Fernando Ledesma: "El cambio radica en que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en la justicia"

Pregunta. ¿Qué criterios ha tenido usted en cuenta para la selección de su equipo?Respuesta. En primer lugar, una coincidencia ideológica con el programa socialista en términos generales; en segundo lugar, una impecable trayectoria democrática; después, una honestidad profesional y personal, y finalmente, com petencia técnica, espíritu de trabajo y capacidad para trabajar en equipo, porque, en definitiva, será en equipo como trabajemos.

P. Usted es el único miembro independiente, en cuanto no afiliado a ningún partido, del Gobierno. ¿Qué significado tiene la palabra independiente en su caso?

R. Si por independiente se quiere significar no tener un carné de partido, no tener una militancia activa en un partido, efectivamente yo soy independiente, y lo soy, como he dicho en otras ocasiones, en cumplimiento de la Constitución, que me prohibe, en cuanto magistrado que soy, pertenecer a un partido político.

Pero desde hace muchos años siempre he estado en la línea de la lucha por un sistema democrático, por el reconocimiento, el respeto y el amparo de los derechos de las personas, de las libertades públicas, y en esa lucha he estado implicado, creando juntamente con otras personas Justicia Democrática, a la que me incorporo cuando inicio mis funciones en la carrera fiscal y en la que trabajo para extender sus principios y sus ideas por toda España.

Quiero decir, por tanto, que mi compromiso con la lucha por la democracia ha sido permanente y que, en concreto, mi coincidencia con los planteamientos socialistas es también desde hace muchos años. En ese sentido, yo, que me considero dependiente de mis ideas, no puede decirse que sea en absoluto independiente del programa, de la escala de valores y del proyecto de sociedad socialista.

P. Un antiguo miembro de Justicia Democrática ha llegado a ser ministro de Justicia. Este hecho histórico exige que se explique públicamente lo que significó este movimiento de jueces, magistrados y fiscales en los últimos años de la dictadura, y si el programa que propugnó se ha realizado en el Estado democrático.

R. Justicia Democrática significó la coincidencia de un amplio grupo de jueces, magistrados y fiscales, que comprenden pronto que no era posible realizar plenamente la función judicial en el contexto de una dictadura y que solamente se puede ser juez que ampara derechos fundamentales allí donde los derechos fundamentales están reconocidos.

La incomodidad que significaba el ejercicio de la funciónjudicial en un contexto completamente antagónico a esa idea fue la que estimuló la agrupación de esos jueces y fiscales que desde el primer momento plantean la necesidad de contribuir con su esfuerzo, con su lucha y con su responsabilidad, a la instauración en España de un sistema democrático.

Por ello, juntamente con otras organizaciones ciudadanas y con los entonces proscritos y perseguidos partidos políticos, Justicia Democrática se implica, corriendo graves riesgos, en una actuación para tratar de traer a España lo que finalmente llegó con la promulgación de la Constitución en 1978.

En cuanto al programa y a las ideas de Justicia Democrática, sustancialmente están recogidas en la Constitución. Justicia Democrática siempre habló de la independencia del poder judicial e incluso propuso la creación del Consejo General del Poder Judicial, y felizmente eso se recogió en la Constitución. Pero una justicia democrática es una justicia que siempre está en proceso de avance, que nunca es una realidad acabada, y en ese sentido no se puede decir que a lo que nosotros aspirábamos esté en estos momentos totalmente realizado.

P. ¿En qué aspectos podría concretarse el cambio propugnado por el partido socialista en el área de la justicia?

R. Para eso hay que partir de una indagación realista y auténtica de la situación actual. La situación actual revela que existe una crisis de confianza respecto de la Administración de justicia. El cambio radica en recuperar esa confianza. En recuperar la confianza de los ciudadanos, en volver a ilusionar a todos aquellos que sirven a la justicia, en hacer que toda la maquinaria judicial se ponga a funciona precisamente para aquello para lo que está destinada; es decir, que sea realmente un aparato, una organización que sirva para llevar a los ciudadanos mayores niveles de libertad y de igualdad. El cambio radica incluso en que los jueces y tribunales tengan conciencia de que la Constitución les compromete en la tarea de remover los obstáculos que se oponen a la realización de esos valores. El cambio consiste en que los jueces comprendan que a través de la justicia se transforma la sociedad, se avanza, que las leyes no cierran todas las soluciones, que hay espacios abiertos a la interpretación creadora y progresista del juez, y en ese sentido tiene que realizarse el cambio.

Naturalmente que este cambio exige también,que en la escala de prioridades que está en la base de la programación económica de cualquier Gobierno se coloque a la justicia en el nivel que le corresponde para poder desempeñar esa importante labor.

P. Los anteriores Gobiernos también han reconocido, de palabra al menos, que la dotación presupuestaria para la justicia es pobre y escasa. El problema es si el nuevo ministro de Justicia y el Gobierno del que forma parte tienen decidido ya aumentar esa asignación en los próximos presupuestos generales.

