Del orden público a la cultura

TRAS PROMETER a los españoles el paraíso económico terrenal el programa de Alianza Popular se consagra a garantizar el sosiego a este agitado país. El programa señala que las Fuerzas Armadas son depositarias del "cultivo de los valores y virtudes nacionales" y deben disponer de autonomía interna" para el cumplimiento de sus misiones genéricas. El orden público significa para Alianza Popular "una terminante declaración de fe el futuro de España". El aumento del número de infracciones delictivas es atribuido causalmente al régimen democrático, "por razón de la pérdida de sentido de autoridad del Estado". El moderado proyecto centrista de reforma del Código Penal es acusado de introducir de matute un indulto general de carácter anticonstitucional a través de la reducción de las penas de los tipos delictivos. La Audiencia Nacional es aplaudida como necesaria, en tanto que la institución del jurado es vista con grandes reticencias como consecuencia de su "atormentada historia". El aborto debe seguir figurando en el Código Penal "en cualquiera de sus modalidades". El programa no distingue entre drogas blandas y duras, pero atribuye la difusión de las toxicomanías al "resquebrajamiento de una tradicional ética de comportamiento" y a la debilidad del Gobierno. El texto excluye de manera tajante la posibilidad de eventuales atenuantes en favor de los terroristas que abandonen las armas, pero -un giro en la estrategia de Fraga- no postula la reforma constitucional para restablecer la pena de muerte.El documento dedica un lugar de honor a la familia (siempre escrita con mayúscula), que será protegida por una ley de bases y amparada por un Ministerio de nueva creación. Según Alianza Popular, la familia "es uno de los frentes en los que hoy se juega nada menos que el futuro de España", y "hoy está fuertemente atacada por sucesos como el aborto, divorcio, gravámenes fiscales, enseñanza y otros". La medicina para esos males sería "un Gobierno fuerte, que imposibilite la escuela única, el desamparo de los hijos o del cónyuge, otorgue beneficios fiscales en todos los aspectos a los matrimonios jóvenes y al nacimiento de los hijos". El control de la natalidad es sustituido por una red nacional de centros de orientación familiar, en los que un "personal idóneo" ilustrará a las familias "sobre las consecuencias de sus decisiones". Alianza Popular se propone definir unas normas penales "de defensa de los valores morales" contra la pornografía y la violencia que, desde los medios de comunicación, amenazan a la familia. El programa propicia también una "política pragmática y realista que responda a las exigencias actuales de la mujer española", arranque de "la naturaleza femenina sin renunciar a los valores tradicionales y espirituales que le son propios" y "deje aparte banderas o sectarismos". Los jóvenes también merecen la atención de Alianza Popular que, impresionada por su situación de desencanto, anuncia nada menos que el "estudio y solución inmediata del grave problema de la inadaptación y marginación juvenil".

Las comunidades autónomas son aceptadas como piezas institucionales reconocidas por la Constitución, pero la denominación "nacionalidades" es calificada de "absurda" y acusada de haber reverdecido "la permanente e insalvable división de fondo en cuanto al concepto mismo de España y el sentido mismo de su historia". Sin embargo, y al igual que en el caso de la pena de muerte, Alianza Popular renuncia, al menos por el momento, a reformar la Constitución para eliminar de su título preliminar esa palabra nefanda. La "autonomía provincial" merece un cálido elogio, se formula el deseo de que la figura del delegado del Gobierno en las comunidades autónomas sea "especialmente potenciada" y se sugiere la conveniencia de desarrollar rápidamente todos los mandatos constitucionales uniformistas referentes a las competencias estatales. Las instituciones municipales, barroca y crípticamente definidas como "un hacer continuado en el tiempo transformado en su decurso, adaptadas a los principios políticos de cada época o creencias que han servido de ayuda inestimable a la ordenación de conductas humanas, de individuos o grupos, que conforman las comunidades primarias de vida en sociedad organizada", merecen casi tanto entusiasmo como la familia y bastante más que el sindicato. Sin duda una laguna en la organicidad del proyecto de sistema democrático que sin duda late bajo tanto arbitrismo junto. La reforma de la Administración Pública será global, pero también gradual. Para empezar, los funcionarios interinos serán reconvertidos en funcionarios de carrera, previo estudio, eso sí, de las repercusiones en el gasto público y su necesidad. La dedicación exclusiva tendrá carácter optativo para todos los funcionarios. En cuanto a la ley de Incompatibilidades, el programa señala que Alianza Popular la "tiene en cuenta".

La enseñanza obligatoria se financiará mediante ayudas directas a la familia o a los centros de enseñanza privados; su gratuidad no dependerá de que el centro sea público o privado, sino de la situación económica de las familias. Los padres elegirán el tipo de educación para sus hijos, pero la libertad de enseñanza no podrá servir de coartada "para la manipulación partidista de los alumnos". Que los maestros y catedráticos del sector público son vistos con cierta desconfianza por Alianza Popular se desprende de su propósito de "reilusionar y desligar de la práctica partidista al profesorado, para formar espíritus libres y responsables". En un insospechado homenaje a Marx, el programa afirma que "se tenderá a superar la distinción entre trabajo manual e intelectual". El fomento de las relaciones entre la universidad y las empresas, el acceso a las cátedras por la vía única de la oposición tradicional salvo excepciones no precisadas, una selección del profesorado que evite "los particularismos regionalistas", la revitalización de los colegios mayores y la función de "saludable competitividad" asignada a las universidades privadas son algunos rasgos de la política de enseñanza superior propuesta.

La política cultural estará inspirada por el humanismo cristiano y perseguirá, entre otras metas, la exaltación de las figuras, personalidades y hechos del pasado, la "denuncia y crítica de de valores y contravalores" adversos y la "potenciación máxima" de la empresa pública llamada Editora Nacional. Los periodistas tienen reservado "un mínimo código moral para los profesionales de la información que sirva para el robustecimiento de la libertad, la verdad y para la mejor defensa de la imagen, el honor y la intimidad de las personas". El recuerdo del "código moral" implantado por Fraga cuando fue ministro de Información y de Gobernación puede servir de ejemplo.

Las citas contenidas en este editorial y en el que le precedió al respecto pueden servir como botones de muestra de la estructura del centón presentado por Fraga como programa de su partido, combinación de arengario doctrinal, manual de formación política de bachillerato y catálogo de grandes almacenes. Las declaraciones retóricas se combinan con minucias concretas, el tapete del neoliberalismo sirve para ocultar el dirigismo intervencionista, los intereses de la burocracia empresarial y de un sector concreto de la Iglesia son convertidos en proyectos de ley y los derechos y libertades de los ciudadanos quedan subordinados a una autoritaria interpretación del orden público y a un catón represivo. Pero Alianza Popular tiene a su favor, en las votaciones, que muy pocos de sus militantes y de sus electores tendrán la paciencia de leerse ese fárrago de folios que constituye el programa y que es una de las piezas más abrumadoras de un lado, y pintorescamente divertidas del otro que ha producido la literatura política de nuestros días.