La modernizacion técnica de las Fuerzas Armadas no se correspondió con una política de nombramientos consecuente

Después de las elecciones del 3 de marzo de 1979, fue confirmado en la vicepresidencia primera del Gobierno de Asuntos de Defensa y Seguridad, que ocupaba desde julio de 1976, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, pero perdió la titularidad de la primera que tuvo asignada desde su creación en 1977 cuando se agruparon en uno los tres Departamentos anteriores del Ejército, Marina y Aire

El nuevo ministro de Defensa resultó ser, por primera desde hacía cuarenta años, un civil: Agustín Rodríguez Sahagún. En el primer Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, cuya sesión de investidura fue interrumpida el 23 de febrero de 1981 por la intentona golpista de Tejero, se suprimió la vicepresidencia de Defensa y para la cartera correspondiente fue nombrado Alberto Oliart.Los fervorosos leopoldistas de aquellos días subrayaban como un atrevimiento progresista la ausencia de generales en el Consejo de Ministros.

El período de tiempo que contempla este sumario balance comprende el final de la gestión como vicepresidente de Gutiérrez Mellado y la gestión de Rodríguez Sahagún y Oliart como titulares de Defensa. Cualquier intento de aproximación valorativa debe necesariamente enmarcarse sin perder de vista los antecedentes inmediatos. Además, conviene tener en cuenta que las características específicas del proceso de reforma han marcado también de modo decisivo el ámbito de la política de Defensa y el más específico de la política militar, a la que corresponde atender los objetivos que en ese área, dada su naturaleza, sean incumbencia de las Fuerzas Armadas.

La transición exigía, más aún en este campo, aceptar la situación dada de partida. La herencia legada por el 20-N era la de unas Fuerzas Armadas en la penuria, con una capacidad operativa bajo mínimos y una gravísima dependencia en todos sus abastecimientos. Los cuadros de mando carecían de expectativas profesionales, y fuera del favor, sólo podían aspirar a subsistir en el pluriempleo. Habían sido indebidamente implicados en tareas represivas, especialmente en el área jurisdiccional, y cuidadosamente educados en la adhesión a quien fue durante cuarenta años su comandante en jefe, progresivamente mitificado, que básicamente les gratificaba con el manejo de un resorte moral: manteniendo encendido el orgullo de ejército vencedor.

Es cierto que las operaciones militares de la guerra civil concluyeron, según el parte oficial, el 1 de abril de 1939. Desde entonces empezó a contarse la victoria de un bando. La paz de todos no quedó sellada hasta la Constitución reconciliadora de 1978. En su plena vigencia, el orgullo de las Fuerzas Armadas no puede por más tiempo alimentarse con referencia a nuestra última contienda porque ello equivaldría a recluir a un amplio sector de la población en la humillación de la derrota.

Las Reales Ordenanzas

La naciente democracia, todavía carente de planteamientos precisos respecto al papel asignado a las Fuerzas Armadas y de conceptos bien definidos sobre su necesaria modernización, fue abordando algunas de las cuestiones básicas con un rigor doctrinal a veces muy aceptable. Ahí está el admirable trabajo de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas dirigido por el general Francisco Martínez de Galinsoga, que, lamentablemente, no han tenido el desarrollo exigido en sus disposiciones finales a tenor de las cuales, en la legislatura que ahora concluye, el Gobierno debería haber aprobado las ordenanzas particulares del Ejército, la Armada y el Aire, y regulado las normas de vida de las unidades militares y el ejercicio de los deberes y derechos individuales, así como el régimen disciplinario.

Una serie de pasos previos a la legislatura que analizamos, como la creación de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), sirvieron para deslindar la cadena de mando militar de la rama político-administrativa y anticiparon la creación del Ministerio de Defensa, primero, y el nombramiento de un civil a su frente, después. Algunos miembros de la cúpula militar tienden a interpretarlo como una marginación del Gobierno en los asuntos de las Fuerzas Armadas, de forma que en diversas ocasiones se ha visto aflorar la tendencia a preferir una imposible dependencia directa de la JUJEM respecto del Rey puenteando la autoridad que compete al Gobierno.

Bajo el Gobierno Suárez, con el tandem Gutiérrez Mellado-Rodríguez Sahagún al frente de la vicepresidencia y la cartera de Defensa, hay que reseñar algunas realizaciones fundamentales. En primer lugar, la elaboración y aprobación del Plan Estratégico Conjunto (PEC), que considera dos fases cronológicas. La primera comprendía los años 1980-1982, y la segunda, hasta 1989. El PEC está dividido en dos partes que reflejan, de un lado, "la estrategia militar y la directiva para el planeamiento de la fuerza" y, de otro, "el objetivo de fuerza conjunto, formado por la fuerza y el apoyo a la fuerza". El PEC, una vez definidas las amenazas potenciales y teniendo en cuenta el ámbito geoestratégico, establece el objetivo de fuerza conjunto que se considera necesario para la defensa nacional.

