"Los objetivos de modernización de la justicia no se han alcanzado", declara Sainz de Robles

La necesidad de que el Estado democrático asuma la importancia que tiene la justicia como institución estable y estabilizadora de la vida social, y otorgue al juez los medios adecuados para llevar a cabo las tareas que le encomienda la Constitución de tutelar los derechos individuales y las liberta des públicas y de controlar los actos de la Administración pública, fue nuevamente reclamada ayer por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles, con motivo de presentar a la opinión pública la segunda memoria remitida a las Cortes Generales y al Gobierno de la Nación.

Federico Carlos Sainz de Robles, a quien acompañaba el portavoz oficial del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Casado, insistió en la necesaria dimensión económica que tiene todo plan de perfeccionamiento y de modernización del sistema judicial, que ha sido cifrada en unos 50.000 millones de pesetas. Este plan, que debería implantarse a lo largo de cinco años, requiere un conjunto de reformas en las áreas siguientes: planta de tribunales; plantillas y demarcación judicial; medios materiales; instalaciones; organización de la oficina judicial y estatuto de jueces y magistrados, secretarios y demás personal al servicio de la justicia.A ello hay que añadir la reforma de la actual legislación procesal, formalista y proclive a la ineficacia, y la promulgación de una nueva ley orgánica del Poder Judicial, cuyo proyecto gubernamental ha quedado paralizado en el Congreso.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial se felicitó de que dicho proyecto no hubiera salido adelante, ya que, a su juicio, no tenía en cuenta el cambio cuantitativo y cualitativo que la justicia y el juez han tenido como consecuencia de las nuevas tareas que les encomienda la Constitución. Cuando se aborde en la próxima legislatura esta cuestión, el presidente del Consejo General del Poder Judicial espera que tanto los diversos colectivos profesionales de la justicia como la opinión pública puedan exponer sus criterios sobre un modelo de organización de justicia más actual.

El Consejo General del Poder Judicial es consciente de que ha arraigado en la clase política, en los poderes públicos, en los ciudadanos y en el colectivo judicial la definición constitucional de que la justicia es un poder del Estado, pero es, asimismo, consciente de las dificultades que entraña poder llevar esa aspiración constitucional a la realidad. A este respecto se recuerda que los objetivos mínimos señalados en la primera memoria presentada en junio de 1981 no han sido alcanzados.

Crisis de credibilidad

Como retrato de esta realidad, que expresa, por otra parte, la crisis de credibilidad en que se mueve la administración de justicia, la memoria ofrece los datos de la encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, a instancias del Consejo General del Poder Judicial. Así, esta encuesta revela que sólo un 13% de los encuestados consideran a los tribunales de justicia como muy justos eficientes, y un 46% señala que los jueces ejercen su función honesta y honradamente.

La encuesta es el resultado de 4.985 entrevistas a, una muestra representativa de oblación nacional de más de dieciocho años, con un margen de error, según sus autores, de más o menos el 1,5% y un grado de confianza del 95%.

Independencia judicial

Respecto de la ¡independencia de la justicia, la idea que tienen los españoles de ella es: muy elevada o elevada, el 33%; baja o muy baja, el 27%; no se pronuncia, el 40%. A la pregunta de si el cambio de sistema político ha afectado a la idea que los españoles tienen de la independencia judicial, un 39% de los encuestados responden: ha aumentado; un 20%, que más o menos igual; un 5% que ha empeorado, y un 36% no responde. El 74% de los encuestados piensan que la democracia beneficia a la justicia y esta creencia es más intensa cuanto más ideológicamente a la izquierda se encuentra el entrevistado. El 57% opina que en una democracia se tiende a aumentar el grado de influencia y control que sobre la sociedad ejerce la administración de justicia. La concepción positiva que el sistema democrático tiene del papel de la justicia se observa también en la propensión al acatamiento indiscutido de la ley a medida que el sistema democrático va consolidándose.

Así, si en el año 1976 el 60% de los españoles cuestionaban la validez de una ley en función de su racionalidad, mientras que en 1982 este porcentaje ha descendido al 35%.

En resumen, los. tribunales de justicia, como categoría abstracta y genérica, inspiran a los españoles un considerable sentimiento de respeto, pero la valoración es menos entusista en el plano cotidiano de la administración de justicia