivos de la Asociación Española de la Banca no habían estudiado la posición de su presidente, Rafael Termes, ha trascendido que ni el Ministerio de Trabajo ni la CEOE se muestran capaces de cuantificar el efecto de la reducción de jornada.

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