Miguel Boyer, probable director económico del Gobierno socialista

La actualidad ha prestado a Felipe González un argumento incontestable en favor de su tesis de solidaridad entre las distintas zonas de España, esgrimida con vigor en sus mítines vascos. Predicando con el ejemplo, el líder socialista voló ayer desde Bilbao a Valencia -con escala en Madrid, donde se quedó su esposa, Carmen Romero- para acompañar, sobre el terreno, a los afectados por la catástrofe de Valencia y Murcia. Mientras tanto, la cuenta atrás hacia un Gobierno socialista aparece erizada de dificultades por la lógica lucha interna por el poder. La crisis económica, máxima preocupación para Felipe González, tiene en Miguel Boyer el más seguro ministrable.

Boyer, viejo militante socialista encarcelado en los años 60 por asociación ilegal y más tarde miembro de la Federación Socialdemócrata, de Francisco Fernández Ordoñez, de donde regresó al PSOE, fue consejero del presidente del Banco de España, Mariano Navarro Rubio, y hoy ocupa un alto cargo en el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Según fuentes socialistas, de alta solvencia, Boyer es el más seguro candidato a ministro de Economía.Entre las escasas personalidades con quienes se ha entrevistado Felipe González durante su estancia de tres días en el País Vasco -con el propio presidente del Gobierno Vasco, Carlos Garaikoetxea, se limitó a mantener una conversación telefónica-, figura un largo contacto personal, el pasado miércoles, con Miguel Boyer.La dirección de la política económica del Gobierno socialista por parte de Miguel Boyer -al parecer, sin rango de vicepresidente- zanja problemas que se produjeron durante la elaboración del programa económico del PSOE y que todavía subsisten entre el propio Boyer, Enrique Barón, Carlos Solchaga y Ernest Lluch, entre otros. En principio, Enrique Barón podría ser ministro de Hacienda, siempre bajo la batuta económica de Miguel Boyer y la disciplina al jefe del Gobierno, especialmente en lo que se refiere a las prioridades presupuestarias.

Tanto el principal protagonista del probable próximo Gobierno, Felipe González, como los más seguros ministrables, guardan un celoso silencio sobre la composición del nuevo gabinete. La posibilidad de que una filtración informativa pueda dar al traste con las espectativas de alcanzar el poder actúa como acicate para la máxima discrección de los principales candidatos, mientras la teoría oficial del PSOE es que todas las personas que tengan algo qué aportar a la realización del programa socialista, tendrán un puesto ole responsabilidad en la administración que surga de las urnas el 28 de octubre.

La ubicación de Alfonso Guerra

La principal duda del PSOE reside en estos momentos en la distribución de sus elementos más valiosos entre las responsabilidades gubernamentales y partidarias. Sin descuidar la estructura del PSOE, la tesis de la dirección del partido es dedicarlos máximos esfuerzos a constituir un Gobierno eficaz capaz de sacar al país de la crisis y de infundir optimismo y esperanza a la sociedad española, al margen de la pertenencia o no al partido de los sus miembros.

Según las fuentes consultadas, y sin confirmación oficial, Fernando Ledesma, magistrado de lo contencioso administrativo y actual miembro del Consejo General del Poder Judicial, ocuparía la cartera de Justicia, o tal vez la Fiscalía General del Estado. El Ministerio de Educación y Ciencia lo asumiría Javier Solana, número dos de la lista al Congreso por Madrid.

Para Sanidad y Seguridad Social se considera candidato seguro a Ciriaco de Vicente, si bien algunas fuentes lo vinculan con la cartera de Trabajo. En este último caso se da por seguro que la responsabilidad sobre la Seguridad Social pasaría a este departamento.

Menores seguridades ofrecen las candidaturas de Carlos San Juan, ex comandante del cuerpo jurídico de la Armada, para ministro del Interior; Francisco Fernández Ordoñez, líder del Partido de Acción Democrática (PAD), para ocupar la cartera de Asuntos Exteriores; Narcís Serra, actual alcalde de Barcelona, para dirigir la política autonómica y la administración local, y Enrigue Ginbernat, catedrático de Derecho Penal y Javier Moscoso (fiscal de profesión y dirigente del PAD) para altos cargos de la administración de Justicia.