Un concepto diferente de la defensa

EL PROGRAMA electoral del Partido Socialista Obrero Español en el capítulo de defensa propugna entre sus objetivos: una estrecha coordinación con la política exterior, la reducción de los efectivos y el aumento de su eficacia operativa, el mantenimiento del servicio militar obligatorio y la prestación preferente del mismo en la región de origen del recluta, el cambio de la organización militar territorial en base al sistema de las grandes unidades y zonas de movilización, el aumento del grado de autoabastecimiento de las Fuerzas Armadas mediante el desarrollo planificado de la industria bélica nacional. Junto a esas metas se enuncian algunos criterios o principios generales como son la plena profesionalización de los militares, la reforma de la enseñanza de acuerdo con las exigencias de la técnica y la adecuación a los principios constitucionales, la reestructuración de los cuerpos y escalas, la restricción del ámbito de la jurisdicción castrense a los delitos cometidos por militares y que lesionen intereses militares y la adopción de medidas sociales para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar las prestaciones sanitarias y educativas.Yendo a los fundamentos, la defensa ha de proyectarse en función de las amenazas, y la estrategia, definirse en función de los enemigos. Ha sido el propio Jefe del Estado, su majestad el rey Juan Carlos I, quien, el 27 de octubre, víspera de las elecciones generales, en audiencia a los líderes de los partidos políticos, expuso con toda solemnidad que "en el proceso de consolidación de la democracia en nuestro país estamos viviendo momentos en los cuales tropezamos con dos importantes amenazas: el terrorismo y el golpismo". El Rey, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, se ha referido "a esa sangría constante que el terrorismo significa y el sufrimiento permanente que origina en todos los españoles" y a la nueva trama de golpe militar que, "aunque afecte tan sólo a un reducido número de miembros de las Fuerzas Armadas, constituye también un riesgo inadmisible de alarma constante". Es ineludible, dijo don Juan Carlos, luchar juntos contra esos dos enemigos comunes. La eficacia en el combate al terrorismo es responsabilidad primaria de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no dejará de tener una significativa y muy directa influencia moral sobre los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas.

En cuanto al golpismo, "que pretende imponer por la violencia la voluntad de una minoría a los deseos mayoritarios del pueblo", hay que desactivarlo decididamente, sin consentir su permanencia y sin incitarlo a nuevas acciones. Sin alcanzar ese objetivo no sería posible la identificación del pueblo con sus Fuerzas Armadas, y desde el recelo y la sospecha no cabe articular la defensa de España. El Plan Estratégico Conjunto (PEC), actualmente vigente, así lo reconoce cuando declara la pretensión de "conseguir un fortalecimiento de la conciencia nacional para lograr la mayor identidad posible entre el pueblo y las Fuerzas Armadas en la empresa común de la defensa". Como alcanzó a decir a los integrantes de su unidad, antes de su reciente cese, el coronel Juan Sánchez-Ocaña, jefe del Tercio Duque de Alba, la Constitución debe ser obedecida "porque es el mandato legal de nuestros compatriotas, que nos han dado estas armas y este uniforme y con ello nos han entregado su confianza". Una política de defensa no consiste sólo ni principalmente en acumular armamentos; supone, sobre todo, consolidar la cohesión nacional. En consecuencia, la idea de un pacto nacional en la lucha contra el terrorismo y el golpismo y en defensa de los intereses exteriores de España, aceptada por Felipe González durante la campaña, debe instrumentarse diligentemente.

Dentro del cambio que se espera, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político debe resplandecer en todo momento, conforme a lo prescrito en la Constitución, cuyo acatamiento es expresión colectiva de la disciplina según las Reales Ordenanzas, y que desautoriza plenamente la insidiosa tendencia a preferir para la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) una imposible dependencia directa respecto del Rey, puenteando la autoridad que compete al Gobierno. La modernización orgánica y técnica de las Fuerzas Armadas debe corresponderse con una política de nombramientos coherente. Los socialistas se cuentan entre los firmes convencidos de que "nada hay más nocivo que compeler a los oficiales a la militancia política o hacer de ésta un atajo de la carrera de las armas"; pero tampoco podrán ignorar que ningún régimen político -y el democrático no es una excepción- puede permitirse el lujo de mantener a oficiales que le son fundamentalmente hostiles y que se insubordinan a sus superiores jerárquicos.

De poco servirán además cuantas medidas acertadas para la defensa de España se adopten si el eco que de ellas se percibe en el seno de las Fuerzas Armadas llega tergiversado por los órganos permanentes de intoxicación golpista dedicados a incitar a la rebelión, con audiencia tan crecida en las filas castrenses. Es inaplazable el planteamiento riguroso de la batalla por la información y la opinión interior en el seno de los Ejércitos. El Gobierno deberá invertir la situación actual donde las meras convicciones o actitudes constitucionales, por muy privadamente que se hubieran mantenido, se han convertido para sus sustentadores en estigmas de postergación, mientras la insolencia abierta contra la autoridad del Gobiemo y la Carta Constitucional no ha sido obstáculo alguno para la promoción de ascensos y destinos.

Al nuevo Gobierno le aguarda la tarea de reunir en el Ministerio de Defensa muchas de las competencias hoy irracionalmente dispersas en los estados mayores. Para formarse una idea de la situación actual, téngase en cuenta que, por ejemplo, ahora existen 26 organismos diferentes para la compra de material bélico. Y que ni los aprovisionamientos, ni la sanidad, ni la intendencia, ni los servicios jurídicos tienen un tratamimto conjunto sino que permanecen aislados en cada uno de los cuarteles generales de los tres Ejércitos. Otros renglones morales deberán ser atendidos. Así, el de terminar con la discriminación adoptada al conceder la amnistía a los antiguos miembros de la autodisuelta Unión Militar Democrática, de forma que puedan reintegrarse, si lo desean, al servicio. Así también, sellar la reconciliación y atender las postergadas reclamaciones de los oficiales que sirvieron en el Ejército de la República.

El cambio que se espera sintoniza plenamente con las exigencias mantenidas por el partido socialista durante su etapa de oposición, en favor de abrir un auténtico debate nacional sobre las cuestiones de la defensa sacándolas del secretismo que las priva de la comprensión pública, y abre las polémicas después de adoptadas las decisiones, como ha sucedido en el programa para el Futuro Avión de Combate y Ataque (FACA). Los recursos asignados a la defensa deben ser capaces de asegurar una disuasión suficiente en los escenarios de conflicto que pesan sobre nosotros. Su determinación deberá revisarse a tenor de las alternativas que el Gobierno establezca en cuanto a la permanencia en la OTAN y el futuro que se reserve al acuerdo defensivo con Washington. Pero la determinación de los efectivos, su despliegue y la modernización del equipo deben liberarse del peso de otros factores y del deslumbramiento de la barroca tecnología armamentista.