El caso legal de las viviendas oficiales hace que la Generalitat rechace este traspaso
La Conselleria de Ordenación Territorial y Obras Públicas rehusó los traspasos de las viviendas de promoción pública por el lamentable estado y por la irregular situación jurídica en que la mayoría de ellas de encuentran, según consta en un informe de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat.
El resto de las competencias, las que afectan a promoción de nuevas viviendas, son efectivas a partir del primero de diciembre. La Administración central dispone de un plazo de cinco años para normalizar la situación para que puedan completarse los traspasos a la Generalitat.
El parque de viviendas de promoción pública en Cataluña se aproxima a las 58.000. Su situación es tan caótica que "era técnicamente imposible su traspaso", afirma Joan Rafols, director general de Arquitectura y Vivienda. Las características que definen estas viviendas son, en base al informe de la Generalitat, "la baja calidad de los materiales y componentes constructivos, y una ejecución relativamente descuidada". A estos factores negativos hay que sumarles la irregular situación legal de muchas de ellas, que podrían comportar -según fuentes de la Dirección General- "una clara responsabilidad administrativa". Unas 20.000 viviendas construidas por la antigua Obra Sindical del Hogar o por el Instituto Nacional de la Vivienda están siendo ocupadas sin el correspondiente contrato. Las razones que provocaron esta situación se deben imputar a la insuficiencia de personal y de medios técnicos en los momentos de concesiones masivas de viviendas.
