La Administración debe considerar la actividad constructora como típicamente privada

La construcción es el sector idóneo para la lucha contra el paro, siendo capaz de generar 160.000 empleos directos en el próximo cuatrienio, según las conclusiones adoptadas en las III Jornadas de la Construcción, que organizadas por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), fueron clausuradas ayer en Madrid. Los constructores, que elevarán sus conclusiones al nuevo Gobierno, señalan en las mismas que debe reconocerse que la actividad del sector es típicamente privada, debiendo abstenerse la Administración de asumir funciones en este campo.Ignacio Briones, presidente de la CNC y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), señaló ayer que el sector estaba abierto al diálogo con el nuevo Gobierno con el fin de encontrar solución a los graves problemas del sector. En palabras de Briones, la actividad constructora debe crecer un mínimo del 3% durante 1983, con el fin de cumplir el objetivo de absorber los 160.000 empleos en el período de cuatro años.

Desde 1975, según el presidente de la CNC, se ha venido dando un descenso en el volumen de construcción. "Y aunque en un principio se pensaba que en 1982 se lograría una cierta recuperación, lo cierto es que a estas alturas la esperanza se ha desvanecido y el crecimiento será cero". Para lograr el aumento deseado, los constructores estiman que debe mantenerse una tasa de incremento real de la inversión pública similar a la de los últimos años.

Peticiones del sector

Entre las peticiones que el sector elevará al nuevo Gobierno, Ignacio Briones subrayó la mejora en la financiación de viviendas. A este respecto, señaló que aunque el Plan Trienal de Viviendas había sido de gran ayuda para el sector, estaba aumentando el parque inmobiliario de viviendas no vendidas. El sector propone llegar a un Acuerdo Nacional de Financiación con el fin de poner la vivienda al alcance de la demanda.En las conclusiones adoptadas ayer se indica, además, que se hace precisa una programación a medio plazo de la inversión pública en infraestructura y equipamientos sociales, e igualmente se hace necesaria la promulgación de una ley de bases de contratación administrativa que logre un más justo equilibrio entre las partes que la vigente ley de contratos del Estado.

Por lo que se refiere a los planeamientos urbanísticos, se indica que éstos deben ser ágiles y realistas, no debiendo provocar incertidumbres jurídicas innecesarias en el tráfico ni paralizar la construcción.