Los fiscales denuncian la escasa capacidad de que disponen para el control de la legalidad
Los fiscales españoles, reunidos este fin de semana en Benalmádena, (Málaga) para celebrar el segundo congreso de su asociación, han puesto del manifiesto en diversas comunicaciones la escasa capacidad organizativa del ministerio fiscal para ejercer el control legal de las situaciones de detención y de prisión preventiva.
ENVIADO ESPECIAL, Este problema, de gran incidencia social, fue abordado en el marco más general de una de las ponencias básicas del congreso relativas a la actuación del ministerio fiscal en los procesos judiciales, tanto de carácter penal como laboral y civil, con expresa referencia a los procedimientos de separación y divorcio.Junto a este tema, también figuran en el orden del día del congreso otras ponencias de carácter más estrictamente profesional como la propuesta de reforma de los estatutos de la asociación y una de gran trascendencia política, en la que se reivindica el carácter de órgano estatal del ministerio fiscal, totalmente independiente del ejecutivo en el marco de una concepción rupturista con la legislación anterior.
La asociación de fiscales de España, única en este ámbito profesional e institucional, agrupa a más de la mitad de los seiscientos fiscales que forman actualmente el ministerio fiscal, tras la integración en el mismo de los antiguos fiscales de distrito.
Una de las tareas del congreso de Benalmádena será la elección de los candidatos que la asociación de fiscales propone para formar parte del Consejo Fiscal, órgano de carácter democrático al que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal atribuye exclusivamente funciones de carácter consultivo, y que todavía no ha sido constituido.
Dentro de la ponencia relativa a la actuación del ministerio fiscal en los procesos judiciales el fiscal de Oviedo Jesús Bernal presentó una comunicación en la que denunció la escasa capacidad organizativa del ministerio fiscal para controlar la situación de detención acordada por autoridades o funcionarios policiales y la de prisión preventiva.
Las mismas dificultades que en el ámbito penal encuentra la actuación del ministerio fiscal en los procedimientos civiles, en los que la falta de medios económicos y periciales hace muy difícil la concreción del daño y la determinación del perjuicio, y cuya ejecución, generalmente lenta, exigiría la vigilancia constante de la ejecutoria, tarea que no se realiza.
