El Gobierno italiano presenta al Parlamento un nuevo paquete de medidas económicas

El Gobierno de centro-izquierda presidido por Giovanni Spadolini, en el que participan democristianos, socialistas, socialdemócratas, republicanos y liberales, está luchando con todas sus fuerzas para que el Parlamento apruebe todo el paquete de medidas económicas que incluye la nueva ley financiera. Pese a que los obstáculos son muchos, el programa deberá pasar para no provocar una enésima crisis de Gobierno.

Ya el pasado miércoles, el primer ministro Spadolini y su Gabinete se vieron obligados a echar mano del voto de confianza para que pasara la ley que prevé un aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), ya que se temía una lluvia de enmiendas presentadas, por la oposición.El Gobierno pasó la prueba tanto en el voto nominal como en el secreto, pero el problema sigue en pie. Y es que, junto a la dificultad de conseguir la aprobación de la ley financiera, está sobre el tapete el problema candente de la reforma de todo el mecanismo de los sueldos. En este momento el debate entre los sindicatos y el mundo empresarial es muy tenso. Los tres grandes gremios (CISL, CGIL y UIL), después de más de un año de debate, habían llegado a un acuerdo casi histórico: retocar el mecanismo de la famosa-escala móvil", el mecanismo que aumenta automáticamente los sueldos cada tres meses según una canasta de precios de algunos productos.

La propuesta presentada a los empresarios era de disminuirla en un 10%, cosa que fue enseguida rechazada, ya que los industriales hablan de un 50%, y sin un acuerdo para cambiar el mecanismo de la "escala móvil" el mundo empresarial no acepta que se abra la discusión sobre la

renovación de los nuevos contratos.

Y en realidad es la hipótesis de elecciones lo que crea los mayores problemas en materia de economía dentro de la misma mayoría del Gobierno, donde existen dos líneas muy diferentes: la de los democristianos, que pide que se contengan los gastos públicos y se retoquen los salarios, y la de los socialistas, que insiste en la necesidad de aumentar la producción y los puestos de trabajo.

Pero, sobre todo, nadie quiere cargar con la impopularidad de ciertas decisiones graves, aunque necesarias, porque, en el caso de elecciones, se teme la reacción negativa de la opinión pública.

El problema es que la promesa del Gobierno de haber mantenido este año la inflación en un 16% ha saltado ya, como también se ha quedado muy lejos el techo del gasto público, que no debía haber superado el déficit de los cinco billones de pesetas.