Sistema electoral y democracia

Hay que evitar que el ciudadano se pregunte, ante una nuevas elecciones generales, si su decisión de voto se verá o no distorsionada por el sistema electoral. La actitud del lego en la materia está justificada por la importancia que algunas fuerzas políticas le dan a la reforma electoral, y por las controversias técnicas de los especialistas. Si bien éstos no siempre arrojan nueva luz sobre la bondad o maldad del sistema electoral, lo que sí logran es concienciar a los futuros votantes de que las leyes electorales lo son todo menos inocuas y de que, a través de una determinada "ingeniería", pueden modificarse los resultados del proceso de transformación de votos en escaños. Con razón se ha dicho que, para juzgar en profundidad el grado de democracia de un régimen político, no hay como examinar su ley electoral, pues en ella queda plasmado inequívocamente en qué grado se respeta la voluntad general.Una reforma parcial

Nuestro sistema electoral vigente, fruto de la correlación de fuerzas sociales y políticas en la transición a la democracia, no deja de ser una reforma legal parcial del régimen anterior y respondía en su origen a las decisiones siguientes:

- Permitir la concurrencia formal de todas las fuerzas políticas.

- Lograr la superrepresentación de las zonas rurales con predominio de fuerzas conservadoras.

- Favorecer la presencia parlamentaria de los grandes partidos e impedir la de los pequeños, excepto los nacionalistas o regionales de una cierta importancia.

- Proseguir la tradición moderantista del bicameralismo, reforzando la superepresentación de los partidos de centro y de derecha mediante e sistema mayoritario y un número igual de senadores a elegir por cada provincia.

A partir del respeto a los intereses de quienes conducían la transición a la democracia, se llegó a un pacto o acuerdo relativo que dió como fruto la combinación del sistema proporcional (Congreso) y del mayoritario (Senado). Se corrigió una proporcionalidad excesiva mediante dos diputados y cuatro senadores fijos por provincia y se establecieron barreras, de ámbito circunscripcional, que favorecían la desaparición de grupos muy minoritarios.

Al ciudadano que, a punto de ejercer su derecho de voto, se pregunte por el real contenido democrático del sistema electoral, podemos contestarle que aquél es aceptable, dentro de las, especialísimas circunstancias políticas que hemos vivido hasta ahora. Aun cuando pueden imaginarse divisiones más pequeñas que la provincia, cualquier mapa hipotético de distritos hubiere sido difícil de consensuar. Parece conveniente que haya una representación fija que asegure la presencia de todas las provincias, aunque sería más justo un diputado por cada una de ellas en vez de dos, pues esta fórmula reduciría la desproporción electores/ escaños y favorecería una representación más equilibrada de las zonas altamente industrializadas y progresistas. La fórmula matemática de d'Hondt para la distribución de escaños no es la culpable de las deficiencias de nuestro sistema electoral. Es la combinación de circunscripciones con menos de cinco escaños, la eliminación de los pequeños partidos del reparto de éstos, y la desigual implantación territorial de algunos partidos lo que contribuye a que la regla D'Hondt prime, tal vez en demasía, a los partidos grandes.

Aunque es verdad que todo sistema electoral viene impuesto por quien obstenta el poder en un momento dado, su legitimidad proviene de lo capaz que sea de producir mayorías sólidas que sustenten gobiernos estables, sin olvidar que tal desideratum no viene dado tanto por el sistema electoral como por el político global. Por eso sería un error pretender manipular, a través de una ley sobre elecciones, la realidad socio-política. En tal sentido, nos parece grave proponer un sistema mayoritario, ya que los técnicos han demostrado claramente que no hay una relación lineal entre dicho sistema y un bipartidismo, creador de gobiernos estables. Asimismo, sería un error apartar de las Cortes Generales a fuerzas políticas de exclusiva implantación en las nacionalidades y regiones. Esto supondría deshacer. por vía lateral y escondida, una decisión de gran trascendencia en la Historia de España como es el intento de construir su unidad a partir de su diversidad real.

De cara a una futura ley electoral, parece importante que se favorezca la participación real del ciudadano y la comunicación entre representantes y representados permitiendo que el elector pueda modificar el orden de las listas. Es bueno fomentar la definición y coherencia del electorado obligando a optar por listas de partido, pero sería mejor que los ciudadanos eligieran en primer lugar a quienes les han demostrado ser más responsables y que, de ese modo, los partidos se transformaran en auténticos canales de comunicación.

El gobierno que surja de las próximas elecciones deberá decidir si favorece un sistema que fomente la polarización (mayoritario) u opte por un modelo de democracia que se oriente hacia la cooperación y el compromiso. Si bien ambas opciones tienen sus riesgos, resulta más peligrosa la que fuerza y encorseta la voluntad democrática en unos canales rígidos y escasos con la excusa de evitar al electorado la trabajosa y lenta pedagogía de corregir posibles errores.