Los golpistas pensaban bombardear con artillería la Zarzuela y la Moncloa

Viene de la primera página

La sesión de ayer, que incluía la información sobre este punto en el, orden del día, a solicitud del Gobierno, no aportó novedades sobre lo ya difundido al respecto por los medios de comunicación social y tampoco sirvió para adoptar declaración institucional o resolución alguna.

En el banco del Gobierno se encontraban flanqueando a los titulares de Defensa e Interior el vicepresidente del Gobierno, Juan Antonio García Díez, y el ministro de Educación, Federico Mayor Zaragoza.

La ausencia del presidente Leopoldo Calvo Sotelo fue amplia y desfavorablemente comentada por diputados de todas las tendencias. Un miembro de la Ejecutiva socialista expresó su indignación por el hecho que, a su parecer, resulta inaceptable.

El ministro del Interior percibió con claridad la demanda expresada por los representantes de los distintos partidos que habían intervenido previamente por espacio de dos horas y se creyó en la obligación de "transmitir a todo el pueblo español la sensación real de serenidad, de tranquilidad" que el ministro de Defensa, los miembros del Gobierno y él mismo dijeron tener. Y lo hizo desde una perspectiva anecdótica personal que aseguró compartir con algunos de los allí presentes: "Que somos los primeros de la lista de los que iban a ser neutralizados por los golpistas".

Alberto Oliart, titular de Defensa, tomó la palabra nada mas declararse abierta la sesión por el presidente, Landelino Lavilla, a las 10.35 de la mañana y dió lectura a un texto de 18 folios, que se transcribe separadamente en esta misma edición. El ministro hizo un repaso de los hechos ya conocidos y aireados por los medios de comunicación social, sin aportar apenas detalles nuevos de alguna consideración. No ahorró sentimiento de superioridad sobre sus predecesores en el Departamento al insistir en que frente al imprevisto y la sorpresa del 23-F en esta ocasión los servicios de inteligencia habían logrado adelantarse a los propósitos golpistas.

Sus reiterativas explicaciones se limitaron a justificar el impenetrable silencio, por razones de secreto sumarial y de eficacia de las investigaciones en curso. Además, la detenida descripción de las garantías ofrecidas a los encartados desde el primer momento de su detención parecían destinadas, según comentaron al finalizar la sesión algunos diputados presentes, a causar determinados efectos ante otros auditorios muy determinados ausentes del salón de sesiones.

Por orden inverso al de su importancia numérica, comenzó entonces la intervención de los miembros de la Diputación Permanente, portavoces de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. En primer lugar intervino Javier Moscoso, del grupo mixto, que hablé en nombre del Partido de Acción Democrática (PAD), para exponer la honda preocupación popular ante la constante golpista, el daño que infiere al Ejército, así como la insatisfacción producida por la intervención del ministro de Defensa. Señaló también la perplejidad que le producía la elección del 27 de octubre para desarrollar la acción golpista habida cuenta del dispositivo previsto en esa fecha, víspera de las elecciones, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Hizo una referencia al llamado Frente Nacional, integrado por Falange Española (Primera Línea), Fuerza Nacional del Trabajo, Fuerza Joven, Fuerza Nueva, etc. El representante del PAD se refirió a entrenamientos realizados por efectivos de ese Frente Nacional en fincas de Toledo y Extremadura con material del Ejército. Citó en particular una, en Fonseca. Por último, calificó de escandaloso el especial sistema de reclusión de que disfrutan los condenados del 23-F.

Manuel Clavero Arévalo, del partido Unidad Andaluza, consumió a continuación otro turno dentro del grupo mixto, para subrayar que fueron las mismas personas de la operación Galaxia las que tramaron el 23-F y que ahora parecen ser los del 23-F los instigadores o directores del intento proyectado para el 27 de octubre. Clavero dijo que cuando el anterior golpe de Estado, el Parlamento recibió una información pero quedó al margen. de toda acción antigolpista. Desde esta experiencia reclamó, al amparo, del artículo 55 de la Constitución, una comisión investigadora.

El representante del Partido Socialista de Andalucía, Juan Carlos Aguilar, en su intervención emplazó al ministro piara que suministrara mas información. Se acogió a la imagen de la lagartija a la que se corta la cola pero sigue después gozando de perfecta salud para describir la tibieza e ineficacia en el combate al golpismo que impulsan los mismos facciosos que añoran los tiempos de su prepotencia. Recogió la información sobre el número de comandos previstos en la acción del 27-O para concluir la imposibilidad de que el número de los implicados se redujera a los tres actualmente: procesados y reclamó aclaraciones sobre la trama civil. Rechazó los argumentos ministeriales sobre la falta de pruebas y dijo que cuando las haya, ya se habrá producido el golpe,

Moderación, pero no cobardía

Marcos Vizcaya, habló en representación del. Partido Nacionalista Vasco. Frente a las argumentaciones en pro del silencio expuestas por Alberto Oliart, adujo que los documentos intervenidos en poder del Gobierno podían haberse hecho públicos y que la invocación al secreto del sumario es susceptible de interpretaciones más flexibles, como sucedió por ejemplo en el asunto del envenenamiento masivo por aceite de colza adulterado. Aceptó la moderación, la prudencia y la cautela, siempre que no encerraran dosis de cobardía, y se refirió a graves afirmaciones públicas de militares que pasaron sin la intervención precisa de las autoridades competentes.

