21 bancos mexicanos han presentado recurso de amparo contra su nacionalización

Representantes de veintiún bancos privados de México, nacionalizados por decreto presidencial el pasado 1 de septiembre, han presentado recurso de amparo ante los tribunales. Mientras los jueces analizan el voluminoso expediente, el presidente electo, Miguel de la Madrid, que tomará posesión el 1 de diciembre, ha hecho pública su primera declaración formal sobre el tema, calificando la nacionalización como "un avance trascendental en el fortalecimiento del Estado mexicano como rector del desarrollo nacional".El círculo de las decisiones políticas queda así cerrado. En estas tres últimas semanas no faltaron especulaciones ante el silencio del próximo presidente sobre una decisión que ha desatado toda la verborrea nacional. Muchos se fijaron también en el frío aplauso que Miguel de la Madrid dedicó a López Portillo cuando éste anunció la nacionalización.

Sobre estos dos soportes se había levantado desde el sector privado toda una ola de rumores, en los que el presidente electo aparecía enrabietado por la nacionalización y aun dispuesto a dar marcha atrás. El mismo se ha encargado de desmentirlo. A juicio de Miguel de la Madrid, la nacionalización es una "medida patriótica y revolucionaria", y su inclusión en el texto constitucional, mediante el proyecto de reforma enviado el martes al Congreso, constituye "un paso más en el avance irreversible de la revolución mexicana".

Poco importa si este hombre, de formación económica librecambista, está o no de acuerdo en su fuero interno con la nacionalización de la banca y el riguroso control de cambios establecido en México. Lo que cuentan son sus decisiones políticas. Y está claro que Miguel de la Madrid ha incorporado ya a su plan de gobierno la realidad de una banca nacionalizada.

Sólo un párrafo de su declaración parece destinado a tranquilizar al sector privado. El presidente electo afirma que el manejo de la banca nacionalizada se realizará "con el más estricto apego a la técnica bancaria, con eficacia y con la más escrupulosa honestidad". Los políticos más radicales, poco amigos de "la técnica bancaria", reciben así el primer correctivo con vistas al próximo sexenio.

En estas condiciones, el recurso de los banqueros, entre los que están todos los grandes, tiene escasas posibilidades de ser tomado en cuenta. En el mejor de los casos, el juez podría darles la razón, de acuerdo a las leyes invocadas en su decreto por el presidente, pero la nueva legalidad que se ha puesto en marcha con la reforma constitucional asegura que los bancos ya no regresarán a sus manos.

Los banqueros rechazan las acusaciones lanzadas contra ellos por López Portillo, afirmando que su actuación fue siempre legal, patriótica, solidaria y estrictamente apegada a las normas dictadas por la Secretaría de Hacienda.

Frente a la expropiación petrolera de Cárdenas, que afectó a bienes que estaban en manos de compañías extranjeras, los banqueros argumentan que en esta ocasión justamente ha quedado fuera de la medida el único banco extranjero (City Bank) que opera en México. Alegan también incumplimiento de la norma constitucional que garantiza la audiencia ¿le los afectados. Aducen, por último, que el presidente se apoyó en la ley de expropiación de 1936, que no entró en vigor, a su juicio, por no haber sido refrendada en el Congreso.