La austeridad preside el nuevo programa económico mexicano

Austeridad es, desde hace dos semanas, el santo y seña de la nueva Administración mexicana. A su conjuro, Miguel de la Madrid ha elaborado un programa económico casi de manual, al que los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) no podrán oponer serios reparos. Su ministro de Presupuesto, Carlos Salinas, se ha visto en dificultades para explicar a los diputados de izquierda que el Gobierno no renuncia a sus objetivos sociales ni se convierte al neoliberalismo.

El nuevo presidente ha anunciado a los mexicanos que su plan económico será doloroso como una intervención quirúrgica, para añadir que no hay otra alternativa. Los expertos admiten que puede tener razón, pero no ocultan su temor a estallidos sociales, ya que la mayoría sólo podrá hacer frente a las subidas generalizadas de precios reduciendo aún más su ya escasa dieta.

El delirio de López Portillo de administrar la abundancia terminó en miseria colectiva y un endeudamiento sin precedentes. Miguel de la Madrid ha garantizado que México pagará sus deudas, y para ello se dispone a aplicar al pie de la letra las exigencias que el FMI suele presentar a las naciones que han vivido por encima de sus posibilidades hasta endeudarse al límite de la insolvencia.

Nuevos impuestos y precios realistas para reducir el déficit público, moderación salarial y realismo cambiario son las recetas que el nuevo presidente ha calcado del libro del FMI.

La apuesta más arriesgada, por su incidencia social, será la reducción del déficit fiscal. El ministro de Presupuesto ha reconocido que ninguna nación se había visto hasta ahora forzada a reducir su endeudamiento público desde un 16,5% del producto interior bruto (PIB) a un 8,5%. Admite que será terrible, pero dice que no hay solución de recambio.

700.000 nuevos empleos

Paradójicamente, Carlos Salinas anuncia que este año próximo se crearán 700.000 nuevos empleos. Si ello va a lograrse sólo con más impuestos y subidas de precios en el sector estatal, el coste puede ser insorportable.Los nuevos impuestos van a gravar fundamentalmente el consumo, y no sólo el de los sectores más ricos. Estos, es cierto que deberán pagar hasta un 20% de IVA en artículos suntuarios, pero también las clases populares se resentirán con la subida del 15% en el IVA de algunos productos de primera necesidad.

Cuando el Estado advierte que va a cobrar un precio real por sus servicios (transportes, agua, luz, teléfonos, combustibles), no hace sino anunciar una reducción en los niveles de vida de los sectores sociales que viven de un salario o que, incluso, carecen de él. En este caso, el peso de la crisis recae sobre las clases medias.

Como única arma de convencimiento, el Gobierno trata de poner énfasis en su propia austeridad. Por primera vez, los mexicanos conocen los sueldos de sus más altos funcionarios. El presidente percibirá un millón de pesos al mes, que se reducen a 480.000 después de deducir los impuestos. El sueldo real de un ministro queda en 256.000 pesos; el de un subsecretario, en 147.000, y el de un director general, en 76.000.

Otro decreto acaba de delimitar, por otra parte, el uso de los signos externos del poder. Ya no habrá aviones oficiales para viajes de placer, y los desplazamientos se harán, preferentemente, en vuelos regulares. Los ministros sólo podrán usar dos coches oficiales y uno los altos funcionarios, cuando en el Gobierno anterior hubo quien llegó a disponer de 44.

Sólo la defensa nacional queda exceptuada de la prohibición rigurosa de aumentar el cuerpo de funcionarios, al que ya pertenecen 1,5 millones de mexicanos.

La austeridad presupuestaria se llevará consigo algunos capítulos sociales, tales como los subsidios a los alimentos, que hicieron posible la subsistencia de millones de mexicanos que ni siquiera alcanzan el salario mínimo de 11.000 pesos mensuales.