R. En el momento en que estoy hablando con usted todavía no se ha reunido el Gobierno y, por consiguiente, no hay ninguna decisión tomada. Esta es, evidentemente, una decisión propia del Gobierno. Lo que sí está ahí es el programa electoral del partido, y en las declaraciones del que hoy es presidente del Gobierno está la afirmación de que la Administración de Justicia debe récibir un tratamiento, en los niveles jurídicos y económicos, distinto del que ha recibido hasta ahora, lo que implica el reconocimiento de una prioridad que desde luego no ha tenido hasta el momento. El compromiso está contraído en el programa electoral y, lógicamente, el programa electoral diseña, determina y fija cuáles son los objetivos a seguir. No puede haber ninguna incoherencia entre lo que allí se dijo y lo que luego, en definitiva, será..

P. Concretamente Felipe González habló en la sesión de su investidura de la gratuidad de las tasas judiciales.

R. Esa será una decisión que en el momento que estime oportuno el Gobierno se adoptará, lo cual naturalmente supone un intrumento que facilitará el acceso de los ciudadanos al servicio de la justicia. Se remueve de esta manera un obstáculo que puede oponerse al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Con la gratuidad de las tasas judiciales esa barrera desaparece y la posibilidad del amparo se presenta como algo más próximo.

Naturalmente, se tiene muy presente que esa barrera no es la única de carácter económico, que existen otras, pero ésta, que depende de una decisión política, está claramente contemplada en el programa electoral del partido.

P. Una cuestión que preocupa a los ciudadanos es la lentitud de los procedimientos judiciales. ¿Qué instrumentos piensa utilizar el nuevo equipo del Ministerio de Justicia para crear las condiciones necesarias que hagan posible la agilización de la maquinaria judicial?

R. La lentitud de la maquinaria judicial se produce como consecuencia de la conjunción de una serie de factores. Por una parte, se aplica en general en todos los órdenes jurisdiccionales un procedimiento escrito, lleno de ritos y de trámites, en el que, además, las partes tienen siempre a su alcance la posibilidad de impedir que el proceso avance con la celeridad deseable. Luego, existe un reparto o división del trabajo que no han sido puestos al día. Cuando hablo de división del trabajo me refiero a la división entre unidades jurisdiccionales. En tercer lugar, existe una oficina judicial anacrónica, sin medios tecnológicos adecuados. Puede también influir en la lentitud un sentimiento de desilusión, de que da igual que el asunto se retrase como consecuencia de la inexistencia de elementos que realicen un seguimiento de la eficacia del servicio prestado.

Todo esto se corrige a través de la introducción en los procesos de la inmediación judicial, de la oralidad, de un mayor contacto humano y de una mayor audiencia personal. Se corrige a través de unos procesos en los que se puedan evitar los trámites que lo alargan, dando mayores poderes al juez para que pueda evitar las lentitudes provocadas intencionadamente. Se corrige también con la introducción de la informática y con instrumentos de control de la prestación del servicio.

P. ¿Podrán ser ejecutadas todas estas medidas en los cuatro años de mandato del actual Gobierno?

R. Creo que sí. Desde el momento en que en el programa legislativo electoral se prevé la reforma de los procesos, la potenciación económica de los recursos adscritos a la justicia, se prevé una nueva demarcación judicial y una nueva ley de planta y existe una preocupación por la selección y perfeccionamiento de los funcionarios judiciales, se están concretando los mecanismos y las técnicas para resolver esos males. Esas medidas curativas se aplicarán al ritmo que sea posible, teniendo en cuenta el tiempo para la preparación de las leyes y las posibilidades financieras.

P. El tema de las cárceles viene siendo conflictivo desde hace años. ¿Qué medidas a corto plazo puede aplicar el nuevo equipo de justicia para resolver la situación?

R. Está prevista una reforma parcial del Código Penal que proceda a una nueva regulación de la valoración de algunas circunstancias que concurren en los delitos contra la propiedad, en el sentido de que se considera que las penas privativas de libertad deben ser en la medida de lo posible evitables. Eso supone, por consiguiente, la reducción de la prisión provisional y las reformas necesarias para dicha reducción. Junto a esto, y cuando se produzca la entrada inevitable en los establecimientos penitenciarios, debe asegurarse de que en el interior de los mismos se aplica exclusivamente la pena de privación de libertad, conservándose toda una serie de derechos que tienen que ser protegidos y que están puestos bajo el amparo del juez de vigilancia de penas.

Es decir, hay que acabar con la idea de que el principio de legalidad es un principio que funciona fuera de los establecimientos penitenciarios. No, también tiene que actuar y desarrollar todas sus exigencias en el interior de la cárceles.

P. ¿Pero qué se va a hacer en concreto para terminar con el desproporcionado número de presos preventivos, pendientes de juicio durante meses, y en muchos casos durante años, que pueblan las cárceles españolas?

R. Se reduce el tiempo de duración de la prisión provisional, desde el momento en que se proceda a dar cumplimiento al artículo de la Constitución que establece la duración limitada de dicha prisión. Rebasado ese tiempo, lógicamente no puede mantenerse la situación de prisión provisional. Eso supone ya, por consiguiente, una reducción, y al mismo tiempo está imponiendo a los tribunales la necesidad de concluir las actuaciones sumariales con mayor celeridad.

Por otra parte, desde el momento en que se proceda a la creación de nuevos órganos judiciales se generará una mayor capacidad de trabajo y, consiguientemente, se producirá una mayor aceleración. Porque el problema está centrado fundamentalmente en las Audiencias de los grandes núcleos de población. Esas Audiencias son las que deberán tener un tratamiento preferente en cuanto a la composición de sus órganos y a los medios que se les asignen.