La Dirección General de Empleo rescinde 2.000 contratos en las empresas de Lemóniz

La Dirección General de Empleo dictó ayer una resolución por la que se rescinden los contratos de unos 2.000 trabajadores de empresas de contratas que prestaron sus servicios en la construcción de la central nuclear de Lemóniz hasta la paralización de las obras, el pasado 13 de mayo, días después del asesinato, por un comando de ETAm, del ingeniero Angel Pascual.

Esta resolución es efecto de la petición presentada en tal sentido por el Consejo de Intervención de Lemóniz, integrado por representantes de la Administración central, la Sociedad Vasca de Gestión -dependiente del Gobierno autónomo- y la empresa eléctrica Iberduero, propietaria de la central nuclear. El Consejo de Intervención, constituido como consecuencia de la decisión adoptada a fines de agosto por el Consejo de Ministros, concluyó la semana pasada un informe sobre el futuro de Lemóniz.El primer paso contemplado en dicho informe de cara a la reanudación de las obras, es precisamente la rescisión de los contratos de ejecución de obra y montaje, como paso previo a la puesta en marcha de la contratación de nuevo personal.

Fuentes relacionadas con Iberduero informaron ayer que la resolución ahora adoptada debe interpretarse como una "muestra de la firme voluntad del Consejo de Intervención de reanudar las obras, para lo que ha considerado imprescindible quedar libre de todo condicionamiento anterior".

Suspensión de empleo

Ayer, día 12, finalizaba el plazo de suspensión temporal de empleo, acordado como fórmula provisional en el momento de paralización de las obras, en mayo pasado.Durante estos seis meses solo se han realizado en Lemóniz las labores de conservación y seguridad. Esto ha supuesto unos gastos de entre dos y tres millones de pesetas diarios, según la empresa Iberduero.

La resolución de la Dirección General de Empleo, comunicada ayer por el director general, Jesús Fernández de la Vega, estipula la percepción de subsidio de desempleo durante dieciocho meses y unas indemnizaciones de 280.000 pesetas por trabajador, más el equivalente a tres meses de salario real por año trabajado o fracción superior a seis meses.

Las empresas que tenían contratos para la realización de las obras de la central nuclear de Lemóniz habían puesto de manifiesto, en el pasado mes de junio, que se habían visto gravemente afectadas por la paralización de la construcción de la planta nuclear por lo que se veían imposibilitadas para mantener sus actuales plantillas.