AP, UCD y PCE consideran tardío pero positivo el cambio de la doctrina francesa

La decisión del Consejo de Ministros francés de modificar la normativa sobre las extradiciones ha sido recibida con relativo optimismo por los portavoces consultados de Alianza Popular (AP), Unión de Centro Democrático (UCD) y Partido Comunista de España (PCE), que, aunque la consideran tardía, la valoran como el inicio de un nuevo rumbo en la represión del terrorismo.

La más tibia reacción procede de Manuel Fraga, presidente de Alianza Popular, que aunque califica de "en sí misma buena" la actitud del Gobierno francés, afirma, acto seguido, que "hasta que se vea como funciona en la práctica esa normativa referida a las extradiciones no ha llegado el momento de echar las campanas al vuelo".No ahorra Fraga acusaciones de oportunisnio hacia el Gobierno francés por el momento elegido para modificar su doctrina sobre las extradiciones. "El que ciertos gestos de mero cumplimiento de las más elementales obligaciones internacionales se hagan con motivo de cambios políticos internos es de todo punto inaceptable".

Muy al contrario, Andreu Claret, en nombre de la ejecutiva del PCE, cree que es sintomático que el Gobierno francés haya adoptado esa decisión cuando todavía el PSOE no ha tomado formalmente las riendas deI Gobierno. "Es un gesto de Estado realizado en función de los problemas por los que pasa la democracia española".

Cree Claret que si el Gobierno francés mantiene "esa clara voluntad de impedir que desde Francia se produzca una permanente actividad terrorista para desestabilizar el Estado español", podrá superarse uno de los principales escollos existentes para la normalización de las relaciones entre los ejecutivos de Madrid y París.

El portavoz del PCE considera importante que Francia "marque de esta manera su voluntad clara de contribuir a la resolución del problema del terrorismo", y contempla la aplicación rigurosa de la normativa sobre extradiciones "como una contribución importante en la resolución de la vertiente gubernativa del contencioso de ETA".

El que fuera desde el Ministerio de Asuntos Exteriores protagonista directo de negociaciones y peticiones infructuosas de extradición de militantes de ETA, Marcelino Oreja, afirma que la decisión del Gobierno francés es "tardía pero positiva". Para el ex delegado del Gobierno en el País Vasco "era inadmisible" la actitud que hasta ahora había mantenido el Gobierno francés.

"Entiendo que a partir de ahora", dijo Oreja, "se actuará en consonancia con el propio acuerdo contra el terrorismo aprobado por el Consejo de Europa. Los delitos cometidos por ETA no son políticos, sino simplemente asesinatos, y no pueden tener cobertura en ningún Estado democrático".

Joaquín Molíns, diputado de Convergencia i Unió, y en nombre de su grupo, empieza por considerar como válidas "todas las medidas constitucionales que se puedan utilizar para combatir el terrorismo". "Es evidente también", añade, "que el terrorismo cuenta con conexiones intemacionales y que por ello es preciso contar con la colaboración internacional. En relación a ETA, más concretamente, está claro que utiliza un territorio extranjero, el francés, para eludir la acción policial".

Aunque destaca que CiU no ha participado de los secretos del poder, Molins manifiesta su convicción de que en el tema de las extradiciones, "al poco colaboracionismo que se ha encontrado en las autoridades francesas, se han sumado las debilidades en la apoyatura jurídica y policial que acompañaban las peticiones de extradición, aportando unas pruebas débiles ante unos tribunales poco predispuestos a conceder las extradiciones".

Para el diputado catalán, una posición del Gobiemo francés más dura con respecto al terrorismo beneficia claramente la estabilidad de la democracia española. "Todo lo que sean medidas de este tipo nos van bien. Son, evidentemente, positivas. Pero para luchar contra el terrorismo de ETA, aún siendo imprescindible la solidaridad intemacional, hay que avanzar mucho en el nivel político -profundizando las libertades democráticas en Euskadi- y también en el policial. La Policía no debe confiarse totalmente en la colaboración francesa. En resumen, el terrorismo es un problema que hemos de resolver esencialmente nosotros".