Los golpes de la provocación

SIETE DÍAS después de la celebración de las elecciones generales del 28 de octubre el cobarde asesinato del general Víctor Lago, jefe de la División Acorazada Brunete, es la brutal contestación dada por el terrorismo al dictamen de las urnas. De esta forma, una sociedad que desea vivir en paz y ha votado mayoritariamente por la moderación y el cambio es puesta en vilo por una organización violenta, impotente para conseguir la adhesión mayoritaria de los ciudadanos, pero capaz de sacudir, mediante crímenes repugnantes y provocaciones a las Fuerzas Armadas, los cimientos de la Monarquía parlamentaria. Los terroristas se pueden jactar de haber helado la sonrisa de la izquierda vencedora en las urnas y de haber devuelto las esperanzas y los pretextos a los alicaídos golpistas.Crímenes como el perpetrado ayer en Madrid parecen pedir únicamente la exteriorización de emociones, desde la sincera condolencia a los familiares, amigos y compañeros de armas del asesinado general Lago hasta la indignada condena de sus salvajes verdugos. Sin embargo, constituye también un deber, de cumplimiento nada fácil, la tarea de analizar las implicaciones políticas de un crimen que no se agota en la desnuda brutalidad terrorista de haber privado de la vida a un semejante. El mensaje del Rey en vísperas de los comicios advirtió ya sobre el peligro de que, aprovechando las incertidumbres y los intersticios de la etapa de interinidad entre la celebración de las elecciones y la formación del nuevo Gobierno, terroristas y golpistas volvieran a poner en riesgo la convivencia democrática. Tal y como apuntábames ayer en estas mismas columnas, el calendario para la investidura presidencial debe por eso ser acortado al máximo. Destacados expertos en derecho constitucional concuerdan en que no existe impedimento alguno para que la designación por el Congreso de Felipe González como jefe del Ejecutivo anteceda a la solemne sesión en la que el Rey se dirija a las Cortes Generales, al igual que sucedió con la investidura de Adolfo Suárez en marzo de 1979. De esta forma, sería posible que la Cámara baja eligiera nuevo presidente del Gobierno en la cuarta semana de noviembre, y no vemos por qué no ha de hacerse así -ni nadie lo ha explicado aún-, mientras existen un sinfín de motivos que avalan la tesis de adelantar al máximo la investidura.

En el momento de escribir estas líneas se ignora que organización terrorista conocida -ETA Militar, ETA-VIII Asamblea, Comandos Autónomos Anticapitalistas, GRAPO- o todavía inédita ha perpetrado el crimen. Partiendo de la hipótesis -bastante probable- de que la autoría del asesinato del general Lago sea atribuible a ETA Militar, resulta preciso plantearse, una vez más, la articulación entre los propósitos expresos y el significado objetivo de los atentados de esa banda sanguinaria. Pese a que 210.000 ciudadanos han dado su voto a Herri Batasuna, coalición electoral que se precia de su convergencia con ETA Militar -ivaya jactancia la de ser amigo de Al Capone!-, su estancamiento en términos relativos ante las urnas, que le ha hecho perder un diputado y un senador respecto a los comicios de 1979, pone de relieve el carácter irremediablemente minoritario del nacionalismo radical y violento. Los progresos de la racionalidad en el País Vasco, traumatizado todavía por las dolorosas experiencias y las torpezas gubernamental es de los años sesenta y setenta, no han sido desdeñables en el último tiempo. La firmeza del PNV en la condena de la violencia, el viraje de Euskadiko Ezkerra haciala superación en la izquierda democrática de los enfrentamientos entre nacionalistas y no nacionalistas, el resurgimiento del voto socialista (el segundo en el País Vasco), la autodisolución de ETA-VII Asamblea y el brote de nuevas actitudes en destacados portavoces de Herri Batasuna muestran que las cosas se han movido en buena dirección, aunque sea despacio, desde la aprobación del Estatuto de Guernica. El zarpazo brutal de los milis -de confirmarse su autoría- una semana después de la convocatoria electoral no podría ser abstraído de esa lenta pero firme marea de paz que podría concluir anegando definitivamente los pedregales de la violencia.

Los 210.000 votantes de Herri Batasuna en la comunidad vasca y en Navarra constituyen un contingente humano significativo, pero, a la vez, marginal, ya que suman tan sólo un 11% sobre el censo total de electores. Las contradictorias declaraciones de distintos portavoces de esa coalición, unas veces mensajeras de una mínima racionalidad, otras manchadas de sangre y lodo, permiten suponer que esos sufragios tampoco constituyen un bloque monolítico de energúmenos sedientos de catástrofes. En ese contexto, no es descartable que el asesinato del general Lago se propusiera, entre otras cosas igualmente siniestras, cerrar ese mínimo resquicio a la esperanza abierto por el abogado Esnaola durante la campaña electoral. Sansón derribando las columnas del templo para provocar la muerte de los filísteos y la suya propia sería la contundente réplica de los asesinos a sus equivocados intérpretes.

¿Qué ha podido pretender además ETA Militar con ese crimen, caso de confirmarse su autoría? La megalómana estrategia de sus ideólogos, para quienes las vidas humanas son piezas de ajedrez a sacrificar o intercambiar en una partida de duración infinita, quizá apunte al desencadenamiento de una ofensiva para obligar al futuro Gobierno de Felipe González a doblar las manos ante las inaceptables e irreales condiciones adelantadas por algunos de los representantes legales de los terroristas para iniciar una tregua. Con independencia de que el futuro Gobierno socialista nunca estaría dispuesto a arriar la bandera de la soberanía democrática, como ayer mismo ratificó en Televisión Española Felipe González, una negociación de ese tipo, en la que los arrinconados terroristas tratarían de presentarse como interlocutores victoriosos, es institucional, política e históricamente imposible. Un Estado legitimado por la voluntad popular no puede capitular ante una minoría violenta; otra cosa es que el Gobierno en su realismo, como en el caso de ETA-VII Asamblea, facilite líneas de huida a los adversarios que abandonan las armas y negocie indultos particulares concretos de los que puede sustanciarse un bien común superior.

Al futuro Gobierno socialista la historia no le va a ahorrar la tarea de afrontar y resolver el desafío terrorista. Y a Felipe González no le resultará fácil encontrar el rumbo entre tantos escollos. La colaboración del Parlamento vasco, del Gobierno de Vitoria, de las fuerzas sociales defensoras de la paz y de la Iglesia vasca será más necesaria que nunca. Pero la gran novedad de los próximos meses sería que el Gobierno socialista de España lograra convencer al Gobierno socialista de Francia de que la retórica internacionalista-democrática de nuestros vecinos se compadece mal con su política tradicional en el departamento de los Pirineos Atlánticos. Hay suficientes signos para suponer que Mitterrand ha comprendido bien el problema y que está más dispuesto a colaborar, y ha colaborado de hecho ya bastante más, de lo que Giscard ayudó a España en este terreno. Bastante más no parece suficiente. Quizá el execrable asesinato de ayer contribuya también a que el Gobierno de París recapacite sobre cuánto puede hacer en este terreno.