La familia del naviero vasco Ramón de la Sota recupera su palacio tras pagar una multa impuesta en 1940

Tres bisnietos de Ramón de la Sota y Llano, prototipo del "capitán de industria" vasco del primer tercio del siglo XX, y cuyas ideas nacionalistas fueron causa de la expropiación de sus bienes por el bando vencedor de la guerra civil, tomaron ayer posesión simbólicamente, en presencia de varios periodistas, del antiguo palacete de la familia, a orillas del río Nervión, sede hasta fecha reciente del Gobierno Militar de Vizcaya y devuelto ahora a los Sota tras años de litigios diversos y el pago de los 62 millones de pesetas que supuestamente debían abonar los herederos para enjugar la multa impuesta a Ramón Sota en 1940. La presencia de una dotación de la Policía Nacional, que sólo tras una llamada al gobernador autorizó a penetrar en el edificio a los periodistas convocados por los herederos del famoso naviero, fue todo un símbolo de las resistencias que ha tenido que vencer la familia para recuperar los bienes que en su día fueron incautados en virtud de un decreto de Franco.

El Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas condenó, en efecto, el 9 de julio de 1940, a Sota y Llano al pago de una multa de cien millones de pesetas por delitos tales como haber sido diputado "con la significación nacionalista", en 1918, haber enviado un telegrama de felicitación al presidente de Estados Unidos o haber pisoteado una bandera española en 1893. Pero si sorprendente puede parecer que se considere delictivo el telegrama por el que los diputados vascos habían felicitado, en 1918, al presidente Wilson por la iniciativa de sus famosos "puntos para la paz mundial" o la participación en un acto, celebrado en Guernica casi cincuenta años antes, en el que fueristas y nacionalistas confraternizaron por primera vez y en el transcurso del cual un espontáneo prendió fuego a una bandera, más insólito parece el hecho de que la multa fuera impuesta a un muerto.Ramón de la Sota, nacido en Castro Urdiales en 1857, había fallecido en Las Arenas, el 17 de agosto de 1936, es decir, cuatro años antes de ser sancionado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Sus bienes, tras la imposición de esta multa -con excepción de los que habían pasado a depender del Ejército- serían subastados públicamente en 1950 por un importe total de algo más de 37 millones de pesetas. Algunas de las propiedades fueron posteriormente enajenadas por el Ministerio de Hacienda a otros ministerios, como el palacio en el que todavía hoy tiene su sede la comandancia de Marina de Bilbao. Otras, como la finca Ibaigane (que se convertiría en sede del Gobierno Militar), devuelta ahora, serían simplemente usufructuadas por el Estado.

A raíz de una ley de 1968 que permitía, en determinadas condiciones, recuperar ciertos bienes incautados mediante el pago de unas cantidades fijadas por el Ministerio de Hacienda, los herederos legales de Sota reclamaron la devolución de las propiedades familiares. Una sentencia del Tribunal Supremo de 1974 fijó el importe de la cifra a satisfacer en 62.332.822 pesetas, es decir, justamente la diferencia entre la multa de cien millones impuesta en su día y lo que se obtuvo de los bienes subastados en 1950.

Tras la promulgación de la ley de amnistía en 1977, la familia solicitó la cancelación del conjunto de la multa y por tanto, la devolución de los bienes, que seguían en poder del Estado, sin necesidad de hacer efectiva la suma anterior. La petición fue denegada en base al argumento de que dicha cifra "responde no a la parte pendiente de pago de la multa impuesta, sino al precio de la cesión de los inmuebles fijado por la Administración frente al derecho de recuperación de los herederos".

La familia no admite tal argumentación, puesto que no sólo coincide al céntimo la cifra fijada por el Estado con la parte pendiente de la multa, sino que sólo la existencia de esta última, fijada expresamente en función de la ley de "responsabilidades políticas", explica la existencia posterior de un precio de recuperación. No obstante, los herederos han decidido pagar los 62 millones, reservándose el derecho a recurrir ante tribunales internacionales.

Un empresario nacionalista

Ramón de la Sota, fundador de Astilleros Euskalduna, creador de la siderurgia de Sagunto y, sobre todo, promotor de la naviera que llevaba su nombre -y que se fusionaría con la de Aznar-, no sólo fue un poderoso hombre de negocios, sino el primer plutócrata vasco que abrazó la causa del nacionalismo. Sota y sus seguidores ejercerían, a partir de 1898, una influencia determinante en el nacionalismo vasco, al que aportarían dinero, influencia social, capacidad organizativa y un cierto posibilismo político moderador de la ideología mística introducida en el movimiento por Sabino Arana.Sota se convertiría en propietario de una inmensa fortuna a raíz de la primera guerra mundial, durante la cual su flota surcó los mares al servicio de la Corona británica. En pago a sus servicios, el Gobierno inglés le otorgó el título de sir, circunstancia que también sería evocada como prueba de convicción de su "antiespañolismo" en algunos de los informes que sobre su conducta elaborarían, tras su muerte, la jefatura superior de policía de Bilbao o el Gobierno Civil de la provincia, para justificar la expropiación de sus bienes.

En relación con esta actitud del Gobierno de Franco de incautarle sus bienes e imponerle multas después de muerto, Indalecio Prieto comenta con sorna en la silueta dedicada a Sota en su libro de memorias De mi vida, esta originalidad de los tribunales franquistas, avanzando la hipótesis de que quizás el objetivo fuera "imponerle un duro correctivo para que se enmendase en la otra vida".