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Medios comunitarios califican de 'oportuna' la declaración de Alfonso Guerra

Soledad Gallego-Díaz

Medios comunitarios se mostraron ayer sorprendidos por las declaraciones del vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfonso Guerra, en el sentido de que el PSOE considera 1985 como la fecha límite para la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE). Dichos medios añadieron que las palabras de Guerra debían ser interpretadas como un indicio de la actitud negociadora del nuevo Gobierno español.Los portavoces oficiales de la Comisión Europea -órgano ejecutivo de la CEE, encargado de preparar las negociaciones con España- no quisieron formular ningún comentario, pero en medios oficiosos se estimó que las declaraciones eran oportunas. El objetivo del futuro Gobierno español, según dichos medios, es el mismo que el de la Comisión Europea, que ha defendido repetidamente que las negociaciones con España no pueden prolongarse indefinidamente, y que los diez deben adoptar urgentemente una decisión para desbloquear el capítulo agrícola, congelado desde el primer momento.

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El plazo de tres años de que habló Guerra es el calendario mínimo para la ampliación de la CEE, según los cálculos de la propia Comisión. El calendario anterior, 1984, es prácticamente imposible, porque exigiría acabar la negociación a finales de este año o en el primer semestre del próximo, lo que parece utópico dados los problemas internos de la Comunidad.

En los mismos medios oficiosos se considera que un Gobierno fuerte en Madrid debe lanzar una ofensiva política capaz de decidir a los diez a abrir el camino de la ampliación.

El margen de maniobras del Gobierno español será, sin embargo, estrecho. Para que el calendario de 1985 pueda ser respetado, la CEE tiene que modificar sustancialmente su actitud en el primer semestre del año próximo, de forma que la negociación pueda finalizar antes del 1 de enero de 1984 y que ese año se dedique al proceso de ratificación en los Parlamentos nacionales de los países miembros. Ello supone que en los seis primeros meses del año, la CEE tendría que aprobar principios claros respecto a varios puntos.

Los medios comunitarios consultados consideraban muy hipotética la posibilidad de que el Gobierno español retire en algún momento la candidatura de adhesión. La pérdida de la condición de país candidato -explicaron dichos medios- abriría un proceso muy complicado de renegociación del acuerdo preferencial de 1970, que rige actualmente las relaciones comerciales entre España y la CEE.

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