Dimisiones preelectorales

UNA DE LAS tareas que esperan al Consejo de Ministros es comenzar el nombramiento de sustitutos para los altos cargos de designación política que han presentado su dimisión para concurrir a los próximos comicios. El artículo 70 de la Constitución remite a la ley electoral, que la segunda legislatura de las Cortes Generales no tuvo a bien discutir y aprobar, para determinar la ineligibilidad y la incompatibilidad de los diputados y senadores, pero señala que ese conjunto incluirá en todo caso a los miembros del poder judicial, a los militares profesionales y a "los altos cargos de la Administración del Estado", con la única excepción de los miembros del Gobierno. Dado que el real decreto de 27 de agosto que disuelve el Parlamento remite al real decreto de 18 de marzo de 1977 para la regulación de los próximos comicios, seguirá vigente la amplia lista de no elegibles establecida en el artículo 4 de la antigua norma. Subsecretarios, directores generales, cargos designados por decreto previa deliberación del Consejo de Ministros, gobernadores civiles y presidentes y directores de organismos autónomos no podrán presentarse a las elecciones. Tampoco podrán hacerlo, en su circunscripción provincial, los alcaldes y presidentes de la Diputación. Quienes aspiren a ocupar un escaño y ocupen esos cargos tendrán que apresurarse a recuperar su virginidad ciudadana, dado que el decreto de 18 de marzo señala para hacerlo el plazo de ocho días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto de convocatoria de las elecciones.El terremoto que ha sacudido el territorio centrista concede a la movida de estos primeros días de septiembre algunas características originales. Resulta lógico que los escisionistas de UCD se apresuren a liberarse de unas ataduras que pudieron resultarles gratificantes en el pasado, pero que les estorban para su reacomodo político en el futuro. De esta manera, el goteo de militantes y cuadros del partido del Gobierno puede ir acompañado de un chaparrón de nuevos disidentes hasta ahora insta lados en cargos públicos y cumpliendo tareas de submarinismo. En esta perspectiva, la disolución de las Cortes, con independencia de otras cosas, pretendió probablemente obligar a poner las cartas sobre la mesa y perjudicar así la plataforma de Suárez. Ahora bien, el Gobierno, al optar por la fecha electoral del 28 de octubre, que sitúa la larga visita del Papa en plena campaña, lesiona desde luego las oportunidades de Suárez, pero no las liquida, y consigue, de paso, ofrecer el aire más bien penoso de una estrategia de corto vuelo.

Las razones que pueden explicar, en la actual coyuntura, las dimisiones de altos cargos dispuestos a presentarse a los comicios bajo unas siglas distintas a las de UCD no pueden justificar la anomalía que representa la paralización de la Administración pública como consecuencia de esos forzados relevos preelectorales. La mayoría de los nuevos cargos terminarán de enterarse de las características de su trabajo justo cuando les llegue su cese. Por otra parte, es probable, que las deslucidas expectativas del partido centrista ante los comicios frenen la hemorragia de dimisiones de hombres leales a Lavilla, dado que muchos políticos profesionales preferirán la brevedad segura del disfrute de sus cargos hasta la formación del nuevo Gobierno al riesgo de figurar en unas listas de candidatos que no les garantizan el escaño. Pero si las perspectivas electorales de UCD hubieran sido más satisfactorias, quizá la situación administrativa de este país durante los meses de septiembre y octubre hubiera devenido caótica.

Sería conveniente que las nuevas Cortes Generales extremen el rigor en la reglamentación de las incompatibilidades de sus miembros y no permitan que los diputados y senadores, como ha venido siendo habitual en las anteriores legislaturas, puedan hacer el doblete de su escaño y de un alto cargo en la Administración pública. Las tareas confiadas a los miembros de las Cámaras son lo suficientemente pesadas y absorbentes como para hacer indeseable la simultaneidad con otras funciones. Mientras UCD ocupó el Gobierno y controló el Parlamento, la práctica viciosa de premiar a diputados y senadores con cargos políticos se convirtió en regla general, con perjuicio para el buen funcionamiento de las comisiones y la debida asistencia a los Plenos. Consecuencia de ese sistema de atrapar la lealtad de los parlamentarios con su incorporación a la Administración es, precisamente, esa marea preelectoral de dimisiones orientadas a amartillarse un futuro empleo contra el valor de cambio del escaño. Si los sueldos de diputados y senadores son insuficientes para exigirles una dedicación a tiempo completo, sería preferible incrementar esas remuneraciones a que sus señorías los completasen con el desempeño de cargos que son, paradójicamente, compatibles con el escaño desde que lo consiguen en las urnas hasta la víspera de los comicios, pero que les hace inelegibles cuando tratan de renovarlo. La picaresca paga.