15.000 personas han comprado acciones de Banca Catalana
Unas 15.000 personas han suscrito acciones en la ampliación de capital de Banca Catalana, según la pública rendición de cuentas que realizó ayer el presidente provisional de la entidad y secretario general del Fondo de Garantía de Depósitos, Juan Antonio Ruiz de Alda.El total suscrito por el público ha ascendido a 525 millones de pesetas, a los que deben sumárseles los mil suscritos por la Caja de Pensiones (la Caixa) y por otra empresa, lo que totaliza 1.711 millones de pesetas. El resto, hasta 15.343 millones de pesetas, ha sido cubierto por el Fondo.
De las 15.000 personas que han suscrito, 7.000 lo han hecho dirigiéndose directamente a las ventanillas de la entidad y no poseían anteriormente ninguna acción. Otros 3.000 compradores eran antiguos accionistas, que han decidido suscribir después de haber visto reducido casi a cero el valor de sus antiguos títulos. Finalmente, cerca de 5.000 han adquirido acciones como consecuencia de la campaña encabezada por el comerciante y promotor nacionalista Josep Espar Ticó. Un promedio estimativo indica que el grupo de los 7.000 ha invertido cerca de 80.000 pesetas per cápita, y que el grupo nacionalista ha destinado una cantidad testimonial algo superior a las 5.000 pesetas por persona. Un núcleo significativo de empleados de la entidad, 578 concretamente, también han suscrito la ampliación.
Se da la circunstancia de que algún empresario ha sustituido el tradicional lote navideño por un pequeño paquete de acciones del banco para cada uno de sus empleados. Entre los antiguos accionistas que han optado por suscribir se encuentra alguno de los grupos que en la junta general pidió, sin éxito, que se exigiesen responsabilidades a los antiguos gestores.
Si bien la cuantía de lo suscrito individualmente es limitada -525 millones-, Ruiz de Alda la valoró como "muy importante, considerando que los suscriptores saben que van a tener un amplio compás de espera hasta que puedan percibir los primeros frutos de su inversión". Su estimación, cuya efectividad depende de los aciertos de la gestión del grupo en los próximos años y de la evolución de la coyuntura, es que puede tardarse de tres a cinco años en repartir dividendos.
El presidente del banco indicó también su propósito de no agotar el plazo de un año que tiene el Fondo para vender su participación, de casi 14.000 millones. A partir de enero pondrá a la venta, de forma paulatina, este paquete. Para ello se pondrá en contacto con empresas e instituciones catalanas, a fin de que la colocación de su paquete a éstas "suponga, de hecho, el mantenimiento de las raíces catalanas" de la entidad. "No cabe duda", insistió Ruiz de Alda, "que para alcanzar esta meta, además de la voluntad del Fondo, se necesita una respuesta institucional en Cataluña".
Al mismo tiempo que se ha procedido al cierre de la ampliación, ha empezado a llegar al banco la mayor parte de las ayudas a que se comprometió el Fondo en la junta extraordinaria: ha comprado ya activos fallidos por 37.277 millones de pesetas; ha asumido directamente pérdidas por 5.542 millones (las no cubiertas mediante la reducción del capital) y ha otorgado un préstamo sin interés de 17.179 millones, a diez años y con cinco de carencia. La situación del grupo de empresas "está en el punto cero" tras la asunción de créditos fallidos. El anuncio de una política inversora estrictamente profesionalizada implicará que alguna pueda tener problemas, lo que en ningún modo es generalizable al conjunto. Las otras ayudas al grupo, en formas de inyecciones de liquidez desde el Banco de España, que deben devolverse a medio plazo, llegaron a alcanzar los 120.000 millones, pero esta cantidad "ya se ha ido reduciendo".
La culminación de la operación de saneamiento significa que "a primeros de enero, las operaciones corrientes de Banca Catalana serán altamente rentables". Por otra parte, la actividad propiamente bancaria ha empezado a recuperarse.
En el asunto de las responsabilidades, Ruiz de Alda dijo que la inspección del Banco de España, actualmente en marcha, ha detectado numerosos errores que pueden dar lugar a sanciones administrativas a los antiguos gestores (exclusión del Regístro de Bancos y Banqueros), "pero su impresión no es de que se haya incurrido en otro tipo de figuras".
