Alianza Popular y UCD solicitan medidas duras contra los terroristas y los grupos políticos que les apoyan

Partidos políticos, centrales sindicales y asociaciones de variado carácter condenaron ayer enérgicamente el atentado que costó la vida al general Víctor Lago Román. Junto a la repulsa unánime, destaca la, petición de dureza realizada desde las fuerzas del centro y la derecha, que llevan a UCD a exigir la disolución de "los grupos políticos que tratan de justificar las acciones terroristas", y al líder de AP, Manuel Fraga, a considerar indispeinsable una acción gubernamental "inmediata y efectiva".Fraga aseguró también, según informa Europa Press, que "actos como el asesinato de hoy justifican mi afirmación, que armó tanto revuelto en su día, de que hay que intentar entender el golpismo", para concluir que "mientras no se arregle el problema del terrorismo, no habrá solución a ninguno otro de los problemas que afectan a España".

En una línea similar, un comunicado de UCD afirma que "frente a los grupos políticos que tratan de justificar las acciones terroristas, aunque hayan comparecido a las elecciones, debe procederse a su disolución, »cambiando las leyes si fuera necesario". El partido estima que "las condenas verbales, por muy rotundas que sean, pueden sonar a algo rutinario", y que, "ante los grupos terroristas, sólo cabe la persecución implacable de sus componentes, y la aplicación de todo el rigor de la ley".

Por su parte, el PCE denunció el propósito terrorista de "levantar sentimientos contra la democracia y la Constitución" y de "provocar un clima contrario al resultado dé las recientes elecciones generales". El PCE pide al Gobierno de Calvo Sotelo la máxima vigilancia durante e¡ periodo de transmisión de poderes al nuevo Gobierno y alerta a la opinión pública a combatir contra el terrorismo y el golpismo. El, Partido Demócrata Popular (PDP), de Oscar Alzaga, "insta al Gobierno, y a la par le ofrece su incondicional apoyo, para que utilice cuantos medios le concede la ley para la pronta erradicación del terrorismo, pues nada hay más urgente en España que acabar con el derecho de la fuerza, para que prevalezca la fuerza del derecho".

El presidente del Centro Democrático y Social, Adolfo Suárez, dijo que el atentado "persigue el oscuro propósito de desestabilizar las instituciones que el pueblo español se ha dado. Se hace más necesario que nunca que todos cierren filas para colaborar en esta, dolorosa lucha contra el terrorismo, porque nos jugamos la supervivencia de la misma democracia". Un comunicado del mismo partido expresó su "solidaridad más plena a las Fuerzas Armadas" y pidió al Gobierno "que haga recaer todo el peso de la ley contra los asesinos del general Lago". El líder del Partido de Acción Democrática (PAD), Francisco Fernández Ordáñez, calificó el atentado de "indignante provocación contra las Fuerzas Armadas, que nos obliga", dijo, "a preguntarnos no sólo quienes son los asesinos, sino también quien los maneja".

Los partidos catalanes condenaron también con dureza el atentado. El PSC-PSOE lo considera "un hecho extremadamente grave, aunque estamos con vencidos de que ni tan siquiera actos criminales como este podrán distorsionar la normalidad del proceso democrático". Para Convergéncia Democrática se trata de "otra acción criminal, además de una provocación a todo el pueblo, encaminada a romper la convivencia democrática del país". Esquerra Republicana califica el atentado de "involutivo y desestabilizador" y exige la máxima severidad y eficacia de los servicios de información para esclarecer la autoría de la acción terrorista. El secretario general de CC OO, Marcelino Camacho, condenó ayer en Murcia el atentado y lo calificó de "un intento de desestabilizar al país, una auténtica provocación a las Fuerzas Armadas, precisamente en la transición de un Gobierno de derechas a un Gobierno progresista, de izquierda". UGT calificó el atentado como una provocación, entre otras instituciones y valores, al futuro Gobierno socialista y, en definitiva, un des precio a la voluntad popular y la expresión de un reto a la democracia constitucional española". Unión Sindical Obrera (USO) asegura que el incalificable crimen lleva un sello terrorista inequívoco".

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) "repudia el vil asesinato", que se produce en un momento político", dice la importante organización empresarial, "en el que el pueblo español acaba de pronunciarse rotundamente en favor de la democracia y de la paz". El presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid, José Antonio Segurado, aseguró que "la intención de los asesinos queda clara al cometer el crimen pocos días después de la celebración de las elecciones generales, en las que el pueblo español demostró impecablemente su voluntad de convivir en paz y consolidar la democracia".