Por la minoría catalana tomó la palabra Miguel Roca, que ofreció al ministro toda clase de seguridades sobre la ausencia por su parte de cualquier ánimo de confrontación. Manifestó que en su opinión las sospechas fundadas debían, dar origen a medidas precautorias de carácter administrativo y que debía terminarse con una situación que había convertido el régimen penitenciario de los condenados del 23-F en un santuario del golpismo en activo.

Manuel Fraga, sentado entre los miembros de UCD, en posición que algunos interpretaron como premonitoria de la mayoría natural, habló de la necesidad de tranquilizar a la población para que las elecciones se hagan sin sombras ni fantasmas. Reiteró por tres veces su condena al golpismo actual, presente o futuro, y descartó que la forma de erradicarlo pase por cualquier suerte de purga o depuración, algo completamente opuesto, a su entender, a lo que reclama la tranquilidad de la colectividad militar. Estimó improcedente formular imputaciones a quienes por encontrarse ausentes no estaban en condiciones de defenderse. El líder de Alianza Popular hizo después una excursión histórica por el golpismo español, de la mano del libro del socialista Busquets, y se remontó a Roma para concluir que no basta con condenar y que hay que procurar entender. En cualquier lugar, añadió, el sistema militar no es insensible cuando hay amenazas de ruptura de la unidad nacional o se asesinan generales.

La representación del partido comunista estuvo a cargo de Jordi Solé Tura, que calificó la intervención del ministro de Defensa inferior al nivel de una conferencia de Prensa. Dijo que una sesión como la que se estaba desarrollando no contribuía a prestigiar las instituciones y reclamó la adopción de medidas preventivas para retirar del mando a quienes aparezcan implicados en la conspiración. Estimó que no se dan garantías a la opinión pública cuando hay encartados contra los que no se ha tomado medida alguna. Preguntó por qué no se aplica á los golpistas la legislación antiterrorista y criticó los que consideró intentos exculpatorios de Manuel Fraga.

La intervención seguida con mayor atención fue la del líder socialista, Felipe González, que empezó por formular concisamente algunas preguntas. Quiso saber si al Consejo Superior del Ejército se le había dado acceso a toda la documentación que ahora se vedaba a la Diputación Permanente; si el Gobierno conocía suficientemente la magnitud de la trama humana y operativa; cuál hubiera sido la respuesta del Gobierno si los sorprendidos en un intento de esta naturaleza hubieran sido civiles; por qué razón fueron trasladados y dispersados los condenados del 23-F y en qué se basaban las declaraciones del ministro Rosón sobre la implicación de Milans del Bosch; si, habida cuenta de la inminencia de fechas para la realización del golpe del 27-O, es imaginable que la preparación no estuviera mas avanzada y el número de los implicados no fuera mayor; quiénes son esas seis personas civiles aludidas por el ministro del Interior relacionadas con el proceso involutivo; si figuran en los documentos intervenidos referencias de fechas que permitan datar desde cuando se viene preparando esta intentona y cual es su conexión con otras anteriores; sí el dispositivo de seguridad que protege las elecciones está diseñado de forma que impida su utilización o aprovechamiento por los golpistas, como sucedió el 23-F con la operación Diana.

Terminó reclamando ya que no las listas de implicados, la de los que figuran como objetivos a neutralizar, "que no creo que estén sometidos a ningún riesgo de proceso", señaló irónicamente. Advirtió también que no sólo está en riesgo la democracia sino la unidad y disciplina de las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa se refugió en los deberes que la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código de Justicia Militar le imponían y en la necesidad de no perjudicar la buena marcha de las investigaciones en curso para ahorrar a la Diputación Permanente cualquier información complementaria. Se remitió para cualquier sanción a los tribunales. Aseguró la repulsa unánime y creciente que la intentona ha suscitado en los medios militares y no accedió a facilitar lista alguna, aunque reconoció que entre los neutralizables se encontraban las autoridades, los, lideres políticos y los mandos militares de todas las unidades operativas en Madrid. En cuanto a los documentos intervenidos los clasificó en mapas, directivas, anotaciones y listas. Insistió en que todos los sospechosos están vigilados. El ministro del Interior relacionó las pesquisas actuales con la detención de José Antonio Asiego, líder sindicalista de la extrema derecha, y habló de su interés por dejar muy claro que por primera vez se puede llegar a las raices y acercarse a los apéndices de este intento.

La última intervención fue la de Jaime Lamo de Espinosa en nombre de UCD. Estuvo dedicada a dar una dura réplica al "entendimiento" que Manuel Fraga pedía para los golpistas. Su exhortación sincera no mereció ni siquiera una palabra de recepción por parte de los representantes del Gobierno. Concluída la misma, el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, dio paso, sin más, al siguiente punto del Orden del Día.