El alcalde será el cabeza de la lista más votada, según la reforma electoral proyectada por el PSOE
La reforma de la ley que regula las elecciones municipales se realizará por el trámite de urgencia dentro del mes de enero, según consta en los planes del futuro Gobierno socialista, que se limitará sólo a proponer al Congreso de los Diputados una modificación parcial de esta normativa, manteniendo el sistema de representación proporcional para la designación de los concejales.
El principal cambio se referirá al sistema de nombramiento del alcalde, cargo que recaerá automáticamente en el cabeza de la lista más votada. Los restantes aspectos de la reforma afectarán a la manera de elegir a los diputados provinciales, la composición del órgano de gobierno del municipio -la llamada Comisión Permanente- y a la hasta ahora obligatoriedad que tienen las primeras autoridades municipales de dimitir un mes antes de los nuevos comicios para presentarse a la reelección.El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no introducirá para esta segunda consulta electoral de ámbito municipal el sistema mayoritario que impera en otros países europeos, como Francia, o que ya fue una realidad en España con la ley de elecciones municipales de la República, donde la candidatura más votada conseguía por esa razón el 65% de los concejales. Esta sustitución definitiva del sistema proporcional actual por el hipotético mayoritario se ha reservado para mediados de 1983 o más adelante, cuando en las Cortes se discutan los aspectos electorales de la nueva Ley de Bases del Régimen Local. Ello obedece tanto a razones políticas -que los ganadores de las legislativas cambien el sistema electoral dos meses antes de acudir a las urnas resulta difícilmente justificable-, como a que los diferentes sectores del socialismo español no han asumido aún plenamente la necesidad de implantar la fórmula de las mayorías.
Diversas informaciones recogidas por este diario en medios autorizados relacionados con el PSOE y de dirigentes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) -cuyos responsables del área municipal, el virtual ministro de Defensa, Narcís Serra, y el futuro alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, han colaborado directamente con la dirección del PSOE en la concreción de los retoques que ahora se piensan abordar-, confirmaron la naturaleza de la reforma y sus plazos, incuestionables para poder mantener la fecha de convocatoria de elecciones locales. Esta fecha se sitúa en los finales de marzo o principios de abril, al quedar incluido el 3 de abril en las jornadas vacacionales de la Semana Santa. El Gobierno de Felipe González se inclina, según las personalidades consultadas por EL PAIS, por realizarlas antes de las vacaciones, manteniendo en reserva la segunda posibilidad si los plazos legislativos obligaran a iniciar la campaña electoral después de la Semana Santa.
Comisión permanente sin oposición
El nuevo método de designación de alcalde permitirá al elector, según los patrocinadores de la reforma, expresar su voluntad sobre la persona que considera más idónea para ocupar el puesto. Para comenzar a poner en práctica la tesis de que "los ayuntamientos son organismos de gestión y no pequeños parlamentos donde haya que pactar constantemente", la reforma alterará la composición del órgano ejecutivo del consistorio, la comisión permanente, donde sólo estarán representados los partidos que gobiernen, el ayuntamiento y no, como hasta ahora, la oposición. Se busca con esta medida "que por encima de todo quede garantizada la gobernabilidad del municipio".Esta nueva comisión permanente de gobierno de la mayoría deberá a su vez ser aprobada por el pleno municipal, lo que obligará a los alcalde a pactar su ejecutivo con los diferentes grupos que obtengan representación.
Sólo en algunos casos determinados, la misma naturaleza de la reforma que se va a proponer, "que obligará a que los partidos concreten sus alianzas a priori", producirá que el alcalde designado automáticamente esté en minoría ante su consistorio, por el pacto de los concejales de la oposición. Este elemento de imperfección será temporal, ya que, cuando se debata la nueva Ley de Bases de Régimen Local, el PSOE modificará el quorum que necesita el alcalde para sacar adelante su acción de gobierno, proponiendo la mayoría absoluta para la primera votación y la simple para la segunda. Esta sustancial alteración facilitará a los ediles la consecución de pactos que permitan la aprobación de los grandes temas de la vida municipal, como presupuestos, planes de Urbanismo, etcétera... "Hasta esos momentos, con actuar como un alcalde de gestión bastará para neutralizar el hecho de no tener la mayoría", manifestó uno de los dirigentes socialistas consultados. "En cualquier caso" añadió, "siempre será mejor que el que dos determinados partidos o más, que no han sido los mayoritarios, impongan a la población su alcalde, en perjuicio de la lista ganadora, lo que con la actual ley ha ocurrido". Los cambios que se proponen para la elección de los diputados provinciales obligará a que éstos sean asignados por el número de votos obtenido por cada fuerza política en un partido judicial y no, como se hizo en 1979, por el número de concejales conseguido en ese ámbito.
No se alterará, pues, la actual relación entre total de diputados provinciales y cada partido judicial, sino que se aplicará directamente la ley D'Hont a la Diputación. "Es como si se eligiera paralelamente, de forma directa, la composición de este organismo provincial", explicaron los medios informantes, "pasándose de primar el ayuntamiento a primar las candidaturas políticas". La última modificación que sufrirá la Ley de Elecciones Locales, aprobada en julio de 1978, eliminará el artículo que obliga a los alcaldes a dimitir un mes antes de la fecha de los nuevos comicios, al día siguiente de la presentación de las candidaturas en las que estén incluidos, que sólo tenía sentido en 1979 cuando se procedía a relevar a los alcaldes franquistas del régimen anterior. Los actuales ediles, pues estarán ejerciendo hasta la toma de posesión de la nueva autoridad municipal.