Algunos analistas han criticado el excesivo e innecesario secreto de que se ha revestido el PEC, sobre todo cuando la pretensión declarada es la de "conseguir un fortalecimiento de la conciencia nacional para lograr la mayor identificación posible entre el pueblo y las Fuerzas Armadas en la empresa común de la defensa". Además han subrayado que el PEC parece haber nacido desde la definición previa de un objetivo de fuerza conjunto, demasiado respetuoso con inercias heredadas y que en pura doctrina debería ser la consecuencia, y no al revés.

Dentro también de la etapa Suárez-Mellado-Sahagún está la elaboración y aprobación casi unánime por ambas cámaras de la ley orgánica de Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar. Esta ley define las funciones de cada uno de los órganos superiores de la defensa y la organización militar, establece su forma de coordinación y la dependencia de la Junta de Jefes de Estado Mayor del presidente del Gobierno y fija las normas para su desarrollo, que no ha sido completado por Calvo Sotelo-Oliart.

Han quedado pendientes proyectos ultimados como el de ley de Organización Militar, donde se contemplaba la nueva división del territorio nacional, más acorde con las necesidades de defensa exterior; la ley de Enseñanza Militar, de suma urgencia para adecuar este capítulo a lo dispuesto en la Constitución, impartir una formación más completa y abierta y lograr una nueva ambientación de la vocación militar; la ley del Servicio Militar, que ha de contemplar también la objeción de conciencia y los casos de exención que pudieran dar lugar a prestaciones sustitorias; el nuevo Código de Justicia Militar, tarea para la que se constituyó una comisión presidida por el general Teodoro Giménez, cuyo plazo de redacción ha sido sobrepasado; la ley de Potenciación d Industrias de Interés para la Defensa y la ley de Movilización Nacional, igualmente previstas.

Ambigüedad con la Guardia Civil

Los socialistas tuvieron ocasión, en la comisión y en el Pleno del Congreso de los Diputados, de exponer su postura en torno a la ley de Criterios Básicos de la Defensa y la Organización Militar. Su principal caballo de batalla fue deslindar la Guardia Civil de las Fuerzas Armadas. Para el PSOE exclusivamente, según reza el artículo octavo de la Constitución, las Fuerzas Armadas están constituidas "por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire". El texto finalmente pactado y aprobado elude un pronunciamiento tajante sobre el carácter militar del instituto y establece que: "En tiempo de paz, el cuerpo de la Guardia Civil dependerá del ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que por su naturaleza se le encomienden y del ministro del Interior en el desempeño de las funciones relativas al orden y la seguridad pública".

La definición fue juzgada insatisfactoria en ciertos medios de la Guardia Civil. Su director, el teniente general Pedro Fontenla Fernández, hizo unas declaraciones anunciando su disposición de luchar con todos los medios a su alcance para que el Senado modificara la redacción acordada inicialmente en el Congreso de los Diputados. Entonces sobrevino el cese fulminante en un gesto de autoridad del Gobierno. A la luz del 23 de febrero todas esas actitudes alcanzaron una nueva comprensión.

Otra propuesta socialista para enmendar la ley de Criterios Básicos de la Defensa y la Organización Militar se estrelló también frente al consenso final: la de la supresión del sistema de capitanías generales, que en su definición actual convierte a sus titulares en afanados jueces pendientes de la aplicación dentro de su territorio del Código de Justicia Militar y les ata a inmensas servidumbres de protocolo social, mientras les impide su misión básica: la permanente inspección de las unidades a su mando, de su grado de instrucción y operatividad real.

Para cerrar el capítulo de estas actividades hay que mencionar aún dos cuestiones. Desarrollo del programa del Futuro Avión de Combate y Ataque (FACA), iniciado hace ya cuatro años, sobre el que recayó a mediados de julio pasado la que se pensaba última decisión del Gobierno en favor de uno de los aviones preseleccionados: el norteamericano F-18 de la McDonnell Douglas. Y la ley de Dotaciones Presupuestarias de las Fuerzas Armadas, que asigna 2,3 billones de pesetas durante los próximos ocho años.

