La Brigada Antigolpe, inoperante ante la trama, pese a la información de la que dispone

Los servicios de información de la Policía han enviado a la Brigada Antigolpe, que depende directamente del director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, abundante documentación sobre varias personas que presuntamente podrían estar implicadas en la trama civil del golpe de Estado que se preparaba, para el 27 de octubre, víspera de las elecciones legislativas. De todas formas, altos mandos policiales consultados por este periódico desconfían de la eficacia y operatividad de esta brigada que, desde que se creó después de la frustrada intentona golpista del 23 de febrero, no ha conseguido ningún resultado que esclareciera las tramas civiles que se ocultan tras las intentonas militares.

Hombre estrechamente vinculado al ex comisario Roberto Conesa, el jefe de la Brigada Antigolpe, Emilio Sánchez, de 48 años de edad, reclutó para ésta a la práctica totalidad del grupo anti-GRAPO que dirigía, antes de ser depurado por el comisario Manuel Ballesteros de las unidades antiterroristas, el inspector Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, hoy día en los servicios de seguridad de una empresa privada. Emilio Sánchez se ha mantenido al frente de este grupo que es duramente criticado, incluso por los altos mandos policiales, al entender que es incomprensible que una labor tan delicada y comprometida como es velar por la seguridad del Estado y tratar de interceptar cualquier intento involucionista esté en manos de unos hombres de conocida ideología ultraderechista.En medios policiales se llega a afirmar que la brigada antigolpe, también conocida en medios ultraderechistas por la brigada del amanecer, no ha conseguido más que reventar importantes operaciones. A pesar de contar con las intervenciones telefónicas y la ayuda y cooperación de toda la policía española, la brigada de Emilio Sánchez, hombre de extrema confianza de Francisco Laína, no consiguió más que detener en una ocasión al ultraderechista Juan Antonio Assiego, activista que estaba estrechamente vigilado por otros servicios de información de la Policía, lo que provocó ciertas interferencias y una descoordinación entre servicios policiales.

Posteriormente, los hombres de la Brigada Antigolpe, que tienen su centro operativo en un piso de las proximidades de la calle Diego de León, en Madrid, reventaron, como se dice en el argot policial, la operación involucionista del 23-J, día de la onomástica del Rey. Estos hombres detuvieron en aquella ocasión a varios civiles y militares, pero no consiguieron las pruebas necesarias para procesar y encarcelar a los implicados -en este caso los en aquellos momentos coroneles Ricardo Garchitorena y Antonio Sicre, los comandantes Ricardo Sáenz de Ynestrillas y Jesús Campos Pérez (éste último hermano de un destacado mando de la Guardia civil), y alrededor de quince civiles-, quienes fueron puestos en libertad a las pocas horas de ser detenidos.

Por lo que se refiere a la última intentona golpista preparada para el próximo 27 de octubre, los hombres de la Brigada Antigolpe no intervinieron para nada en la operación que ha permitido destapar el plan insurrreccional, a pesar de que Emilio Sánchez y sus hombres, según fuentes policiales, conocían desde hace algún tiempo el matiz ultraderechista y violento de algunos de los procesados, concretamente el de los hermanos Crespo Cuspinera.

Escucha telefónica

La pista que condujo a algunos de los protagonistas de esta intentona involucionista se obtuvo a través de una escucha telefónica. Esta información pasó a la denominada brigada interior que dirige un hermano del director general de la Policía, José Luis Fernández Dopico, quien informó rápidamente: de ello a sus superiores. Evaluada la información obtenida se procedió a la detención de los coroneles Muñoz y Crespo Cuspinera y al teniente coronel Crespo, hermano del anterior, sin esperar a que éstos desarrollaran la operación que estaba prevista, lo que ha impedido, en opinión de las fuentes mencionadas, la obtención de nuevas pruebas que permitieran el procesamiento de otros implicados, civiles o militares, en el intento golpista.

También estas detenciones han sido criticadas por altos mandos policiales, al entender que una vez conseguida la información y fotocopiado los documentos del ya famoso portafolios, podría haberse montado una amplia operación de investigación y vigilancia que podría haber desarticulado, casi completamente, la operación que se fraguaba y detener a la mayoría de los implicados en ella.

Según informaciones a las que ha tenido acceso este periódico, el proceder a la detención inmediata de los tres militares o esperar a que estos intentaran seguir con la operación de forma que se pudiera haber obtenido un mayor número de implicados en el intento involucionista, fue la causa de un serio desacuerdo entre los titulares de Defensa e Interior, Alberto Oliart Juan José Rosón, respectivamente, durante la reunión que mantuvieron con el presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo.

También según fuentes policiales de toda solvencia, la detención de los tres militares, los coroneles Muñoz y Crespo Cuspinera y el teniente coronel hermano de éste último, se produjo de forma técnicamente irregular: un grupo de cinco inspectores de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid acompañó a un general, en este caso se trataba de Fernando Bendala Vega, jefe de la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, a cada domicilio de los citados para proceder a su detención. Tras llamar a la puerta e identificarse como "policía", los militares, al menos en dos casos, tardaron cerca de diez minutos en abrir la puerta.

Actualmente la Brigada Antigolpe ha recibido numerosa documentación de los servicios de información de la Policía sobre varios civiles que presuntamente podrían estar implicados en la intentona golpista que se preparaba para el 27 de octubre, mientras los servicios del CESID han montado una amplia operación de investigación en todas las regiones militares para intentar dar con los enlaces que, al parecer, habían previsto los tres militares detenidos.