El documento de la CEOE

UNA DE las mas tranquilizadoras noticias de la etapa postelectoral ha sido la proclamación por los dirigentes de la CEOE de su voluntad de alcanzar acuerdos con el Gobierno de Felipe González. El cuidado y la atención prestados por, las autoridades socialistas a esa oferta de diálogo terminan de perfilar una esperanzadora perspectiva de entendimiento entre el poder político y la organización que agrupa a los líderes empresariales. La gravedad de la crisis económica, al reducir los márgenes para la maniobra y limitar las salidas para los problemas, refuerza el reflejo de los agentes sociales a buscar la colaboración y evitar el enfrentamiento. Con el trasfondo de una economía doméstica dependiente de las oscilaciones del mercado mundial, el diálogo, la negociación y los acuerdos entre el poder político y los centros de decisión sociales se imponen como una necesidad absoluta, cualesquiera que sean las diferencias ideológicas entre los interlocutores y las discrepancias entre sus propuestas para resolver los males de una situación que envía señales tan desesperanzadoras como las últimas cifras de paro -más de dos millones de trabajadores- registradasTras hacer un rápido repaso de la situación económica, el documento de 58 páginas elaborado por la CEOE con el objetivo de ratificar su voluntad de diálogo y definir sus posiciones ofrece un catálogo de sugerencias al servicio de una política económica para la recuperación y el empleo. El informe ha preferido seguir una línea de recomendaciones específicas en lugar de elegir el diseño de una política global de corte macroeconómico. El enfoque adoptado permite plantear, desde el punto de vista empresarial, soluciones específicas para conseguir el saneamiento y reajuste del aparato productivo. Sin embargo, el carácter encomiablemente concreto de las recomendaciones no se sitúa en ninguna perspectiva global capaz de suscitar un mínimo de entusiasmo. El documento, dominado por el aburrimiento que suele colorear los informes oficiales y los programas de los partidos, es algo así como el catálogo de preceptos que podría formular un buen administrador para sanear las cuentas de una familia bien venida a menos.

El informe de la CEOE insiste en la necesidad de reducir el déficit del sector público, aboga por una mayor flexibilidad del marco legal de relaciones laborales y propone una negociación de los incrementos de las retribuciones laborales en término de salario-hora. Los redactores del documento temen una intensificación de la presión fiscal en el caso de que no se produzca una reducción del déficit público, lo que significaría, en una situación de estancamiento de la producción de bienes y servicios, el retroceso del sector privado y un aumento, en la misma proporción, del sector público. Esta desviación de recursos desde la sociedad hacia el Estado no sería, sin embargo, un juego de suma cero, ya que la eficacia del sector público, según el punto de vista de los empresarios, es muy inferior al del sector privado y podría conducir, a medio plazo, a un retroceso global de la actividad económica. El déficit público tiene, además, influencias muy adversas sobre la financiación de los sectores productivos. Frente a un comportamiento estancado o negativo del ahorro, la concurrencia del sector público y del sector privado en los mercados financieros produce un encarecimiento de los tipos de interés de los créditos, repercute de manera directa en los costes empresariales y reduce las expectativas de las empresas tanto en lo que concierne a los beneficios como en lo que se refiere a la expansión. Además, el crecimiento total del crédito por encima de los depósitos es un indicador de que el país está viviendo por encima de sus posibilidades y ha de acudir al endeudamiento exterior para mantener su funcionamiento. Finalmente, el déficit causado por el crecimiento de los gastos públicos soporta a un conjunto de Administraciones cuyo mantenimiento resulta demasiado caro. El informe subraya de manera brutal cómo entre 1976 y 1981 los gastos corrientes de las administraciones públicas han pasado del 22,8% al 30,3% del PIB, es decir, que los gastos de inversión, incluyendo las transferencias de capital, mantienen un nivel absoluto muy parecido al de hace unos años.

El informe de la CEOE afirma que los costes salariales unitarios aumentaron en España, entre 1975 y 1981, a un ritmo medio anual del 20%, frente al 10% de la CEE, pero reconoce que estos datos encubren la importante moderación que se ha producido en 1980 y 1981, parcialmente contrarrestada por la reducción de la jornada laboral durante este último período. Los empresarios aspiran, en el terreno de las relaciones laborales, a la desaparición de trabas y requisitos administrativos sobre los contratos temporales, los trabajos a tiempo parcial, los expedientes de regulación de empleo y los mecanismos indemnizatorios en los casos de suspensión de la relación laboral. En este dominio, las centrales sindicales han expresado reiteradamente su resistencia a una modificación del régimen vigente. Ahora bien, en tanto que la negociación salarial y el funcionamiento del mercado laboral tienen como principales interlocutores a los agentes sociales -empresarios y sindicatos- que ejercen su autonomía en este ámbito, el diseño legal de las relaciones laborales es competencia de las Cortes Generales. El nuevo Gobierno, que dispone de una cómoda mayoría parlamentaria respaldada por casi diez millones de votos, tendrá que arbitrar soluciones claras y contundentes en la perspectiva de que el paro continúa siendo el mas grave problema que atenaza a nuestra sociedad y exige una acción inmediata de los poderes públicos. La pregunta decisiva a este respecto, y para la que no existe una contestación segura, es saber si la solidaridad con los parados pasa por una modificación de la normativa de relaciones laborales, a fin de establecer una comunicación de doble dirección entre la población empleada y la población desempleada, o si la alteración de ese marco legal tan sólo facilitaría la destrucción de puestos de trabajo y el crecimiento en términos absolutos del paro registrado. La flexibilidad de plantilas no es, sin duda, un remedio milagroso, pero la rigidez del actual marco laboral, muy superior al resto de las economías industriales, tampoco parece haber sido un arma eficaz contra el paro, si se toma en consideración no sólo el número de españoles desempleados sino también la incapacidad de nuestra economía para generar un solo nuevo puesto de trabajo desde hace ya bastantes años. En cualquier caso, parece claro que el modelo laboral heredado del antiguo régimen ha dejado de ser una conquista para esos amplios sectores de la clase trabajadora que esperan en el frío y en la desesperanza del desempleo la reactivación, sin plazo definido, de la actividad económica.