El Ministerio de Defensa, ya bajo la dirección de Alberto Oliart, prefirió en ambos casos presionar en favor de una tramitación de urgencia reduciendo al mínimo el debate de la opinión pública y la participación parlamentaria. El resultado ha sido un efecto altamente polémico que pugna por la revisión de opciones que se pensaban firmes. Esa es también la situación respecto la integración en la OTAN sin haberla condicionado previamente a la obtención de ventajas que tras suscribir el tratado se averiguan imposibles de obtener.

Debilidad en los nuevos nombramientos

En cuanto a la política de personal, quedó aprobada la ley de Creación de la Reserva Activa para los tres Ejércitos, que reduce la edad máxima de permanencia en actividad. Sus efectos rejuvenecedores sobre los cuadros de mando tardarán en dejarse sentir por la gradualidad con que el Gobierno ha decidido proceder a su aplicación. También aprobaron el Congreso y del Senado la ley de Clasificación de Mandos y Ascensos para los militares de carrera y la de Reorganización de las Escalas Especial y Básica del Ejército de Tierra. El progreso en la unificación orgánica de los diversos Ejércitos es lento, mientras en el campo de la acción social se procedió a la creación y puesta en marcha del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que mejora notabilísimamente la asistencia sanitaria y farmacéutica a más de 300.000 titulares.

Más allá de la normativa, los nombramientos para los puestos claves de la estructura militar han dado la medida de la debilidad gubernamental. Las meras convicciones o actitudes constitucionales, por muy privadamente que se hubieran mantenido, se han convertido para sus sustentadores en estigma de postergación, mientras la insolencia contraria a la autoridad del Gobierno y a la carta magna de los derechos del pueblo no ha sido obstáculo para la promoción.

El ascenso a teniente general y la designación de Luis Caruana, gobernador militar de Valencia cuando el golpe del 23 de febrero, para el mando de la V Región Militar (Zaragoza) fueron considerados como el máximo exponente de estos desaciertos y dejaciones. Las sillas de tijera ofrecidas al Gobierno en el Día de las Fuerzas Armadas, celebrado este año en la capital aragonesa, fueron su respuesta agradecida.

Todos los consentimientos ante la indisciplina -para qué enumerar la lista de incidentes, de protagonistas y de escenarios, incluida la sala donde tuvo lugar la vista de la causa por el 23-F- y todas las inflexibilidades ante quienes en alguna ocasión se pronunciaron por la Constitución o la democracia -recuérdense los casos del coronel Graíño o del comandante Perinat- constituyen lo más penoso de la trayectoria de estos cuatro años.

Al mismo tiempo, todos los grupos parlamentarios firmantes, en 1980, de la proposición de ley de amnistía para los oficiales condenados por su pertenencia a la autodisuelta Unión Militar Democrática -UCD, PSOE, PC, PNV, Convergencia y PSA- coincidieron en mantener cuidadosamente dormida esa iniciativa legislativa.

Una excepción de energía fue el modo de enfrentar el llamado manifiesto de los cien, en el que otros tantos oficiales tomaban posición el 6 de diciembre de 1981 en favor del golpismo y contra los medios informativos. La JUJEM, que presidía Ignacio Alfaro Arregui e integraban José Gabeiras, Luis Arévalo y Emiliano Alfaro, reaccionó con pulso firme. El 16 de febrero de 1982, en una operación sorpresa, Leopoldo Calvo Sotelo presidía en la Moncloa la torna de posesión de los nombrados para sustituirlos en bloque: Alvaro Lacalle Leloup, como presidente, y Ramón Ascanio, Saturnino Suanzes y Emilio García Conde para las jefaturas de Estado Mayor del Ejército, la Armada y el Aire.

Las únicas declaraciones concedidas por el general Lacalle fueron publicadas por la revista Reconquista en junio pasado e incluyen conceptos que no han dejado de preocupar en los medios informativos. "Lo único que yo les pido", decía el presidente de la JUJEM respecto al comportamiento de ciertos sectores de Prensa, "es que, al igual que nosotros admitimos su noble profesión. y no pretendemos cambiarla por la vía de las armas, ellos admitan la nuestra y no pretendan cambiarla por la vía de la pluma". Y a partir de ahí, algunos observadores han insistido en señalar indicios que apuntan al intento de nacimiento de un poder militar autónomo.

Para cerrar este balance, y en lo que se refiere a los aspectos industriales, se han producido avances para una mayor integración nacional de nuestro armamento y se ha iniciado una política de obtención de contrapartidas industriales y tecnológicas en las compras al exterior. Han aumentado también las posibilidades de cofabricación con resultados más visibles en el avión de transporte ligero C-212 y del reactor de entrenamiento C-101, así como en el carro de combate AMX-30.