El Gobierno nombró a 26 gobernadores civiles, entre ellos una mujer
En una nueva y larga tanda de nombramientos -76 en total-, el Gobierno designó ayer a la mitad -veintiséis- de los gobernadores civiles, entre ellos los de provincias tan importantes como Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa. Dejó sin cubrir, no obstante, plazas como Madrid, Sevilla o Valencia. Como novedad destaca que una mujer, Rosa de Lima Manzano, se hará cargo de un Gobierno Civil (Palencia). Luis Antonio Burón fue nombrado fiscal general del Estado. No se convirtieron en oriciales, sin embargo, los nombramientos de los directivos del gabinete de Presidencia del Gobierno, Roberto Dorado y Francisco Fernández Marugán.
Con los nombramientos acordados ayer -la mayor parte, correspondientes a Presidencia, Interior y Economía, Hacienda y Comercio- son ya cerca de doscientos los altos cargos renovados en la Administración, de los cerca de 2.000 que se prevé lo serán, en total, por el Gobierno socialista. Las presidencias de empresas públicas y las embajadas fueron dejadas ayer aparte por el Consejo, que se ocupará de ellas en próximas reuniones.Tampoco se abordaron las previsibles subidas de precios derivadas del aumento en los carburantes. Sin embargo, varios departamentos -como Transportes, Agricultura e Industria- se ocupan ya de estudiar estas futuras subidas, que, probablemente, no se producirán hasta después de las fiestas navideñas.
El Gabinete acordó también medidas sociales, entre ellas instruir un expediente a la compañía Raelca, por fraude en el envasado y comerci aliz ación de sus aceites de oliva, adulterados con grasas animales y aceite de colza, en proporciones de hasta un 75%. Una multa de cien millones de pesetas y el cierre definitivo de la planta envasadora fueron las decisiones adoptadas. También se acordó una inversión de más de 6.000 millones de pesetas destinados a reparar los daños de las recientes inundaciones en la zona mediterránea.
El tema prioritario de la reforma administrativa comenzó a ser abordado en el Consejo de ayer. Los ministros recibieron instrucciones del titular de Presidencia, Javier Moscoso, para que tomen determinadas medidas con objeto de agilizar el servicio al público y reducir gastos suntuarios. Tan sólo los ministros, secretarios de Estado y subsecretarios tendrán derecho a utilizar vehículo oficial. Estas instrucciones, junto con las medidas sociales antes citadas, consumieron la mayor parte de un Consejo pródigo en nombramientos, pero escaso en medidas legislativas.
El Consejo -también aprobó, a propuesta del ministro de Cultura, seis reales-decretos de declaración de conjunto histórico-artístico a otras tantas ciudades.
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