El Tribunal de Cuentas de Navarra detecta irregularidades presupuestarias
La Cámara de Comptos o Tribunal de Cuentas de Navarra ha detectado, en la ejecución de los presupuestos de 1981 de esta comunidad foral, la existencia de actuaciones no ajustadas a la normativa financiera vigente, según señala un extenso informe sobre el Examen y censura de las cuentas generales de Navarra de 1981, presentado por el presidente de este órgano fiscalizador, Mariano Zuria. El ejercicio de 1981 se cerró, según este informe, para la Hacienda de Navarra con un superavit de 3.455 millones de pesetas.En el análisis de los presupuestos de 1981 se ha constatado que existen partidas del presupuesto que no se destinan a la finalidad específica para la que fueron autorizadas, y se han atendido obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados.
Asimismo, este informe de la Cámara de Comptos (órgano técnico dependiente del Parlamento de Navarra, encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica de la Diputación o Gobierno de esta comunidad foral y del sector público dependiente de ella), recoge en sus conclusiones que se adjudican obras por un importe superior a la consignación presupuestaria, y que se han realizado gastos no presupuestos y sin crédito extraordinario.
Otra de las infracciones detectadas en este análisis son el que se anuncia la subasta de obras sin que estén a disposición de la dirección correspondiente todos los terrenos afectados por la misma.
Estas infracciones expuestas por la Cámara de Comptos, en el primero de los informes que realiza este órgano fiscalizador de Navarra tras su restauración, obedecen a infracciones de tipo formal efectuadas con el objeto de paliar defectos de presupuestación.
La Diputación Foral de Navarra considera que el procedimiento a seguir (una conferencia de Prensa) para dar a conocer el contenido del informe sobre el. examen y censura de las cuentas generales de Navarra, realizado por la Cámara de Comptos es "inadecuado". Y, en este sentido, la Diputación hizo público ayer tarde un acuerdo en el que, entre otras cosas, manifiesta que "hacer público el informe antes de que el Parlamento conozca su contenido y se pronuncie sobre el mismo supone un menoscabo de las competencias del propio Parlamento".
